Rechazan otras dos apelaciones oficiales contra medidas por Salud
Villa Regina (ADN).- La Justicia provincial rechazó dos recursos de apelación que formuló la Fiscalía de Estado ante amparos de pacientes contra el Ministerio de Salud para que brinde prestaciones y materiales médicos. También, desestimó una presentación que efectuó una obra social privada.
En uno de los casos, el apoderado de la provincia de Río Negro, Roberto Stella, en representación del Ministerio de Salud accionó contra la providencia judicial por la cual se impuso a ese organismo una multa de $1.000 por día de retardo, a partir del 19 de junio.
El funcionario consideró que la intimación no se ha notificado en la debida forma y también que la aplicación retroactiva provoca un “enriquecimiento ilegítimo” a favor de quien presentó el amparo.
Pero, la defensora, Andrea Alberto, en representación de la amparista, solicitó el rechazo del recurso interpuesto y la aplicación de la sanción de multa, por “el excesivo tiempo transcurrido desde la formulación del pedido, la fecha de la sentencia y los reiterados reclamos, todo lo cual ha evidenciado y comprobado el incumplimiento del Ministerio de Salud”.
En su momento, la procuradora general Silvia Baquero Lazcano señaló que el recurso de apelación no posee chances de prosperar, porque no se ha cuestionado el fondo de la decisión, sino que los únicos agravios que forman parte del mismo se refieren exclusivamente a la sanción de multa.
Otro caso derivó de la sentencia del juez barilochense Cristian Tau Anzoátegui, que ordenó al Ministerio de Salud que entregue a un paciente discapacitado el sistema para un implante coclear.
Por su parte, el apoderado de la Fiscalía alegó que no existe reticencia por parte de la administración e informó respecto del trámite administrativo (Nº 128.280-S-2014) en el que se gestiona autorización para realizar el noveno intento de contratación directa para la adquisición del implante solicitado dado que en los anteriores llamados las ofertas no resultaron convenientes o no se ajustaron a lo solicitado.
Se puntualizó que la dificultad radica en el costo estimado del elemento, U$S 20.000 y que en virtud de la moneda de venta, deben contar con las autorizaciones respectivas las cuales hacen más holgado el tiempo del trámite. Finalmente indica que el exiguo plazo del mantenimiento de las ofertas por parte de los proveedores también han provocado el retraso. (ADN)