La Ventana Indiscreta.● Javier García Guerrero

En Canadá el 83% de las mujeres con discapacidad se enfrentará a una situación de asalto sexual a lo largo de su vida. En el 49% de los casos encuestados habían sufrido 10 o más incidentes semejantes. El 45% de las pacientes psiquiátricas ambulatorias informaron haber padecido abusos sexuales durante la infancia, en los casos en que adicionalmente fueron indigentes, el riesgo alcanzó al 97%. Otros estudios realizados en Nicaragua, mostraron que el 98% de las mujeres con discapacidad sufrió abusos sexuales reiterados.

En USA el 18% de las mujeres violadas al año tienen sesenta años o más, 1/3 de ellas aumentó su consumo de alcohol y aceleró la demencia senil o el Alzheimer que padecían, 2/3 murió dentro del año posterior al hecho. ¿Y en la Argentina?, no lo sabemos, se ocultan los registros que resultan inconveniente al poder, olvidando que como dijo Bacon “»La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad.» Como dijo CFK respecto del INDEC frente al Premio Nobel Josep Stigliz por la cadena nacional “si hay que truchar, truchamos todos” legitimando la transformación de la información pública en secreto de estado, burda falsificación o arma arrojadiza para la réplica asimétrica contra los opositores políticos, impidiendo conocer o discutir incluso los guarismos epidemiológicos. Sin embargo: es necesario saber para prever, a fin de poder.

Río Negro con la mayor incidencia de abusos sexuales contra niños y adolescentes de la Argentina, una tasa de femicidio un 50% superior a la media nacional, con las últimas leyes nacionales y provinciales de beneficios laborales para discapacitados sin reglamentar y sin presupuesto, práctica una política espartana de abandono de los débiles a su suerte. A pesar de que la violencia de género afecta a las personas con discapacidad o padecimientos mentales con una frecuencia cinco veces superior al promedio según demuestran entre otros los estudios los realizados en Navarra (España), en Río Negro no existen programas focalizados para afrontar esta problemática. La Defensora del Pueblo rionegrino al revisar las inspecciones que debieron realizarse en los establecimientos geriátricos habilitados para Adultos Mayores el Alto Valle sobre un total establecido por la ley D Nº 3.640, Art. 17 de 210 inspecciones durante 2012 y 2013, determinó que sólo se había realizado 12 verificaciones y ninguna de seguimiento de recomendaciones.

El estado provincial no prioriza generar información, investigación, formación ni control sobre los riesgos detectados ni para gestionar las derivaciones sociales, judiciales y sanitarias que ocasionan este tipo de delitos. El cuantioso provecho económico derivado del ejercicio de actividades ilegales conexas como la explotación sexual infantil, el narcotráfico, la trata de personas, el turismo sexual, la venta de material pornográfico, el saqueo de los bienes de los inhábiles, etc. por parte de los criminales y de sus cómplices. La sordidez de estos temas que colocan a nuestra sociedad frente al distorsionado espejo de la perversión les resta atractivo mediático, a menos que se trate de buscar indicios de “inmoralidad e imprudencia” en la propia víctima. El lugar de la discusión sobre estos graves temas es ocupado por la distribución de errores en el pasado en la discusión política y en los noticieros por la difusión compulsiva del futbol, de las aficiones y adicciones de la “beatiful people” o la concesión del habeas corpus a la orangutana Sandra. En el plano provincial la dirigencia satura el éter con las giras de reparto de subsidios, inauguraciones o donaciones de hasta “veinte sábanas para el hospital” a las que se dedican fotos y notas de agradecimiento, mientras nos auguran un “promisorio pasado”. Las marchas populares de la Multisectorial en Cipolletti en contra de la protección brindada a abusador Fabián Villanueva o los abusos en el Jardín de Infantes, en San Antonio por el caso Morelli, en Viedma por el caso Karen, por David el menor de 13 años hallado muerto en la cantera de Bariloche, etc. son muestras claras de que los sectores populares tienen conciencia del riesgo cierto que corren nuestros menores sobre los que asechan delitos como estos y otros muchos más casos trágicos que se han ocupado la atención pública en la provincia durante los últimos 6 meses.

