Hay dictamen para la reducción de tasas provinciales
(ADN). – En la reunión Plenaria de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, se dio dictamen favorable al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que elimina 367 tasas administrativas, entre las más importantes corresponden a la Secretaría de Trabajo, el Registro Civil, el Registro de la Propiedad Inmueble, las que cobraba la policía, las que cobraba la Escribanía General de Gobierno y el Registro de Proveedores de la provincia.
El encargado de presentar el proyecto ante los legisladores fue el Secretario de Estado de Asuntos Estratégicos y Planificación, Milton Dumrauf, quien destacó que el proyecto de ley plantea la eliminación de 367 tasas administrativas que cobra el Poder Ejecutivo en distintos organismos para la realización de trámites y señaló que «entendemos que con esto se simplifica la burocracia, el funcionamiento de la Administración, se mejora la vinculación con los ciudadanos y con las empresas y, en definitiva, se generan mejores condiciones no solo para el ejercicio de los derechos civiles, sino también para fomentar la actividad económica”.
Explicó que “el Gobernador requirió a todos los organismos que hicieran un estudio sobre las tasas administrativas que se cobraban y la posibilidad de reducirlas o eliminarlas, en virtud de lo cual, todos hicieron un trabajo que después fue supervisado por el Ministerio de Hacienda y, en última instancia, por mi Secretaría. Se llegó a la conclusión de que la mayoría de estas tasas era posible eliminarlas con una administración ordenada, simplificando la vida de los ciudadanos sin afectar ni el funcionamiento del Estado ni los derechos laborales que tienen que ver con que algunas de estas tasas tenían un destino de recaudación específico que era de incentivo al personal de cuatro organismos”.
Compra de vehículo de 0Km
Este plenario de comisiones también emitió un dictamen favorable al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que busca modificar la ley impositiva anual y beneficiar la compra de rodados 0km destinados a la producción. Hoy el impuesto a los Ingresos Brutos que está en el 5%, se llevará a cero y aquellas concesionarias que, al momento de vender estos vehículos cero kilkómetros, tengan esa menor carga impositiva podrán trasladarla a una baja en el precio al comprador de camiones o camionetas.
El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, al justiticar su aplicación indicó que la iniciativa es la decisión y la voluntad del Gobernador que busca, desde el Estado, alivianar lo máximo posible la carga fiscal impositiva a la compra, patentamiento y radicación de vehículos de trabajo 0 km en la provincia.
Aclaró que la norma comprende a vehículos de trabajo, desde camiones acoplados, semirremolques, «pero también pickups de trabajo, transporte personal de muchos o pocos pasajeros. Siempre en cabeza de sujetos inscriptos en Ingresos Brutos, sea una actividad comercial o productiva”, dijo Palmieri.
Identificación de animales
Por último, tambien se dio dictamen favorable al proyecto de ley que propone la obligatoriedad de la identificación de animales equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y aquellas especies domesticadas utilizadas para la actividad pecuaria en todo el territorio provincial.
El cuerpo de la ley destaca que el Estado Provincial es administrador exclusivo del sistema de identificación pecuaria. Las personas propietarias tienen la obligación de registrar a su nombre la identificación pecuaria que utilicen, la cual es de uso exclusivo y puede ser transferida. El registro tiene una validez de diez años y puede ser renovado por períodos iguales de forma sucesiva.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, o el organismo que la reemplace. En materia de fiscalización, la policía de la Provincia de Río Negro tiene competencia para complementar la labor de la autoridad de aplicación en lo relativo a la fiscalización del cumplimiento de sus disposiciones y de las normas reglamentarias que se dicten.