El caso Domínguez y el reparto de los bloques
(ADN).- La embestida de Primero Río Negro contra su ex legislador, César Domínguez, abrió un debate inesperado sobre el reparto de los bloques en la Legislatura. La negativa a La Libertad Avanza y el permiso a la división de Cambia Río Negro. La política acude otra vez a la Justicia, a resolver sus conflictos.
El partido de Ariel Rivero fue a la Justicia Electoral para revocar el mandato de Domínguez que se mudó a la LLA. El juez Carlos Da Silva recepcionó la denuncia y corrió vista al Fiscal de Cámara. Hernán Trejo no objetó el proceso y consideró que está garantizada la debida defensa, alegando que los pasos que dio el partido PRN fueron correctos y el denunciado estuvo siempre al tanto. Ahora, debe definir el magistrado. Sea cual sea el resultado, puede ser apelado incluso hasta instancias federales. Así, se pierde en los pliegues kafkianos judiciales y el expediente se añejará.
Hay un problema para la acusación: el presidente de la Legislatura nunca habilitó el bloque de LLA que pidieron integrar Domínguez, Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza. En rigor, se había pedido el bloque Creo Río Negro, el partido que arma Aníbal Tortoriello. Pero al no prosperar, el pedido de una nueva banca, Domínguez sigue reportando a su bloque original, al menos en los papales.
Pero el caso tiene otro ribete. El tortoriellismo se queja porque en el Parlamento no están respetados los bloques de acuerdo a la elección. Los que sí fueron conformados fielmente son el Juntos Somos Río Negro, el de Vamos con Todos, el del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro y la Unión Cívica Radical (ambos fueron en colectoras del oficialismo). Pero por otro lado están el PRO y la CC-ARI, partidos que fueron en alianza bajo la denominación Cambia Río Negro.
La pregunta es por qué hubo permiso para abrir esos espacios y no el que quieren conformar Domínguez, Mc Kidd e Ibarrolaza, a quienes les aducen -para negar la apertura- que la regla de la Casa es que las bancadas representen la voluntad popular. Esta inconsistencia podría también recaer en la Justicia Electoral, advierten.