Bullrich denunció a Andrade por encubrimiento
(ADN). – Patricia Bullrich denunció hoy por partida doble a la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por su decisión de liberar a más de cien detenidos por su participación en los graves incidentes ocurridos durante la marcha por los jubilados frente al Congreso, el miércoles pasado. La ministra de Seguridad presentó un escrito ante la Justicia Federal de Comodoro Py, bajo las figuras de prevaricato, encubrimiento al delito de sedición y omisión de sus deberes de funcionaria pública,
Se informó que además hará una segunda presentación, esta vez ante el Consejo de la Magistratura porteño, en la que pedirá la destitución lisa y llana de la magistrada, a la que acusa de graves irregularidades en el procedimiento que siguió a la detención de acusados por los desmanes y disturbios (quema de vehículos policiales, agresiones a uniformados con piedras y otros objetos contundentes, entre otros hechos) que pudieron verse en las adyacencias de la Plaza de los dos Congresos y las calles cercanas al parlamento nacional.
Bullrich argumenta, además, que la jueza Andrade fue “funcional a la sedición” de los manifestantes violentos, ya que –aseguran en su equipo– “no vio los papeles, pero sí vio por televisión que rompían autos y tiraban proyectiles. Los liberó por cuestiones políticas, y por eso la denunciamos también por encubrimiento”, agregaron las fuentes oficiales.
Según el sistema procesal acusatorio vigente en la Justicia porteña, quien decide es el fiscal, que también debe acercarle la prueba al juez, que oficia como un árbitro con la defensa. En este caso, la fiscalía llevó como prueba sólo las actas de detención elaborada por la Policía, sin consignar los lugares de detención, ni los motivos.
Aquí aparece una disidencia: Andrade afirma que, al no tener pruebas, decidió liberar a los detenidos en la madrugada del jueves 13. Para el Gobierno, “es el fiscal el que decide, acá no interviene la jueza, los detenidos no están a su disposición”. Por eso, consideran que la magistrada, de 42 años, “se apuró” al otorgar la libertad de los detenidos, y por eso exige que la investiguen penalmente, según explicó La Nación.
En aquella denuncia, el Ministerio de Seguridad había aclarado que se encontraba “evaluando” la presentación de una denuncia penal contra Andrade por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionario público y que también pediría investigar el caso en el Consejo de la Magistratura.
Andrade es abogada especialista en derecho penal, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA y con un posgrado en Derecho Penal en la Universidad Di Tella, además de una Especialización en Magistratura. Fue miembro de la Asociación Pensamiento Penal, organización de abogados y profesionales que proponen acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos.