Impulsan un nuevo impuesto inmobiliario en Río Negro
(ADN).- Legisladores de Juntos Somos Río Negro impulsan un impuesto que deberán pagar los ciudadanos a los que la obra pública les aumente la valorización de su propiedad o terreno. El proyecto, firmado por Gustavo San Román y Facundo López, establece el Régimen Especial de Contribución por Mejoras.
La polémica iniciativa está fundamentada en que la norma se convertirá en «una herramienta de planificación de políticas públicas».
Sin embargo, su espíritu está basado en generar un «marco legal general que le permita al Poder Ejecutivo analizar la procedencia de su aplicación caso por caso, según el tipo de obra pública y la localidad, pudiendo variar los porcentajes de recuperación, el alcance de la zona de beneficio, proponer esquemas de financiación y modalidades de pago diferentes o exenciones, en función del tratamiento que requieran las diferentes circunstancias».
Es decir, se crea una ley abierta para que el Gobierno disponga de amplios márgenes para su aplicación.
«Adoptando la definición que sugiere Rafael Bielsa (Estudios de Derecho Público) al sostener que la Contribución por Mejoras es un tributo especial, impuesto en razón de un beneficio aportado a un bien del patrimonio del contribuyente, mediante una obra pública y teniendo en cuenta que si se realiza una correcta aplicación, es un tributo con un alto grado de justicia tributaria, ya que se cobra solamente a los beneficiarios de la obra», sostiene el proyecto de San Román y López.
El oficialismo busca recaudar frente a la estrechez financiera que experimenta la Provincia y lo hace mediante un nuevo impuesto que golpea de lleno a los alicaídos salarios de los habitantes de la provincia.
Entre los argumentos, la iniciativa da un rodeo para explicar su implementación: «En relación a la Obra Pública podemos distinguir entre aquellas que producen claramente un beneficio individualizable en las propiedades de los particulares al valorizarlas, como por ejemplo la pavimentación o cloacas, de aquellas en los que la obra trasciende a la comunidad local y dicho beneficio no existe, no es individualizable o se diluye. En el primer caso, cabe subrayar que la Contribución por Mejoras es un medio legítimo para que el Estado recupere dicha valorización, siempre y cuando se respeten los principios constitucionales básicos en materia tributaria».