Son nulas las medidas de protección y prevención adoptadas en los hospitales públicos y otras dependencias sanitarias, de seguridad o penitenciarias para evitar la reiteración de las violaciones de internadas y muertes de menores que fueron objeto de múltiples denuncias. Resulta inusitada la reiteración de estos delitos en perjuicio de personas disminuidas en su capacidad de defensa que se encuentran confinadas y bajo la tutela del estado.

Las fallas de Infraestructuras, recursos humanos, procedimientos y prácticas del Poder Judicial rionegrino son inexcusables. Las víctimas y testigos de delitos violentos, son cotidianamente expuestos sin el necesario resguardo previsto por las leyes vigentes y protocolos internacionales a condiciones inaceptables e incompatibles con el ejercicio de la defensa de sus derechos vulnerados y con la protección necesaria para evitar su victimización secundaria (revinculación con los victimarios) y terciaria (estigmatización). A las recurrentes filtraciones de las identidades de los testigos “protegidos” y las continuas filtraciones del “secreto del sumario” desde las propias computadoras de los jueces infiltradas por el microemprendimiento familiar chapucero de la “inteligenzia” local, se suma la inobservancia de las pautas internacionales y se vulneran muchas de normas vigentes al respecto. En efecto, en los casos de delitos sexuales que involucran a menores en el Poder Judicial de Río Negro se hace caso omiso de las recomendaciones de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, de las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, de la “Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos” de UNICEF para prevenir el estrés, el efecto postraumático y nuevos grados de victimización. En dichos manuales se detallan procedimientos para una gran diversidad de momentos y aspectos, desde la recepción de la denuncia inicial por parte de la policía, la revelación del hecho en la escuela, hospital u organismo de protección, hasta el seguimiento de la niña, niño o adolescente con posterioridad al cierre del caso. También se incluyen objetivos de la atención inicial, los recaudos a tomar en el examen profesional, la protección de sus derechos, acceso a la Justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso. Tampoco se siguen las especificaciones edilicias, sobre el equipamiento, mobiliario, condiciones ambientales y condiciones de contorno en general que son sistemáticamente ignoradas y transgredidas en la actuación judicial local. Las pautas internacionales recomiendan la grabación en soporte audiovisual del acto procesal con un grado de definición, ampliación y procesamiento que mediante el uso de la “prueba anticipada” permita realizar un análisis exhaustivo posterior a través de las sucesivos pasos judiciales en los que se analicen los hechos, sin tener que repetir las entrevistas en cada instancia. Muy claramente se establecen garantías respecto de los circuitos independientes por donde los testigos y víctimas deberían transitar preservados de encuentros con los victimarios o sus representantes y allegados a la espera de alguna actuación, con el propósito de aventar todo tipo de contacto eventual que pudiera actuar como factor de presión sobre la víctima. A tales efectos se dispone la instalación de Cámaras Gesell que están constituidas estilizadamente por dos habitaciones comunicadas a través de una ventana dotada de un espejo que permite la observación unidireccional, que se potencia por el uso de dispositivos de comunicación y registro multimedial. Como en la película de Alfred Hitchcock, “La Ventana Indiscreta” el esquema habilita la observación asimétrica y asincrónica a la totalidad de los actores previstos por el proceso, evitando su irrupción en la escena de la entrevista analizada, reduciendo los condicionamientos o contaminaciones de la misma.

