Impacto profundo. ADN
Horacio Marín confirmó en público lo que en la industria del Gas&Oil era un secreto a voces: no habrá planta de GNL. La decisión del consorcio que integra YPF venía evaluando que el proceso de licuefacción realizado en barcos sería más rápido y menos costoso, lo que además del ahorro es una ganancia en tiempo, un insumo central para un modelo de negocios que requiere recuperar pronto la inversión para crecer y solventar otros proyectos asociados, como nuevos gasoductos.
El impacto fue amortiguado por la administración provincial que salió rápido a asegurar que el proyecto no cambia, y que Río Negro seguirá siendo central para la exportación de gas licuado al mundo. El portavoz fue el propio Alberto Weretilneck, quien indicó que «la decisión de YPF no modifica en absoluto la cantidad de toneladas de GNL previstas para la exportación». Le asiste la razón. Incluso desde las empresas involucradas en el proyecto se avala ese pensamiento, al punto que indican que será mejor que lo planificado desde un inicio. También colaboró el Gobierno nacional. La Secretaría de Energía se apresuró -tras las declaraciones de Marín- y otorgó el primer permiso de exportación al consorcio Southern Energy, que encabeza Pan American Energy (PAE) junto con la noruega Golar, y al que se sumaron YPF, Pampa Energía y Harbour Energy.
Los primeros dos barcos recalarán en el Golfo San Matías, frente a las playas de El Buque en Las Grutas, en el 2027, para comenzar a procesar el gas que vendrá del gasoducto San Martín que nace en el sur y corre paralelo a la ruta 3. Una vez que se ponga en marcha el proceso, se irán sumando otros buques pero se requiere de más inversión para traer a la costa el gas que sale de la «roca» neuquina.
Pero el optimismo empresarial es inversamente proporcional a la decepción que la noticia generó en Sierra Grande, que encuentra una nueva frustración. La ciudad sería un nodo hidrocarburífero exportador, con las obras necesarias para que el oleoducto VMS genere reservas antes de enviarlas a la monoboya, y la planta licuefacción de gas. Ahora, una de esas inversiones no estará. Se pierde, según lo proyectado, una inversión de 30 mil millones de dólares y unos 5 mil puestos de trabajo.
El impacto es profundo. No solo en Sierra Grande, sino también en quienes tenían esperanzas en que se generen fuentes laborales como la UOCRA, que viene pidiendo reactivar la obra pública y ese emplazamiento era un oasis, a futuro.
La magnitud del proyecto era tan grande que el Gobierno anunció obras (mejoras en el asfalto, un hospital nuevo, refacción de escuelas, optimización del sistema de agua) para que la ciudad esté preparada para la llegada de trabajadores y nuevos negocios. En Playas Doradas, punto más próximo a Punta Colorada, se estaba moviendo el mercado inmobiliario con la compra de terrenos y viviendas, y se proyectaban hoteles. Ahora se desacelera la expectativa.
El peronismo salió a culpar al gobierno nacional. «Es una nueva traición del presidente Javier Milei y la conducción de YPF contra el pueblo rionegrino». Es lógico que haya una reacción política, ya que el debate por la planta se politizó al máximo. El error de cómo se presentó la disputa entre las provincias de Buenos Aires y Río Negro fue que, en vez de debatir por el proyecto en sí, se redujo a la «planta». Y la intervención de Milei en el programa de Fantino, asegurando que se construiría en Punta Colorada porque Kicillof «es comunista», terminó de detonar todo.
En el mundo empresarial vieron esta disputa con horror. «Se llevó al terreno político, casi individual», admite ahora un gerente petrolero y recuerda incluso los comunicados de los partidos políticos locales y el tratamiento mediático nacional. «Fue una guerra sin cuartel», dijo y acotó que «algunos hablaron de Kicillof o Weretilneck» como si se tratara de una elección. Patria o muerte. Una historia propia de la argentina.
