Advierten un «negocio» con la venta de tierras del Estado
(ADN).- Legisladores del peronismo advierten que la venta de tierras del Estado en Río Negro, abre la puerta a un «enorme negocio» y denunció que la acción del gobierno de Javier Milei se enmarca en el proceso de privatización de empresas y entes nacionales como Aerolíneas y Trenes.
Por eso, los integrantes del bloque PJ-NE presentaron un proyecto de comunicación dirigido al Gobierno Nacional, solicitando la reversión de la decisión estipulada en el decreto de “Enajenación de inmuebles del Estado Nacional”, que afecta al lote ubicado en la Calle 12 de octubre 1250 de San Carlos de Bariloche, bajo la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales.
La norma, firmada por el presidente Milei el 24 de octubre, instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a llevar a cabo los procedimientos de enajenación de aquellos inmuebles que el Estado Nacional no considere necesarios para su funcionamiento.
Desde el bloque, argumentaron que esta medida representa un “ejemplo del proceso de privatización y desmantelamiento del Estado que impulsa el Gobierno Nacional, sumándose a los intentos de desprenderse de numerosas empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, YPF y Trenes Argentinos».
En particular, en Río Negro se contempla la venta del lote en Bariloche que se encuentra dentro de la órbita de Parques Nacionales. “Se trata de tierras públicas de gran valor para la ciudad, de las cuales el Estado Nacional no puede desprenderse sin otorgarles un fin social y comunitario. En definitiva, este decreto abre la puerta a un enorme negocio con tierras que son de todos”, subrayó la legisladora Ana Marks.
Y añadió: “la perspectiva privatista de Milei nos despoja de un predio fundamental para Bariloche, favoreciendo negocios privados. Sería importante que el estado nacional en lugar de sacar a la venta un predio estatal, utilice las herramientas administrativas que tiene para poner el predio en manos del Municipio de forma gratuita para que continúe siendo aprovechado por el pueblo.”
En la comunicación, los legisladores señalan que “esta medida, con antecedentes en resoluciones del gobierno de Mauricio Macri, abarca aproximadamente 400 propiedades del Estado, que incluyen terrenos ferroviarios, portuarios e industriales, campos, plantas de silo, cocheras y edificios urbanos distribuidos en todo el territorio nacional”.
En la argumentación se sostiene que “es esencial comprender el rol del Estado en la regulación del uso del suelo y la gestión de los bienes inmobiliarios. En una localidad donde el suelo urbano es altamente valorado y especulativo, el mensaje que el gobierno transmite con esta medida es preocupante; los únicos beneficiados serán los grandes capitales que puedan acceder a estas tierras a precios fiscales, para luego desarrollar emprendimientos de alta rentabilidad”.