«Sin obras hay un grave riesgo de inundaciones en Río Negro»
(ADN).- Los legisladores de la CC ARI insisten en la necesidad de generar las condiciones de seguridad hídrica en las represas del Comahue, y alertó que el incumplimiento de las obras previstas representa un grave riesgo para las ciudades ribereñas, que podrían sufrir inundaciones ante una falla en la estructura.
En este marco, solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional el inmediato cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 3 de marzo de 2009, que dejó firme la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca mediante el cual se ordenaba al Estado Nacional garantizar la realización de las obras necesarias para la seguridad de la presa “Portezuelo Grande”, integrante del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados sobre el río Neuquén.
A 16 años de la sentencia, los Legisladores expresan su preocupación por el incumplimiento de esta disposición judicial, que no solo vulnera el Estado de Derecho, sino que también pone en riesgo la infraestructura, la seguridad de las poblaciones y el desarrollo económico regional.
El Bloque alerta que el incumplimiento de las obras representa un grave riesgo para las ciudades ribereñas, que podrían sufrir inundaciones ante una falla en la estructura. Además, compromete la producción agrícola del Alto Valle al afectar el riego, pone en peligro el abastecimiento de agua para la industria hidrocarburífera, clave para Vaca Muerta, y genera serias amenazas ambientales, como la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el avance de la desertificación.
Los legisladores mencionan el informe realizado por el Ing. Oscar Vardé, presidente honorario de la Academia Nacional de Ingeniería, advierte que desde 2001 los estudios hidrológicos indican que la presa no soportaría una crecida máxima probable. Tras la grave crecida de 2006, auditorías posteriores recomendaron no solo obras en Portezuelo Grande, sino también la construcción de embalses adicionales aguas arriba, como el frustrado proyecto Chihuido.
Siguiendo esta línea, los legisladores presentaron un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, que convoque a la Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo creada por la Ley N° 5422, para evaluar la prevención de riesgos, coordinar con organismos especializados y asegurar los recursos necesarios, desarrollar un Plan de Infraestructura, promover la creación de órganos locales de Protección Civil y capacitar a agentes y ciudadanos para mitigar los efectos de posibles catástrofes.
Entre sus fundamentos, el proyecto destaca las recientes catástrofes climáticas, como la inundación de Bahía Blanca, que han alertado a especialistas sobre un posible evento similar en la provincia. Científicos advierten sobre la creciente frecuencia e intensidad de estos desastres, por lo que es crucial estar preparados para minimizarlos. “El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación ineludible de actuar de manera coordinada para prevenir y mitigar sus efectos”, aseguran.
“Consideramos que la Junta De Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo no debe sólo ser convocada y reunirse cuando se está frente al evento riesgoso, sino que debe hacerlo periódicamente y que esté en los periodos en que no hay una catástrofe o un evento riesgoso, dedicada a planificar, organizar, prevenir y preparar a la Provincia para poder enfrentarlas con eficacia”, finalizan.