Techo Digno: un camino de reparación económica

(ADN).- Juan Castelli, titular de Oriente Construcciones, abrió hoy un camino -que tomarían otros empresarios- de reparación económica en la causa Techo Digno. El juez de la causa que se sustancia en Bariloche, aceptó una probation. La defensa planteó la construcción de un salón comunitario en barrio 400 Viviendas.

Este camino seguirían los empresarios involucrados en la misma causa que se tramitan en diferentes ciudades de la provincia, e involucran a intendentes y ex intendentes, funcionarios municipales y constructoras.

Ante el avance del legajo penal y la cercanía de la instancia de debate oral y público, la defensa del propietario de Oriente Construcciones ofreció una suspensión de juicio a prueba que fue acordada con la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, como parte perjudicada en este proceso penal.

El defensor explicó en este sentido que requirió la probation, “en función del estado de la causa” recordando que “atravesó diversas vicisitudes procesales, entre ellas cuestiones de competencia, atipicidad y el sobreseimiento de uno de los imputados, debido a problemas de salud”. Agregó que hasta la fecha, no se ha procedido a la apertura del juicio oral.

En función de la propuesta de reparación del daño destacó además que “el Artículo 76 bis del Código Penal, establece la necesidad de ofrecer una reparación razonable a la víctima, por lo cual su defendido se compromete a la construcción de una obra de 92 metros cuadrados en un terreno designado por la Municipalidad”. Esta obra, destinada al barrio 400 Viviendas, podrá ser utilizada según lo disponga la Municipalidad, aunque se aclaró que el diseño corresponde a modelos previamente desarrollados por la constructora, utilizados como salas de primeros auxilios en otras provincias.

Luego describió las características de la obra, brindando a las partes detalles específicos de la misma y respondiendo además a la consulta sobre la ecuación utilizada para calcular el monto de inversión. De esta manera, Castelli se convirtió en el primero de los imputados que comenzará a devolver al erario público el dinero que éste había perdido en el marco de las maniobras.

Este acuerdo al que arribaron defensa y la parte damnificada, deja a la Fiscalía en condiciones de continuar el legajo penal con los restantes imputados, todos ex funcionarios públicos.

El Intendente municipal, Walter Cortés, estuvo presente en la audiencia. Allí manifestó su conformidad con los términos planteados y destacó la importancia de la reparación razonable del perjuicio causado a la comunidad: «La obra, destinada al barrio 400 Viviendas, beneficiará directamente a trabajadores y vecinos del sector que requieren infraestructura básica, como espacios de atención médica o social, que en la actualidad no están disponibles».

El Fiscal Jefe, en tanto, enfatizó en que “el Ministerio Público Fiscal tiene la convicción de contar con pruebas suficientes y vasta para llevar a juicio esta causa”. Agregó que «en esa dirección es que hemos venido recorriendo este largo camino de lucha contra la corrupción en el marco de la obra pública provincial. Pero estamos frente a un derecho del imputado reconocido por la ley penal y por la ley procesal en el marco de un que ahora pretende ejercer y esta situación no puede ser desoída por el Ministerio Público Fiscal».

Se destacó además que más allá de esta resolución del legajo en el fuero penal, continuará habilitada la instancia civil para que el municipio como parte damnificada pueda accionar en ese aspecto de creerlo necesario.

El acuerdo fue homologado por el juez que presidió esta audiencia e impuso además las siguientes pautas de conducta: fijar domicilio y mantener informado el mismo, presentarse mensualmente al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, presentación de informes mensuales de avances de construcción ante la municipalidad y el Ministerio Público Fiscal, todo por el término de un año. Plazo en el que se compromete a la realización y finalización de la obra.

Cabe destacar que otro de los empresarios de la construcción que en un principio había sido imputado en Bariloche fue desvinculado penalmente por entender que su cuadro de salud es irreversible y le impide afrontar un futuro juicio. Tal determinación se tomó el 13 de agosto pasado.