Arrugue de barrera. ADN
Javier Milei perdió el ángel político y desde el inconcebible discurso en Davos a esta parte viene perdiendo sostenidamente adhesión en la opinión pública, aún entre quienes lo eligieron presidente. Esa pérdida debilitó su asombrosa capacidad de juntar votos en el Congreso, justo en tiempos donde se jugaba el acuerdo con el FMI y en días más el aval en el Senado para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla sean jueces de la Corte Suprema.
Por eso recurrió, como en otras oportunidades, al apriete de indecisos y el quiebre de voluntades de quienes van contra sus intereses, en este caso haciendo peligrar un desembolso en dólares (y su reputación internacional) que requiere para sostener el endeble programa económico, al menos, hasta las elecciones de octubre.
Una de las acciones fue mandar a su ministro de Economía, Luis Caputo, a desempolvar la resolución del SENASA -escrita en diciembre- para levantar la barrera sanitaria y permitir el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. Salvo La Pampa, el resto de las provincias pusieron el grito en cielo y a las pocas horas el jefe de la cartera económica avisó que la medida se suspendía por 90 días. En el medio, llamadas frenéticas y negociaciones de último momento. El resultado, los diputados que responden a los gobernadores, como Agustín Domingo, levantaron la mano para que Argentina vuelva a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional.
¿Por qué no se eliminó la resolución y sólo se pospuso? La pregunta no tiene respuesta cierta pero mil interpretaciones y especulaciones, como mantener extorsionados a los mandatarios provinciales para las próximas sesiones.
Entre el anuncio del cambio del estatus sanitario patagónico y la suspensión provocó, al menos en la región del Valle Inferior de Río Negro -una zona ganadera en expansión- que los precios de la hacienda cayeran un 20%. «Se rompió el mercado» expresó un productor, que sabe que hay una ventana de 90 días para la especulación. Vende a este precio o espera, con el riesgo que la medida quede efectiva y el valor caiga estrepitosamente? Hay incertidumbre.
Los productores patagónicos crecieron desde la instalación de la barrera y la prohibición de ingresar carne con hueso desde el norte, regiones libre de aftosa pero sin vacunación. Pero ese crecimiento fue a costa, entre otras cosas, de los consumidores que hoy pagan el kilo de asado a 20 mil pesos, cuando fuera de la zona de exclusión cuesta la mitad. Un actor central en esta distorsión de precios son los frigoríficos, especialmente FRIVEDI, enclavado en Viedma y único de la Patagonia con cuota Hilton para exportar. Hay especulación de las carnicerías también, muchas de dudosa facturación, pero el incremento entre el campo y la góndola es excesivo, y no hay políticas públicas de control a los intermediarios.
Faltan centros de faena de mediana o pequeña escala para que los productores chicos puedan vender a mejor precio. De otro modo, siguen siendo víctimas del monopolio que además de pagar poco, se queda con las partes exportables o de mayor valor como el lomo y las mollejas. Pero FRIVEDI no solo pone las condiciones de compra, sino también adquirió campos y produce -en modo feedlot- su carne.
Si la berrera se cae, bajará indefectiblemente el precio de la carne, un beneficio para los consumidores. Por eso, la Casa Rosada analiza el rédito electoral que tendría la medida, que ya es el tema central de los vecinos patagónicos. Tanto, que la diputada libertaria Lorena Villaverde valoró la medida en sus redes sociales: «Histórico. Se terminó el curro para unos pocos», posteó. El inconveniente es cómo se adaptarán los productores al nuevo sistema sin protección ni mercado cautivo. «Habrá que competir», dicen.
Mientras esta tormenta se desataba, Daniel Scioli llegó a Bariloche. El secretario de Turismo de la Nación no arribó con anuncios ni programas para paliar la crisis del sector que, en esa ciudad, golpea de lleno a su economía. Llamativamente el ex motonauta se presentó junto al intendente Walter Cortes para cortar la cinta de la hormigonera cuya compra está siendo auditada por el Tribunal Contralor y generó denuncias penales. Raro. Tan extraño como la presencia en el acto de la senadora Silvina García Larraburu.