A título ilustrativo se agregan a este artículo con fines comparativos imágenes de la Cámara Gesell de los Tribunales de Viedma y otra desarrollada por la Universidad Maimónides como modelo. La Cámara Gesell de Viedma que se observa en la fotografía, es un cubículo de aproximadamente 8 m2 de superficie disponible para el escritorio y los entrevistados, donde la puerta no alcanza un ángulo de apertura de 90º con un ancho que impide el acceso de sillas de ruedas, que se climatiza con un calefactor y no dispone de un espacio ni condiciones ambientales mínimas para que los niños puedan desarrollar juegos y desplegar su palabra. Tampoco cuenta con los elementos lúdicos apropiados que resulten compatibles con las especificaciones aludidas. El registro de entrevistas, en muchas ocasiones es parcial o de baja calidad de edición y se realiza con una única cámara analógica que impide acceder a perspectivas alternativas sobre la totalidad del lenguaje gestual, los microgestos, etc. Resulta imposible realizar acercamientos o congelamiento de imágenes desde distintos ángulos para observar detalles, relativizando de manera importante la validez y utilidad de los resultados emergentes. Las películas y series de televisión de distintos países ponen en evidencia la amplia utilización de las Cámaras Gesell con varias cámaras para captar todo tipo de testimonios e interrogatorios, ruedas de identificación y reconocimientos de sospechosos, declaraciones de víctimas e imputados en sedes policiales y judiciales, a través incluso de videoconferencias para evitar traslados y disponer de registros multimediales, para la realización de análisis, pericias simultáneas y posteriores, etc. En nuestras latitudes eso está lejos de concretarse. Para conducir las entrevistas los profesionales intervinientes deben tener formación, acreditación y experticia en la temática de Violencia de Género y Abuso Sexual Infantil de la que carecen la inmensa mayoría de los responsables en la jurisdicción rionegrina. Es oportuno recordar que los niños no son objetos, sino sujetos de derechos, según afirma la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, y aprobada por nuestro país por ley 23.849. La reforma constitucional de 1994, incorporó este concepto al artículo 75 inciso 22, por lo que adquirió jerarquía constitucional. La mayoría de los menores son interrogados en lugar de entrevistados afirma el Dr. Carlos Rosanski, nativo y ex juez de Bariloche, “el nivel de trauma que vive la criatura abusada no permite que se siente en el juicio porque los que interrogan son extraños y en segundo lugar no está en condiciones de ser interrogada». La Convención de los Derechos del Niño garantiza en su artículo 12 el derecho a ser oído. «Yo sostengo que sentar a una criatura donde no debe estar es violar el derecho a ser oída porque se lo silencia. El derecho a ser oído es crear condiciones para que la víctima pueda ser escuchada”. «Oír a la víctima no es poner la oreja: es crear condiciones adecuadas para que se exprese según su etapa evolutiva y su nivel de trauma que le permitirá expresarse mediante el juego, el dibujo o la palabra», una decisión que debe evaluar el especialista. El interrogatorio a niños víctimas de delitos sexuales y maltrato psíquico y físico en el ámbito tradicional de intervención judicial resulta violatoria de la normativa contenida en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”. El psicólogo no es un agente de control social, ni un policía de familia y es su función promover -por el contrario- un espacio de libertad para el despliegue de la palabra que bien puede ayudar al menor a la expresión en un marco de libertad y confianza.

Según el Lic. Mariano Nino de la Asociación de los Derechos Civiles, «no alcanza con que el profesional sea psicólogo para realizar las entrevistas de la mejor manera posible, sino que tiene que estar especialmente capacitado, y eso es lo que no hay. En ningún lugar de la Argentina hubo actividades estructuradas y sistemáticas de capacitación y también hay conflicto en los roles. En algunos lugares sí son psicólogos o profesionales de la salud mental los que toman estas entrevistas, pero en otros no. Es claro que la tarea sigue siendo de investigación penal, pero le tenés que agregar la protección del niño, entender su desarrollo evolutivo, las cosas que puede contestar y las cosas que no, no hacerles preguntas intimidantes. No alcanza con ser psicólogo». Tampoco se dispone en el ámbito judicial de suficiente cantidad de psicólogos especialistas que puedan comunicarse a través de lenguaje de señas o los medios que resulten idóneos para canalizar las denuncias y peritajes de las personas discapacitadas o limitadas en su autonomía que resultan tan frecuentemente afectados por los mencionados delitos.

La situación descripta evidencia que hemos cedido demasiado terreno a una burocracia ineficaz, colonizada por una visión del poder excluyente, machista y misógino, que relativiza el cumplimiento de las leyes volcando sobre los más vulnerables que debe resguardar, el peso de los influyentes y grupos de presión a los que sirve. La reserva del monopolio de la violencia por parte del estado implica la obligación ineludible de que otros actores no estén en capacidad de ejercer la violencia impunemente sin ser alcanzados por la fuerza punitiva de la ley que debe ser justa, proporcional y oportuna. Cobran renovada vigencia las palabras de Sigmund Freud cuando afirmó que «El primer requisito cultural es el de la justicia, la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado» y de Montesquieu “La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado”

Lic Javier García Guerrero

Disertante de Jornadas y Congresos Nacionales de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, Congresos Internacionales de la Facultad de Psicología UBA y del COSAPRO del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.@JavierGGuerrero