El RIGI, un proyecto anti-Argentina: las 5 claves

(Por Martín Reydó*).- El corazón de la Ley Bases que se está discutiendo hoy en el Senado no es el impuesto a las ganancias, la modesta (y asintomática) reforma laboral o el blanqueo. Ni siquiera las facultades delegadas al presidente. El núcleo de la propuesta del oficialismo está en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que consiste en incentivar, por un período de 30 años, mediante políticas fiscales y aduaneras, un boom de inversiones en minería, petróleo y gas. Y probablemente también en inversiones agropecuarias. El proyecto busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities, con multinacionales dominando la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación. Economía de enclave pura y dura.

En Fundar estamos de acuerdo con que el país necesita inversiones extranjeras directas. El capital extranjero es uno de los motores de una estrategia de desarrollo nacional como la que pensamos. Pero no se puede hacer de cualquier modo. El RIGI echa por tierra cualquier oportunidad de apalancarse en nuestros recursos naturales para capturar renta de forma razonable y de articular con los sectores productivos ya existentes y aquellos potenciales que surgirán por efecto de la inversión. También descarta de plano las bondades de una gobernanza socioambiental virtuosa, una de las cuales es precisamente darle mayor sustentabilidad a las inversiones.

Estas son nuestras razones de por qué el RIGI es un proyecto anti-Argentina y debe ser vetado o modificado en el Senado de la Nación:

Anuncios para hoy, hambre para mañana

El proyecto adopta una perspectiva cortoplacista para promover la atracción de grandes inversiones, especialmente por los montos involucrados en sectores extractivos como minería, petróleo y gas. Ofrece una ventana de oportunidad de dos años, extensible a criterio del Poder Ejecutivo nacional por otros dos, para que grandes proyectos de inversión (mayores a 200 millones de dólares) adhieran al régimen. Otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios contra el único requisito de que hasta el 40% del monto del proyecto se ejecute en los dos años posteriores a la aprobación de la adhesión al régimen. Y ata al Estado argentino de pies y manos durante 30 años para capturar rentabilidades extraordinarias y hacer política de desarrollo productivo. Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo que no hace ningún país serio del mundo (al menos ninguno de la región, aunque sí hay ejemplos en África).

Ni las empresas piden tanto

¿Es que acaso las empresas multinacionales pasaron su wishlist al Gobierno nacional y este la transcribió al proyecto de ley del RIGI? Si vemos los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que se les da a estas grandes inversiones, estamos tentados a decir que sí. De mayor a menor importancia, estos son: reducción de la alícuota de ganancias del 35% al 25% y amortización acelerada, retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones, arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital, ningún requisito de compre nacional ni ahora ni nunca, requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) de solo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero (sí, cero) en el tercer año de la inversión.

Es el régimen más generoso de la historia del país. Con una novedad absoluta: sin ninguna condición a cambio. Ni hoy ni nunca. Porque los treinta años de estabilidad prohíben cualquier cambio tanto a nivel nacional como provincial y municipal. El pacto Roca-Runciman se sonrojaría. En rigor, en aquel pacto de 1933, también firmado en mayo, el Reino Unido “permitía” un 15% de la participación total del comercio de carnes fuera hecho por frigoríficos argentinos. En RIGI ni siquiera.

La destrucción de la industria nacional y del empleo asociado

Bajo el RIGI, una minera multinacional podría importar no solo todo el equipamiento necesario para la explotación —las complejas maquinarias, retroexcavadoras, tractores, camionetas—, sino también los baños químicos y la ropa de los trabajadores. Es más, de acuerdo a cómo se termine reglamentando, los trabajadores podrían ser en su totalidad extranjeros (algo que no es del todo infrecuente en el negocio minero, pero ahora quedaría consagrado en el espíritu de la norma), sin necesidad de contratar a ninguna persona local. Esta ley da carta blanca e inclina irreversiblemente la cancha: para las empresas todo, para las comunidades nada (ni el servicio de catering).

