Tranferencias a las provincia, tema de debate en Diputados
Las transferencias a las provincias, el aumento a las Universidades, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas son los principales puntos centrales de las negociaciones que realizaban por estas horas en el Congreso Nacional el oficialismo y bloques dialoguistas a fin de acordar el Presupuesto 2025.
La bancada de la Libertad Avanza tiene la intención de sancionar la denominada «ley de Leyes» en la Cámara de Diputados entre el 20 y 27 de noviembre, y tener dictamen de comisión a mediados de este mes, según indicaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas. Para cumplir esquema de trabajo, el oficialismo viene manteniendo reuniones con los bloques dialoguistas que están dispuestos a estampar su firma en el despacho de mayoría de la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Las negociaciones entre la LLA, el PRO, MID, y la UCR se viene realizando desde los primeros días de octubre con reuniones semanales, pero ahora comenzaron a intercalar propuestas sobre las demandas que tiene cada fuerza política para respaldar el proyecto del Gobierno nacional.
Las conversaciones también incluyen a Innovación Federal y la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero aquí surge el problema que la bancada, que conduce Miguel Pichetto, quiere avanzar con un dictamen propio y eso complicaría al oficialismo para tener un despacho de mayoría.
A este se suma que el Ejecutivo también deberá sentarse a conversar con los radicales disidentes agrupados en Democracia para Siempre, que tiene una docena de legisladores, pero siempre han sido muy críticos con la política oficialista.
En esas negociaciones que encara el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto al presidente de la comisión José Luis Espert, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los opositores amigables con la LLA piden una suba de transferencias a las provincias, aumento para las Universidades, obras públicas, y mantener la ley de financiamiento docente.
El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga su política de superávit fiscal del gasto primario.