En rigor, trascendió que Scioli venía a firmar un acuerdo tripartito entre Nación, Provincia y Municipio, sin validez legal alguna, pero de alta potencia política, para el desarrollo inmobiliario del Cerro Catedral, un proyecto que no tiene licencia social ni política en la ciudad. Ante la alarma generalizada, el funcionario nacional convocó una reunión con Cortés, el gobernador Alberto Weretilneck, todos los concejales y empresarios para firmar y contar el proyecto. La reunión fue un fracaso. «Se la vaciaron», contó un dirigente.
El papelón fue tal, que Cortés recibió la reprimenda de Scioli. «Me expusiste», le recriminó y le facturó que no «maneja nada». El Secretario se volvió a Buenos Aires ofuscado e informó rápidamente a la Jefatura de Gabinete. El intendente no solo quedó mal con la Casa Rosada y los Qataríes que pretenden el negocio, también su partido lo abandonó y hasta se distanció de Gerardo del Río, presidente del Concejo Deliberante. Unos meses antes, el tema Catedral le había costado una pelea con el concejal Tomy Hercigojna, quien renunció y después volvió a su banca. Pero también quedó en off side con Weretilneck, quien vio cómo se le licuó el poder.
El Gobernador se fue con dos conclusiones: Cortés está debilitado, lo que supone un dolor de cabeza porque Bariloche es un polvorín político y un sitio que genera vendavales (todavía tiene fresco el episodio de Omar Goye) que repercuten el resto de la provincia; y que Agustín Domingo le contaba una versión diferente a la realidad. Otros actores le advertían que la situación lejos estaba de ser lo que el diputado le contaba. En Juntos, la interna barilochense arde.
Ahora, Weretilneck no podrá seguir sosteniendo a Cortés y se limó la confianza con Domingo. El ex Ministro de Economía cogobierna con el sindicalista la ciudad, y en esa alianza asentaba su idea de ser el próximo intendente.
Dos temas pesados para el Gobernador, que está en la tarea -entre otras- de negociación con las empresas que componen el consorcio del Oleoducto Vaca Muerta Sur, para que le otorguen a Río Negro un tributo por el transporte de petróleo que recorrerá el camino desde Neuquén a Punta Colorada. El viernes dijo en Viedma que no tiene apuro, pero las petroleras quieren cerrar lo más pronto posible un entendimiento, así la obra se termina en los plazos establecidos y poder comenzar a exportar en 2027.
Cualquier demora atenta contra el modelo de negocio, que incluye el desarrollo de Argentina GNL, y el ingreso de dólares al país. También con el ansiado despegue de la región marítima prometido a Sierra Grande y San Antonio Oeste, que en este momento atraviesa tiempos de zozobra por el cierre de pesqueras y el conflicto en ALPAT.
Weretilneck reclama el 1% de regalías, pero el consorcio liderado por YPF no quiere quedar atado a un impuesto en particular porque están blindados por el RIGI, y especialmente para no dejar un precedente para otros emprendimientos. A cambio, ofrecen un pago anual prolongado en un tiempo determinado -una suerte de bono responsabilidad social empresaria- para que la provincia administre. Hay algunos avances, pero nada definitivo. Parte de la oposición (legisladores del PJ-NE, VcT y los tortorielistas) no solo avalan el pedido de la Provincia a las empresas, sino que pretenden un canon más alto, el 1,5% de la producción petrolera.
La oposición está modo campaña, pero con visión de futuro y se imagina que hay que preparar el terreno para desembarcar en Viedma para gobernar en 2027. En ese marco piden que se termine de pagar el Plan Castello y que la provincia tenga cada vez más ingresos. «Queremos que nos dejen un provincia viable, no endeudada», coinciden en los diferentes partidos que se ofrecen como alternativa a Juntos.
