Techo Digno: ya casi no hay causas abiertas en el país

(ADN).- Río Negro es el único distrito donde siguen abiertas causas judiciales en el marco de las denuncias por presuntas irregularidades en la aplicación del plan nacional Techo Digno. Así lo puntualizó esta semana el ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, un dato corroborable en las justicias locales. Incluso, ya ni rastro queda en Comodoro Py, donde se originó la investigación inicial. Sin embargo, aún hay una veintena de imputados (intendentes e ex intendentes) que peregrinan por los tribunales provinciales explicando que los fondos no se utilizaron para enriquecimiento personal.

La mayoría de las causas «cayeron» por su propio peso sin que se lograra certificar que los jefes comunales hayan incurrido en hechos de corrupción. La imputación genérica indica que «las certificaciones (de obras) fueron falseadas con mayor nivel de ejecución y pagos a los privados por encima de lo construido, con fondos de Nación para esos planes federales». ¿Habrán contemplado la inflación?

«Ninguno de los intendentes que están inmersos en esta causa se llevó dinero a su casa». La frase, contundente, corresponde al gobernador Alberto Weretilneck, quien en 2017 se refirió así a la investigación que abrió el (fallecido) juez federal Claudio Bonadío. En ese período el país era gobernado por Mauricio Macri, quien dio de baja todos los planes de viviendas en el país. Pero abrió con los gobiernos provinciales -como Río Negro- una instancia de transferencia de obras, y así se pudo continuar la construcción de casas, jardines de infantes, escuelas y hospitales.

En aquel entonces Bariloche era gobernada por María Eugenia Martini, quien aseguró que con el depósito de los fondos se comenzó con la obra de casi 900 viviendas: “Los trabajos se hicieron, se certificaron, se pagaron y todo eso consta en el Tribunal de Contralor”, aclaró. Esas viviendas se fueron terminado y entregando. El último lote se inauguró hace unas semanas.

Al discontinuar los planes, Nación aprobó los nuevos contratos de las provincias que, a pesar del cuestionamiento judicial, se hicieron con las mismas empresas que habían licitado con los intendentes. Es decir, los mismos intendentes, las mismas empresas, los mismos planes de obras. Lo que cambió, fue el financiamiento. El aporte ya no provenía de las arcas nacionales.

«Es un dislate» plantean las defensas y pujan por sobreseimientos, como ocurrieron en todo el país.

El listado de ex intendentes e intendentes en actividad imputados formalmente son: Daniel Belloso (Choele Choel), Luis Ivancich (Godoy), Alejandra Mas (Conesa), Martini y Gennuso (Bariloche); Gilberto y Claudia Montanaro (Cervantes), Renzo Tamburrini y Nélson Iribarren (Sierra Grande), Javier Iud (SAO), Carlos Pilotti y Gustavo San Román (Río Colorado), Juan Reggioni (Fernández Oro), Ariel Baratti y Anibal Tortoriello (Cipoletti), y Liliana Alvarado y Germán Epul (Cinco Saltos). Hubieron municipios e intendentes que no ingresaron a la causa, a pesar de tener situaciones similares como el fallecido José Luis Foulkes de Viedma. O Campo Grande, donde el ex jefe comunal y actual legislador, Pedro Dantas, quedó afuera, pero la investigación sobre es municipio sigue.

La investigación de Bonadío se transformó en una «mega-causa» porque involucraba a varias provincias y cientos de municipios que habían firmado el programa con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Entonces, el juez decidió delegar (en 2018) la investigación a las provincias. El Ministerio Público Fiscal recepcionó los expedientes y conformó Unidades de Investigación por circunscripción.

A pesar que Bonadío ubicó el tiempo de los supuestos delitos en el período 2012-2015, hay intendentes que asumieron después e igual fueron imputados. Esa acción corresponde a la faena judicial rionegrina.

Las causas fueron avanzando en tiempos diferentes y con variadas experiencias y resultados. Lleva 8 años en la provincia. La mayoría de los intendentes alegaron que los fondos nacionales no eran reintegrables y consideraron que no hay delito. También marcaron la trazabilidad de los recursos, justificaron su uso y entregaron documentación respaldatoria, con los consentimientos de los organismos de control.

