«Fondo Arraigo» con aportes de propietarios «mas ricos»

(ADN). – El Bloque de Legisladores del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó un proyecto de ley que propone la creación del “Fondo Arraigo”, destinado a financiar los costos de mensura, deslinde y amojonamiento de tierras fiscales, facilitando así la regularización dominial para los adjudicatarios y permisionarios de predios fiscales.

El fondo se financiará mediante la implementación del “Adicional Arraigo” sobre el impuesto inmobiliario determinado a los inmuebles de mayor valuación fiscal, los inmuebles rurales ociosos, y a los inmuebles del departamento Bariloche que superen las 100 hectáreas.

El legislador de la bancada PJ-NE, Leandro García explicó que la propuesta tiene como objetivo “resolver una deuda histórica de la provincia hacia los antiguos pobladores que, a pesar de desarrollar actividades económicas en sus tierras, no han podido acceder a la titularidad por no contar con los medios económicos necesarios para las mensuras”. A su vez, destacó que el proyecto busca garantizar el arraigo territorial, a partir de darle regularidad a la tenencia de la tierra a viejos pobladores en línea con los objetivos que establece la Constitución Provincial, la ley Q N° 279 de Tierras Fiscales, y sus modificatoria Ley N°5.705.

El proyecto introduce un nuevo artículo a la Ley I N°1.622 de impuesto inmobiliario en Río Negro, que crea un “adicional arraigo” del 20% sobre la escala máxima del impuesto inmobiliario para inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. Para los inmuebles rurales ociosos, este adicional se incrementará al 30%, mientras que en el departamento Bariloche, para inmuebles que superen las 100 hectáreas, el adicional será del 35%.

Según el legislador el proyecto establece una fuente de financiamiento de carácter progresivo, sobre manifestaciones concretas de capacidad contributiva como es la propiedad, y se basa en la actual subvaluación fiscal de los inmuebles, que en el caso de los inmuebles rurales y subrurales expresa una diferencia de hasta el 1000% respecto al valor de mercado de los inmuebles, agregando que no hay un registro preciso de las mejoras en los predios, tomando una base muy baja para el cálculo del impuesto.”