El gas natural licuado, el RIGI y el voto de Silva
(ADN). – El jueves pasado se realizó en Buenos Aires, el VI Fórum Nacional de Energía LIDE Argentina, en donde se abordaron temas de la política vinculada al gas natural licuado, que es una de las apuestas del gobierno de Alberto Weretilneck, que se ilusiona con una promesa de Techint, de instalar una planta de GNL en la costa atlántica rionegrina, con San Antonio Este como uno de sus puntos de radicación y que se conjuga además, con el oleoducto que YPF construye desde Vaca Muerta a Sierra Grande, para ubicar un polo energético marítimo en el sureste provincial.
Los popes de compañías energéticas, como Alejandro Bulgheroni de Pan American Energy (PAE), Ricardo Markous de Tecpetrol, Javier Martínez Álvares de Tenaris o Horacio Marín de YPF, coincidieron en la necesidad de ver sancionada en el Senado la ley Bases y el paquete fiscal donde se incluye el régimen de incentivo para grandes inversiones. Un blanqueo conocido por la sigla RIGI.
En este punto cobra valor el voto de la senadora de Juntos, Mónica Silva, y la ilusión gubernamental provincial para apoyar la Ley Bases y el RIGI. Fue el presidente de YPF, Horacio Marín, el que puso en blanco sobre negro, la necesidad de esta herramienta fiscal, para concretar los proyectos de la empresa que conduce de convertirse en un exportador de GNL, a sabiendas que la inversión no es el único escollo, sino que también tendrá que prestar atención a las críticas de los defensores del cambio climático
Marín explicó durante su disertación que para aprovechar el desarrollo del gas natural licuado en la cuenca de Vaca Muerta que permitirá posicionar al país en el cuarto o quinto jugador de importancia a nivel mundial se necesita el blanqueo puesto a consideración de los senadores.
“Sin el RIGI, no hay proyecto de gas natural licuado. Sin RIGI no es competitivo”, enfatizó Marín, tras detallar el “Plan 4 x 4” que impulsa la petrolera estatal. “La meta de YPF es liderar a la industria para que Argentina exporte USD 30.000 millones de acá a 8 años, con el foco en Vaca Muerta”, definió.
Los proyectos de GNL de Argentina
La revista norteamaricana especializada en energía, Dialogue Earth, publicó en marzo pasado que hay tres proyectos diferentes de GNL en Argentina en etapa de estudio de prefactibilidad, el más avanzado de los cuales es el de la petrolera estatal YPF y la empresa conjunta Petronas de Malasia, que ha prometido una inversión de hasta 50 mil millones de dólares, en caso de seguir adelante. La propuesta prevé la construcción de tres oleoductos específicos y una planta con una capacidad anual de 25 millones de toneladas.
El conglomerado internacional de GNL Excelerate Energy y la Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Argentina tienen en conjunto otro plan en preparación en Bahía Blanca, al suroeste de Buenos Aires. Este proyecto es de menor escala, con un módulo inicial de 4 millones de metros cúbicos por día, aunque eventualmente podría aumentar a cuatro módulos de la misma capacidad.
Tecpetrol, la compañía petrolera del conglomerado argentino Techint, también ha expresado interés en invertir en plantas de licuefacción, incluso en la provincia de Río Negro, en la Patagonia norte. No ha dado más detalles del proyecto.
En los tres casos, las empresas involucradas afirmaron que la promulgación de una nueva ley para promover la industria del gas es una de las condiciones necesarias para avanzar hacia la etapa de desarrollo.
Después de años de discusiones con las compañías petroleras, el gobierno anterior de Argentina, encabezado por Alberto Fernández, presentó un proyecto de ley que les otorgaba beneficios que incluían la exención del impuesto de importación y una garantía de “estabilidad fiscal” durante 30 años, que fue aprobado por la cámara baja del Congreso.
Sin embargo, con el cambio de gobierno se produjo un ligero cambio en las preferencias: poco después de asumir el poder en diciembre pasado, el ejecutivo de la administración de Milei presentó un nuevo proyecto de ley que flota ideas similares, pero con mayores concesiones al capital privado, incluida la eliminación de la necesidad de que las petroleras priorizar el mercado interno.
Para desarrollarlos las compañías petroleras piden beneficios fiscales y estabilidad en ese punto durante 30 años y en el gobierno de La Libertad Avanza tomaron nota de los requerimientos.
De hecho, desde la nueva conducción de YPF, una petrolera abierta al capital privado con una mayoría de acciones del Estado nacional, se promueve la unificación de todos los proyectos de GNL en el que estén trabajando el resto de las compañías privadas.
A modo de ejemplo hay que señalar que el proceso de licuefacción no es sencillo ni barato. Requiere de construir plantas que cuestan millones de dólares y gasoductos que abastezcan esas terminales portuarias y en las que también se deberá invertir además de contemplar los gastos de exploración y producción en los yacimientos.