Ley Impositiva, un debate que genera contradicciones

(ADN). – Entró en debate legislativo, en principio para tratar también el viernes, un proyecto del Ejecutivo de modificación de la ley Impositiva provincial, que trató ayer la Comisión de asuntos constitucionales y legislación general, con dictamen favorable con los votos de Juntos Somos Río Negro y la UCR, mientras que los bloques restantes se tomaron 48 horas para el análisis en profundidad del proyecto.

¿Qué significa este dictamen? Que el oficialismo tiene que salir a buscar al menos tres votos para tener mayoría y poder sacar estas modificaciones, que tratan de buscar recursos ante la falta de fondos nacionales como la coparticipación, transferencias automáticas y no automáticas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte Público.

Este proyecto de hechura del recaudador provincial, Alejandro Palmieri, pretende incorporar fondos para suplir las carencias originadas por el gobierno de Javier Milei, que a la vez pide a las provincias, y así lo dice el Pacto de Mayo, realizar ajustes en el Estado.

Para salvar esta situación que pone en una situación incómoda al gobierno, se propone gravar con mayor porcentajes a mineras y entidades financieras, pero también se afectan otros servicios como la venta de combustibles, telecomunicaciones, telefonía móvil que derivaran en aumentos a las facturaciones de los usuarios.

Buscar en otros nichos de alta rentabilidad los ingresos que se necesitan para no afectar a los empleados y los servicios esenciales del Estado. Una determinación que nunca se buceó para no afectar relaciones de poder.

Según se expresó ayer en la reunión de comisiones, esta modificación impositiva le significa al Estado rionegrino una recaudación mensual de 650 millones de pesos, sin gravitación ya que los ingresos mensuales provinciales alcanzan unos 30 mil millones de pesos.

El argumento oficial es valedero. Si hay que mantener el nivel salarial, responder a las demandas sindicales, la prestación de los servicios de salud, educación y seguridad, con menos ingresos nacionales, es imprescindible incrementar los ingresos, si no se quiere aplicar el ajuste que pide el gobierno nacional.

Por otra parte, no tendría que haber mayor oposición parlamentaria si se afecta impositivamente a los bancos o las mineras, pero el tema es que también se grava a los combustibles, telecomunicaciones y telefonía móvil, presión tributaria que recaerá en los usuarios. Una medida antipática.

Un análisis sinuoso. Con anverso y reverso de una política tributaria que impacta en el espíritu de época de eliminar impuestos y por otro en la necesidad de recaudar para no ajustar en los sectores más afectados por las politicas económicas nacionales.

El debate de ayer sólo tuvo el acompañamiento del bloque oficialista y de la UCR, pero generó muchas dudas en el resto, que a su vez no ven el apuro del gobierno de sacar entre gallos y medianoche una medida de este tipo.

Quizás del análisis, las conversaciones y las negociaciones de hoy, puedan dar mañana, en el recinto de la Legislatura, la mayoría para sacar las modificaciones a la Ley Impositiva provincial. Con Juntos y la UCR -si no falta nadie- se llega a 21 votos y faltan tres para la mayoría.

Si no se alcanzan estos números, es muy factible que este proyecto se postergue hasta permitir el acompañamiento legislativo.