Un punto central son las tarifas. Las pymes, comerciantes, productores y diferentes sectores de la economía rionegrina se quejan por las pretensiones de EdERSA de seguir aumentando el valor de la energía, y cuestionan al EPRE porque volvió a autorizar una audiencia pública para actualizar el ítem del VAD.
En Regina, el senador Martín Doñate se reunió con comerciantes y productores, uno de ellos mostró una factura millonaria. El dirigente peronista, además de las críticas habituales y la presentación de proyectos (que no prosperan en el Congreso por el blindaje liberal) para bajar las tarifas, avanzó y exclamó: «Tarifas justas, o EdERSA deberá irse» lo que obtuvo consenso entre sus interlocutores. Para que no quede solo en ese ámbito, expuso su exigencia en la red social X.
La afrenta a la empresa de los hermanos Neuss se produjo en simultáneo al anuncio del grupo sobre su asociación a Inverlat Investments (dueña de Havanna) para crear Edison Energía, un nuevo holding que adquirió importantes activos eléctricos en el país, incluyendo empresas de distribución y transmisión en Tucumán, Jujuy y el Litoral. La familia agiganta su núcleo de negocios y está vinculada al asesor todo poderoso de Milei, Santiago Caputo, en el mundo de los pozos de petróleo maduros.
Doñate fue elegido como secretario de justicia del PJ nacional y comienza a ser vocero del bloque y el partido en temas afines. En las últimas horas oficializó la nota que se elevó al FMI para advertir que el peronismo no avalará el nuevo endeudamiento. También tendrá la responsabilidad de ser el miembro informante en el Senado para rechazar los pliegos de Lijo y García Mansilla. En la provincia promueve la unidad y es una pieza central en el armado de un frente anti Milei con todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y barriales del campo nacional y popular en Río Negro.
El Partido Justicialista da pasos en ese sentido y ya presentó en Jacobacci y Belisle listas únicas, con el respaldo de todos los sectores. Se consolida en otras localidades y se unen los sectores que eran antagonistas hasta hace unos meses. Un punto medular es Bariloche donde hay humo blanco.
La tarea tendrá desafíos. Unidad Popular, el partido que comanda Rodolfo Aguiar anunció un pre-acuerdo electoral con Patria Grande, el espacio de Juan Grabois por fuera del PJ y el frente anti Milei. Las reacciones fueron en sentido contrario. Mientras los partidarios del pastor papal en Río Negro desmintieron la acción política, desde la carpa del jefe de ATE aseguraron que la alianza avanza a paso firme, al punto que algunos voceros indicaron que hay un boceto de lista con Adriana Serquis y Rafael Zamaro, que también integrarían Mateo Canosa y el socialista Paolo Echepareborda.
Desde el peronismo miran con desconfianza y ven la mano de Weretilneck en el armado, que dudan se vaya a concretar.
Para salir de cualquier sospecha, el Gobernador dice que el oficialismo está abocado a la administración provincial. Apunta que primero, en el calendario electoral, está el 27 de abril donde espera cosechar varios concejales en los nueve municipios donde se renuevan los Concejos. Y sin PASO, asegura que la campaña será «corta e intensa». A tal punto que indicó que quince días antes del cierre, habrá novedades sobre quiénes serán los candidatos de Juntos. ¿Conformará una alianza con la UCR y la CC-ARI? Por ahora esos espacios se manifiestan lejos de los designios nacionales y concentran su energía en la provincia, y en coalición con Weretilneck.
El ARI no tendrá mayores sobresaltos, pero el radicalismo debe afrontar su proceso interno. Al oficialismo de Sánchez-Sartor lo desafiarán dos listas: una de radicales con peluca, enrolados en el «Nuevo Radicalismo» que lideran Genoveva Molinari y Juan Carlos Vallés; y otra, alejada de la ideología libertaria y del PRO, tendrá a «Pancho» González como referencia.