Esa misma disputa que parece alejada ya en el tiempo, provocó que Petronas se baje del proyecto y se fuera del país. Incluso, la compañía petrolera malaya le vendió a Vista (la empresa de Miguel Galuccio) su parte en Vaca Muerta, consolidando la argentinización de la cuenca.
Además de los posicionamientos políticos de los gobernadores en relación a la Casa Rosada, también influyó el apoyo o el rechazo al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más controvertidos de la Ley Bases. Para las empresas, era una herramienta central porque despejaba de impuestos los proyectos y permitía sortear el cepo (que el Gobierno quitó a medias), posibilitando inversiones de capitales extranjeros y la transferencias de ganancias – en dólares- al exterior.
La Ley se aprobó con respaldo del oficialismo rionegrino y eso cambió el escenario. Se aceleraron los proyectos, las inversiones y las uniones de empresas en consorcios. Ahora, el país podría ser uno de los cinco «jugadores» grandes en materia de GNL. Pero como toda actividad extractivista (al igual que el petróleo y la minería), con pocos beneficios para la población. Sin la planta en tierra, todo el proceso será en barcos, y no tendrá el mismo impacto económico.
En estos días, el Gobierno está terminando de cerrar con las empresas petrolera un canon por el oleoducto, otro proyecto que comenzó sin RIGI y ahora goza de beneficios impositivos. Serán pagos anuales de unos 60 millones de dólares por un plazo de entre 10 o 15 años. Los detalles se conocerán pronto. Lo que no logró la provincia es que sea un tributo. Se pidió el 1% en regalías de la producción de petróleo que pase por el caño que va de Vaca Muerta a Sierra Grande. Ese impuesto hubiese garantizado un ingreso permanente y no acotado en el tiempo. Pero las empresas piden «seguridad jurídica» y se amparan en el RIGI. De todos modos avanzan al acuerdo, y también trabajan -junto a la administración Weretilneck- en que quede despejado el sistema tributario. Eso también requiere convencer a los intendentes a no «meter los dedos» al paso del oleoducto.
En Neuquén quedan regalías, incluso el gobierno de Rolando Figueroa se asoció al VMOS, a través de su compañía estatal petrolera, y verá los beneficios. El RIGI blinda a las empresas, pero la Casa de Gobierno quiere garantizarse los pagos. Río Negro no quiere quedar como tierra de paso y es lógico. Pero sus necesidades también son coyunturales: la recaudación cae y los ingresos nacionales también.
Al desplume de recursos que realizó Milei a las provincias se suma la caída del consumo, que impacta de lleno en la recaudación de Ingresos Brutos, en tiempo de paritarias. Y si bien a los gobiernos los ayudan los (polémicos) índices de inflación ya que compacta la discusión salarial a los números del INDEC, la torta no creció lo esperado. Ayudó el empuje del pago anual pero ya se licuó con el primer acuerdo salarial del año.
Para colmo, el ministro Federico Sturzenegger sigue despejando la «hojarasca» en su cruzada libertaria y la provincia corre riesgo de perderse el ingreso por multas. Desde el 10 de marzo, los registros del automotor no están verificando si un vehículo transferido a otro titular tiene deuda de patentes, y en consecuencia, Weretilneck emitió un Decreto para activar un convenio con el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS), con el objetivo de seguir contando con información actualizada, evitando así pérdidas en la recaudación de impuestos.
La sequía en las arcas públicas no solo tensiona un acuerdo salarial, que ya tiene particularidades como el desdoblamiento del pago de guardias y horas extra a hospitalarios para evitar el pago de Ganancias. También genera tensión en la distribución de los recursos, en tres áreas centrales: educación, salud y seguridad.
Las quejas en Hospitales no cesan por la falta de insumos y el personal que no llega. Ahora también irrumpió el debate por la comida en las escuelas. Una denuncia de un estudiante en Roca trajo a los titulares un nuevo rótulo: «manzanas podridas». El tema escaló por la reacción de la oposición y la UnTER. Tanto que el bloque tortorielista pidió la interpelación de la Ministra Campos.