La Ley Bases y el debate reglamentario

Desde que regresó el proyecto de Ley Bases y la reforma fiscal a Diputados, se desató un debate jurídico en torno a las medidas que puede tomar la Cámara de origen con respecto a las modificaciones que provinieron del Senado, la Cámara revisora. Si bien la oposición amenaza con judicializar el tratamiento legislativo, hay otros constitucionalistas que le dan la derecha al oficialismo para insistir con el proyecto original, incluso en los capítulos rechazados. Al Gobierno le interesa que, además, los dialoguistas defiendan esta postura para ganar el duelo bicameral.

Las discrepancias giran en torno a la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional, el cual ordena el camino de la ley en el procedimiento parlamentario. En definitiva, el argumento principal del que se agarran los opositores es que los diputados no pueden insistir con los capítulos o artículos que fueron rechazados por los senadores, sino que solo pueden considerar los que fueron modificados.

Esto fue lo que sujetó el abogado Andrés Gil Domínguez -uno de los impulsores de los tantos amparos contra el DNU 70/2023-, y que luego fue ratificado por otro constitucionalista y político, Jorge Yoma. «Los capítulos o artículos que fueron desechados por la Cámara Revisora, no pueden ser ´revividos´ por insistencia de la iniciadora. Lo contrario implica la abrogación del Sistema Bicameral», sostuvo el exdiputado y senador riojano, quien además formó parte de las reuniones de comisión en Diputados en rechazo de las iniciativas del gobierno de Javier Milei.

El debate jurídico llegó a la política

La discusión se desató luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le pidiera a los diputados que insistieran con la reversión de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la reducción de Bienes Personales, dos apartados contemplados en el capítulo fiscal que fueron rechazados en la votación particular en el Senado.

El jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, oficializó públicamente que su bancada iba a hacer caso a los deseos del Ejecutivo. Sin embargo, las posiciones están divididas, puesto que el diputado Fernando Carbajal, también del mismo espacio, defendió la lectura de Domínguez sobre la imposibilidad de insistir con lo rechazado en el Senado.

Por su parte, el diputado y secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace, salió a desmentir esa postura. «La Cámara de Diputados, como cámara de origen, puede insistir en la redacción originaria. Eso es en todo o en parte, en los artículos que no se incluyeron en el dictamen, en los que se retiraron al votar, o en los que se rechazaron. Todos son, a efectos parlamentarios, modificaciones. Si no les gustaba este poder, hubieran desechado totalmente los proyectos. Pero los aprobaron. Y esto es lo que toca», respaldó.

De esta manera, según lo que sostiene Cacace, también podrían insistir con la eliminación de la moratoria previsional y todos los puntos que fueron desechados antes de que el Senado apruebe el proyecto en general.

La puja bicameral

A los senadores no les cayó bien que el Gobierno desconociera los acuerdos, puesto que una de las promesas que trascendió de las reuniones del ministro a la hora de conseguir adhesiones es que iba a cerciorarse de que tanto Diputados como el Ejecutivo, con su facultad de veto parcial, iba a aprobar las demandas de los dialoguistas de la Cámara alta -al menos eso fue en la instancia de dictamen-.

Sin embargo, para Francos el único compromiso que adeudó con el Senado fue lo modificado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Lo demás, inclusive la acotación de las empresas a privatizar, fue una medida de urgencia que finalmente decidieron tomar por el ajustado número de votos que amenazaban con el rechazo total del artículo de privatizaciones y el eventual rechazo a la delegación de facultades. Eso, para él, no es un acuerdo.

Ante el panorama, el bloque de la UCR del Senado salió con un comunicado donde directamente le habló a los diputados del partido para pedirles que «evalúe los aportes (devenidos del Senado) a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva», amparándose en que los cambios en la redacción conforman «mejoras». Los diputados radicales coinciden con esa mirada, pero solamente en algunos aspectos. Como contó este medio, hace meses que el Gobierno viene gestionando una estrategia con los diputados al respecto, a sabiendas de que en el Senado los números eran más ajustados.

Es algo que sostuvieron desde el primer día y ahora, a tan solo días de la sesión y con las conversaciones ya avanzadas, todavía lo mantienen. El Gobierno aprovecha que los deseos de los dialoguistas en Diputados van en línea con sus objetivos y lo festeja como una lucha entre cámaras que deriva del sistema republicano y la divisón de poderes. «No podemos decirles a los diputados qué tienen que votar», se desentienden de Rosada.

«Lo cierto es que el Senado, después de que Diputados trabajara durante meses sobre este proyecto, tuvo la necesidad de hacer un tratamiento aparte y proponer su versión. Y, bueno, qué te dice que Diputados no va a hacer lo mismo», habían dicho fuentes del Ejecutivo tras la reunión de Francos con los diputados, la semana pasada, en diálogo con este medio.

Algo similar expresó De Loredo: «Los diputados no estamos obligados a votar lo mismo que los senadores, así como los senadores fueron libres de modificar el texto al que dimos media sanción en Diputados, porque si así resultara, negaríamos el sistema bicameral».

¿Qué dice la ley?

Según el tironeado artículo 81 de la Carta Magna, sobre el regreso de un proyecto de ley a la Cámara de origen, en primer lugar, establece que no se puede rechazar el proyecto que hubiera tenido origen en esa cámara y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Es decir, los diputados no pueden rechazar la Ley Bases y el paquete fiscal, si ya lo aprobaron en primera instancia: UP va a tener que decidir si insiste con el proyecto original de Diputados o avala las modificaciones del Senado, pero no puede votar en contra. La otra alternativa es la abstención.

«La cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la cámara revisora, con el voto de las dos terceras partes de los presentes», sigue.

Por lo tanto, las modificaciones que blindaron con esa mayoría especial -publicadas por BAE Negocios- no tienen vuelta atrás. En el caso de blanqueo, por ejemplo, en el Senado las alteraciones fueron aprobadas por unanimidad. Sin embargo, ni Bienes Personales, ni Ganancias, ni Privatizaciones, ni el RIGI -los puntos en disputa- fueron modificados por 2/3, por lo tanto, Diputados puede insistir con mayoría simple.

Por último, dispone que la Cámara de origen no puede introducir nuevas adiciones o correcciones. De ser así, en el sentido literal, Diputados solo puede insistir con la redacción original o aceptar la del Senado: ¿cómo harían, entonces, para tomar lo que sí consideran como «mejoras»? En ese punto, cabe aclarar que existe un acta de octubre de 1995 que habilita la votación en mosaico.

Según este documento, cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones, aquella podrá «aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones, o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora». Esto solo lo podrían hacer con la misma mayoría con la que fue votada. (Baenegocios)