Ahorro costoso. ADN

Termina octubre sin aumentos salariales y con la novedad que empieza a registrarse un alza en los alimentos a pesar que, en general, la inflación sigue a la baja. El Gobierno congeló el sueldo de los trabajadores estatales para ganar un mes del último trimestre y lograr algo de aire que le permita, en noviembre, reabrir la paritaria con alguna oferta.

Pero este ahorro tendrá consecuencias. La administración provincial pone en riesgo dos frentes sensibles: salud y educación. Al menos la UnTER fijará medias de fuerza esta semana, y ASSPUR avisó que la situación es delicada en los hospitales, entre otras cosas, por los magros haberes.

El Gobernador se sorprendió por el impacto que tuvieron en el presupuesto los últimos aumentos salariales, y frenó el debate trimestral -un método que venía desarrollando- con una oferta para llegar a fin de año sin sobresaltos, tal como lo había acordado con el jefe nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, en Cipolletti.

Alberto Weretilneck pidió a Economía un informe y lo difundió, para intentar generar un escenario más benévolo antes de la convocatoria a los gremios a la Función Pública. El Gobierno puso en valor las anteriores subas (que estuvieron por encima del IPC) pero en un contexto donde los salarios vienen perdiendo interanualmente por el proceso devastador de fines de 2023. Eso no conforma a los trabajadores. Sus representantes intentaron salir del paso porque no quieren ningún enfrentamiento con el Gobernador. ATE reunió a su plenario y los secretarios generales tiraron la pelota afuera, adhiriendo al paro nacional del 29 y 30. Al gremio le cuesta tensar la cuerda pero paga costos con los empleados que ven a un Aguiar combativo contra Javier Milei y sus políticas, pero indulgente con Weretilneck.

UPCN se quedó sin músculo. Los años de mandato ininterrumpidos de Juan Carlos Scalesi los aburguesó y perdieron la calle. Sin embargo, desde esa tribu llegó el mejor centro que el Gobierno tuvo en estos días: aumentar la zona y la antigüedad que hoy no se paga al 100%, y con eso recuperar un poco el poder adquisitivo. Las liquidaciones ya cerraron y en los próximos días se anuncia el cronograma de pagos, así que -salvo por planilla complementaria- la idea podría aplicarse en mes que viene.

Esos ítems reflejan la inequidad entre los Poderes. Los Judiciales y Legislativos la cobran por completo. No solo eso, las paritarias en la Justicia y la Legislatura superan por lejos la inflación y mantienen subas constantes desde diciembre, lo que volvió a marcar una gran diferencia salarial entre los trabajadores públicos.

También hay otras diferencias. Ni legislativos ni judiciales penan con las licencias médicas. Tampoco hay control en las auditorías médicas. Y en ninguno de los sectores falta recurso humano.

Otra diferencia es la pirámide. En los poderes Judicial y Legislativo los cargos jerárquicos (jueces, legisladores y funcionarios) han tenido incrementos importantes, y eso impactó en toda la escala. En cambio, en el Ejecutivo subieron los funcionarios y hubo mejoras en la base, lo que acható la escala intermedia. Por eso también UPCN apunta a los ítms de zona y antigüedad, ya que casi no hay diferencias entre un salario inicial y el de un agente de 20 años de servicio.

El Gobierno había logrado bajar el impacto de la masa salarial en el presupuesto en el primer trimestre con los bonos no remunerativos. Cuando soltó la paritaria y fue acomodando ítems y recuperando carga entre «el blanco y el negro» volvió a foja cero. Incluso se pasó. Para colmo, en el proceso, Weretilneck elevó al Parlamento las leyes de eliminación de tasas e impuestos, lo que baja la recaudación. Ello, sumado a la caída de la coparticipación y la retracción del consumo (que disminuyó ingresos a las arcas estatales), más el adelanto de coparticipación para pagar una cuota del Plan Castello, generaron estrés en el sistema financiero.

«El problema es que volvimos al esquema de la sábana corta», explicó un funcionario en estos días. El presupuesto no alcanza para todo, y lo que se tapa en un lado se quita del otro. También advirtió que «vamos a un esquema similar al de los 90». Dejá vú. En estado nacional rico que brinda pocos servicios (por eso su obsesión con las universidades, los hospitales y las privatizaciones), y provincias pobres con la carga de dar respuestas en salud, educación, seguridad, obra pública, etc. Eso no solo se advierte en el rumbo que tomó la Casa Rosada, sino también en el Presupuesto 2025 que elevó al Congreso.

Sobre eso actúa Milei y por ahora no paga demasiados costos. Peor le va a los otros gobiernos: el impacto está en gobernadores e intendentes. Eso marcan las encuestas.

El Presidente se desentendió de todo y mira desde su perspectiva financista el país. Su obsesión es «destruir» el Estado, bajar la inflación, quitar el cepo, eliminar el Banco Central y, en la medida que pueda, dolarizar la economía. Pero detrás de esas premisas no hay un programa ni hoja de ruta del país que se imagina o quiere. No hay plan. Le delegó a empresas o corporaciones los vectores que deben generar riqueza: energía, minería y el campo. Cree que las provincias son responsables del «despilfarro» y abre el camino al «sálvense quien pueda».

Un ejemplo que toca de cerca a Río Negro basta. El Jefe de Estado le dió al grupo que lidera Paolo Rocca el destino de Vaca Muerta. El CEO ungió a Horacio Marín -ex empleado suyo- al frente de YPF que es la empresa insignia desde donde se generan los proyectos para aumentar la producción de petróleo y gas, la construcción del transporte (oleoductos y gasoductos), el abastecimiento interno y la exportación. Todo bajo el hito del RIGI. ¿Cuál es el proyecto? Nunca se explicó. Lo que se sabe es que las empresas que inviertan no tendrán que pagar impuestos y podrán sacar sus ganancias en dólares del país sin límite. Extractivismo a pleno. Y… la privatización de YPF? Siempre en carpeta.

Negocio para pocos.

Mientras tanto, Río Negro intenta reunir con los contratos petroleros y la actividad primaria algunos ingresos para poder pagar salarios y brindar servicios. Uno central es la salud. Desde que asumió, Demetrio Thalasselis pasea sus objetivos por las radios de la provincia y asegura que hay que volver a un esquema sanitarista donde el paciente esté en el centro de las políticas públicas. Bienvenido ese enfoque. Sin embargo requiere mucha inversión en recursos humanos, insumos y una infraestructura que llegue a cada rincón de la provincia. Si el médico enfila su gestión por ese lado, no hay una mirada mercantilista de la salud que no se catalogará como un costo, sino como inversión.

ASSPUR espera aún una audiencia con el flamante Ministro, mientras advierte que los magros salarios llevan a los profesionales y trabajadores a refugiarse en el sistema privado. Hacerlos volver implicará aumentos generosos que, por lo que indican los números en el Palacio de Hacienda, hoy son imposibles.