Lo mismo ocurrió con las empresas, cuyos titulares también están imputados. Lo curioso, es que esas mismas constructoras continuaron -en su mayoría- con las obras.

Pero con el tiempo, comenzaron a cerrarse las causas en todas las provincias, especialmente tras la derrota de Macri. Algunos distritos devolvieron las investigaciones a Comodoro Py, y todo terminó en archivo. Excepto en Río Negro. Tanto, que las defensas de los intendentes pidieron devolver la causa al fuero federal (por su origen y porque los fondos eran nacionales), pero fue denegado por los juzgados rionegrinos, alegando que la acción (de defraudación) se produjo en la provincia.

Uno de los motivos que terminaron con las causas fue que muchas de las obras finalizaron. Otro, porque las legislaciones municipales permiten resguardar el dinero en cuentas bancarias, o establecer otros destinos mientras luego sean restituidos.

Pero hay otra razón especial: el Ministerio de Obras Públicas de la Nación emitió una resolución 413/2022 que estableció en su artículo primero: «Establécese el procedimiento con el objeto de determinar, verificar y compensar el monto de las acreencias y deudas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios con el ESTADO NACIONAL, originadas en el marco de los Programas de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento nacionales dejados sin efecto por el artículo 1o de la Resolución No 122 del 15 de marzo de 2017 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA al 14 de diciembre de 2020, a los fines dispuestos por el artículo 80 de la Ley No 27.591».

En los fundamentos, el Ministerio indica que: «conforme surge de los considerandos de la citada Resolución, a través de las normas que fueron dejadas sin efecto, se habían creado los programas denominados: “PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIO”; “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA II”; “PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO”; “PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS”; “PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES”; “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS – MEJOR VIVIR II” y el Plan denominado “MÁS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MÁS PATRIA”, respectivamente».

«Que mediante el artículo 80 de la Ley No 27.591 de Presupuesto General de la Administración General para el Ejercicio Presupuestario 2021, publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2020, se dispuso la condonación de las deudas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios con el ESTADO NACIONAL, originadas en el marco de los Programas de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento nacionales dejados sin efecto por el artículo 1o de la Resolución No 122 del 15 de marzo de 2017 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en la porción que exceda los reclamos efectuados al MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT derivados de los acuerdos de ejecución de dichos programas».

Y «que la condonación de deudas dispuesta por la Ley antes mencionada, debe ser entendida como un perdón o absolución conforme lo ha manifestado la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION (DICTAMEN PTN 306:191, entre otros)».

«Mal mensaje»

Los intendentes se defienden en los tribunales pero evitan las expresiones públicas. Temen -según indicaron los consultados por esta agencia-, «represalias». Están convencidos que «hay intencionalidad» en mantener «viva» la causa. Y coinciden en que no se incurrió en ningún delito.

Por eso, para los jefes comunales fueron un bálsamo las declaraciones de Gennuso: «es un mal mensaje» dijo el ex intendente, ya que consideró que nadie va a querer sumarse a los gobiernos si están a tiro de juicio. Indicó que -mientras se proceda con legalidad y transparencia- se deben utilizar todas las herramientas que da la gestión para solucionar los temas que requiere la población.

El barilochense hizo de portavoz: «si los intendentes no hubiésemos hecho esto (resguardar los fondos) ni en Bariloche ni en ninguna otra ciudad habría viviendas». Y recordó que el último período en que se lanzaron planes de casas fue en el que hoy se está juzgando, ya que ni Macri ni Alberto Fernández (tampoco Milei) hicieron frente a la demanda habitacional. «Nos acusan de peculado, pero la Fiscalía dice que el dinero nunca salió de la órbita municipal. Ese dinero nunca se utilizó, generó intereses, y cuando se sacó del banco fue a la construcción de las casas que están a la vista». subrayó. «El otro día se inauguraron las últimas y yo pensé: fue la decisión correcta».

Y criticó la acción penal: «Es tan traída de los pelos, que esperaron que yo me vaya del gobierno para hacerme una causa».