A nivel nacional, eso imposibilita tout court las oportunidades de política productiva apalancada en sectores con alta demanda de insumos y servicios, que son los que suelen utilizarse en todo el mundo para promover encadenamientos locales. La meca del libre mercado, Estados Unidos, con la aprobación en el Congreso de republicanos y demócratas, estableció condicionalidades de política industrial mediante la Inflation Reduction Act y la CHIP Act, por la sencilla razón de que es la decisión más inteligente que se puede tomar como Estado en un contexto de crecientes tensiones globales.

La insustentabilidad social y política lo vuelve esencialmente inestable

El hecho de tener un régimen de incentivos tan ridículamente generoso durante tanto tiempo (de vuelta: 30 años), montado pura y exclusivamente sobre la explotación de recursos naturales -que emplean relativamente poca gente y derraman nada- lo vuelve muy inestable en el tiempo. Es un régimen que, de aprobarse, nace herido de legitimidad social y política. Por lo tanto, más que incentivar a las inversiones por venir, el RIGI promueve incentivos para que tanto la calle como la política contesten a semejante hipoteca de futuro para el país. Habrá más temprano que tarde conflicto: es ineludible por el diseño mismo del régimen tal cual está.

En otras palabras, el RIGI es insostenible: atenta contra la estabilidad de los negocios que promueve. No es creíble que perdure en el tiempo, ni por 30 años, ni por 15, ni siquiera tal vez por el período actual de gobierno. Lo que nos lleva al último punto.

La consagración de la inseguridad jurídica

Somos el país con más cantidad de proyectos mineros parados por conflictos ambientales de toda la región, donde el activismo de las comunidades es la norma, y donde la política se hace “en las calles” desde hace 200 años. Nos guste o no, eso somos. Por eso, es ridículo pensar que este Régimen va a atravesar indemne 30 años de política argentina. 30 años de inestabilidad, de conflictos y del “aliento en la nuca” de la sociedad civil.

La política, que es reactiva y acompaña a la sociedad desde atrás, no se mantendrá en el margen cuando cambien los vientos. La Justicia tampoco. No es especulación, es mera información de lo que pasó en nuestro país y en la región. Miremos si no el proyecto minero de Panamá, uno de los grandes de cobre de todo el continente de las últimas décadas, que luego de años de conflictos con la comunidad primero y con la opinión pública después terminó siendo declarado inconstitucional por la Corte Suprema del país. Este tipo de proyectos, que se aprueben bajo RIGI, terminarán en la Corte Suprema de Justicia, por los conflictos que imponen entre las limitaciones a las provincias “originarias de los recursos” y la Nación, o terminarán en el CIADI, tribunal internacional en el que la Argentina ha enfrentado decenas de litigios en las últimas décadas.

Una propuesta

Fundar ha propuesto y defendido regímenes de promoción de grandes inversiones. Señalo sólo uno: una propuesta de ley sobre gas natural licuado (GNL) que tendría a YPF y a la malaya Petronas como beneficiarias principales, pero no exclusivas. Hay muchas razones para avanzar con un esquema de este estilo: hay una empresa de propiedad nacional, con fuerte participación estatal, liderando el proyecto para aprender de un socio clave un negocio que no conoce y no podría aprender por sus propios medios en un tiempo razonable. El Estado se apropia en forma sustantiva de la renta generada por la explotación de un recurso estratégico que tiene una ventana de oportunidad acotada en el tiempo.

El RIGI que discute el Senado no contiene ninguna de estas perspectivas de futuro. El RIGI es pura entrega de recursos naturales, especialmente los no renovables, al capital extranjero. Es un proyecto hijo de la urgencia económica y no contempla el interés nacional.

Rechazarlo in limine o modificarlo severamente —en orden de acotar beneficios impositivos y aduaneros, tiempos de exenciones e imponer condicionalidades de articulación productiva con la industria nacional— son las únicas dos opciones razonables. Este tema es demasiado grande e importante para un tratamiento exprés a libro cerrado.

Esperemos que la Cámara revisora esté a la altura. Todavía estamos a tiempo de no tener que arrepentirnos por 30 años.

*Director ejecutivo de Fundar y magíster en Administración Pública (Columbia University).