Presentan proyecto para expropiar tierras para el barrio Obrero en Cipolletti
Cipolletti.- Los legisladores César Miguel (bloque “Nestor Kirchner”- Frente para la Victoria), Silvia Horne, Jorge Ocampos (CC-ARI) y Juan Garrone (Eva Perón) presentaron un proyecto de ley para declarar de utilidad pública sujeta a expropiación una parcela en Cipolletti, para ser destinadas a un loteo social que permita la construcción de viviendas sociales.
Se busca establecer que “es sujeto expropiante la municipalidad de Cipolletti, que acordará el pago de los gastos que demande la expropiación de acuerdo a lo establecido por la ley con la Asociación Civil Barrio Obrero, de acuerdo a las pautas y condiciones que ambas partes fijen a tal efecto, cuya parcela será destinada al único y sólo efecto de lotes sociales para vivienda única y permanente”.
La norma procura además crear la Comisión Mixta de Regularización Dominial Barrio Obrero, que quedará constituida por dos representantes de la Asociación Civil Barrio Obrero, dos del Poder Ejecutivo cipoleño y uno del Instituto Provincial de Planificación y Vivienda (IPPV).
Explicaron que desde el año 2009, un grupo de familias comenzó a habitar parcelas que se encontraban en situación de abandono y avanzaron otorgándole identidad propia denominándolo “Barrio Obrero”.
“El barrio, ocupado por 462 familias, se encuentra organizado con sus respectivos loteos y adjudicaciones precarias, por lo que cada vecino posee un sitio acorde para el desarrollo de su vida familiar, con parcelas de uso común”.
“Nos encontramos frente a un grupo de vecinos que frente a su necesidad básica de conseguir vivienda han hecho de una ocupación una verdadera organización vecinal que les ha permitido cumplir el sueño de la casa propia”, señaló César Miguel.
El parlamentario destacó “la dignidad de los vecinos que no quieren que se les regale nada, tanto que desde hace un tiempo han constituido un plazo fijo dinerario para afrontar este gasto”.
Por ello, se propone la creación de la Comisión, de acuerdo a lo establecido por la Ley de expropiación.
“Así, el propio Estado garantiza un derecho humano fundamental sin ver afectado el erario público”, concluyó Miguel. (ADN)