Silencio y evasivas oficial en el Concejo por Navtour

(ADN).- El acuerdo extrajudicial entre la Municipalidad de Bariloche y la empresa Navtour SA, que implica el pago de un millón de dólares por parte del Estado, se encamina a convertirse en uno de los episodios más controvertidos de la gestión de Walter Cortés. La aparición ayer de la asesora letrada Yanina Sánchez en el Concejo Municipal no despejó dudas; por el contrario, acentuó las sospechas al ritmo de evasivas, inconsistencias jurídicas y una intempestiva retirada del recinto, apenas iniciadas las preguntas más incómodas.

Sánchez había sido convocada por los concejales para explicar las razones del acuerdo, alcanzado con una empresa que buscaba instalar una estación de servicio en el kilómetro 13 de Avenida Bustillo, sin contar -según los propios ediles- con los requisitos ambientales exigidos por ley. La sesión comenzó con un dato elocuente: los fundamentos técnicos del dictamen legal que respaldó el acuerdo siguen siendo un misterio. Y terminó con un hecho simbólicamente revelador: la funcionaria dejó su silla vacía y se fue del lugar, aduciendo “motivos personales”, luego de un abrupto corte en la transmisión oficial.

La primera pregunta la formuló el concejal Leandro Costa Brutten (IB), quien no ocultó su preocupación ante lo que calificó como una posible “industria de juicios exprés” en la que “un grupo de abogados gana sin ir a juicio”. Según detalló, el convenio fue avalado por una Comisión de Transacciones integrada por personas del círculo cercano al intendente. A su juicio, el acuerdo representa un “beneficio extraordinario” para los letrados intervinientes.

“La decisión final la tomó el Intendente”, se limitó a responder Sánchez, al tiempo que intentó justificar los dichos del jefe comunal en los medios, señalando que, cuando habló de “daños y perjuicios”, en realidad se refería a “una mediación judicial”. Pero su explicación no convenció. Costa Brutten repreguntó sobre la inacción del equipo jurídico municipal, compuesto por más de una docena de asesores, y cuestionó que no se haya defendido adecuadamente el interés público.

Sánchez insistió en que el fallo de la Cámara de Apelaciones, emitido en noviembre de 2023, ordenaba al Municipio reanalizar el pedido de habilitación comercial de Navtour, el cual —según ella— había sido denegado “de oficio y de manera caprichosa” por la gestión anterior. Pero tampoco ofreció claridad sobre la base jurídica para acordar semejante indemnización.

El debate subió de tono cuando se puso en foco el papel del actual vocal del Tribunal de Contralor, Damián Vila, quien fue apoderado legal de la empresa beneficiada. “Usted tiene que estudiar, doctora”, le lanzó Costa Brutten, luego de remarcar que el domicilio legal de Navtour coincidía con el estudio jurídico de Vila. La pregunta fue directa: “¿Por qué se fijó un millón de dólares? ¿En base a qué cálculo se definió semejante cifra, generando un honorario extraordinario para un abogado del entorno?”.

Julieta Wallace (IB) cuestionó con dureza que el presidente del Concejo, Gerardo del Río (PUL), no haya puesto a disposición el expediente completo del acuerdo, siendo él el representante del cuerpo en la Comisión que lo aprobó. “No hubo dictamen técnico que justifique desistir de un proceso judicial iniciado por la anterior gestión. Se dejó caer la causa y se validó un pago millonario sin sustento legal”, advirtió.

La concejal subrayó que el Municipio contaba con múltiples argumentos jurídicos para defenderse, pero eligió no hacerlo. “No hemos visto cómo se compuso ese supuesto daño. Hace una semana que lo pedimos y no tenemos respuestas”, agregó. Para Wallace, el Ejecutivo buscó “despegar” a Vila de la polémica, pese a su rol determinante en el proceso.

El dato que faltaba: una empresa sin actividad fiscal

El cierre del encuentro legislativo fue tan caótico como revelador. En medio del debate, la transmisión oficial se interrumpió repentinamente y Sánchez abandonó la sala sin mayores explicaciones.

Natalia Almonacid (JSRN) reveló que Navtour SA recién se inscribió en el impuesto a las Ganancias en noviembre de 2024, es decir, luego del supuesto perjuicio económico. “No tenía facturación, no estaba dada de alta en la AFIP, ¿cómo se cuantificó el daño?”, se preguntó.

La abogada Fiorella Scellato, asesora del Deliberante y cercana a Del Río, intervino para explicar que el reclamo de Navtour incluía “lucro cesante”, “pérdida de inversión” y “honorarios profesionales”, alcanzando una suma reclamada de 2.635 millones de pesos. Aun así, no pudo responder por qué la Municipalidad evitó una instancia judicial para defenderse.