ATE denunció la destrucción de archivos de la Armada
(ADN).- Luego que el Ministerio de Defensa dispusiera el traslado de archivos de la Armada a una nueva sede con el objetivo de ‘depurar’ la información con posibilidad de ‘trituración’ de documentos, ATE alertó por esta situación y envió un pedido de informes a la cartera que conduce Luis Petri, exigiendo que expliciten los criterios para el operativo y garanticen la conservación en condiciones de la documentación.
“40 años después se proponen seguir destruyendo pruebas. Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad y legitimar sus crímenes atroces. Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país. No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Sin lugar a dudas, esta decisión es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos. No es solo por su carácter de negacionistas, detrás de esto hay una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes piensan distinto para disciplinar en el presente. Tenemos que impedirlo”, agregó el dirigente.
En la nota enviada bajo el expediente X-2025-10252565-APN-DNPAIP#AAIP, dirigida al ministro Petri, al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi, ATE exige al Gobierno que informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación ya que, como órgano rector de todos los Archivos del país, debe intervenir en cualquier proceso de selección documental.
Cabe recordar que la política de ajuste y desmantelamiento del Estado de Javier Milei provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de la Fuerzas Armadas, que incluía profesionales archivistas, historiadores, sociólogos, comunicadores. Este equipo, entre otras funciones, aportaba documentación a requerimiento de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad.