House Vial: ocupantes podrán entrar y salir del predio libremente
Roca (ADN).- La Policía de Río Negro deberá permitir la libre circulación de las familias que desde hace 25 días ocupan el predio de las 167 Viviendas de General Roca en reclamo de respuestas concretas a los damnificados en el marco de la causa House Vial.
Esa decisión fue confirmada ayer por una resolución de la Cámara en lo Criminal N°1 que hizo lugar a un recurso presentado por los abogados que representan a las familias que actualmente ocupan las 87 unidades habitacionales que se encuentran finalizadas.
De esta manera, la Cámara integrada por los jueces María del Carmen Vicente, Carlos Ernesto Vila Llanos y Julio Martínez Vivot en un fallo divivido resolvió revocar la medida cautelar adoptada por el juez de Instrucción Daniel Tobares, quien había ordenado a la Policía de Río Negro que impidiera el acceso al predio a nuevas personas y que además se impidiera el reingreso de aquellas personas que optaron por instalarse en el interior de las viviendas.
Tobares, en su momento, había explicado que la orden estaba destinada a hacer cesar drásticamente los efectos del delito, admitida por los ordenamientos procesales, puesto que la autoridad judicial tiene la obligación de evitar que se sigan cometiendo delitos y de impedir que los cometidos lleguen a consecuencias ulteriores.
Los jueces Vicente y Vila Llanos consideraron -dando lugar al planteo de los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren- que la medida cautelar dispuesta es ofensiva y contradictoria de los principios de razonabilidad y del respeto por la dignidad humana, ya que en efecto, por un lado no va dirigida a frustrar la toma de las viviendas en cuestión, que aparece a todas luces como ilegitima; sino a impedir el derecho de reingresar a la vivienda tomada, una decisión que puede tener el sano propósito de dirigirse a lograr el desalojo no coactivo de aquellos que prima facie aparecen cometiendo el delito de usurpación.
Sin embargo, consideraron los magistrados, no puede tener el alcance indirecto de coaccionar a sus destinatarios, a no ejercer otros derechos constitucionales de los que no pueden ni han sido privados, so riesgo que de hacerlo, perderán toda posibilidad de continuar con la ocupación de los inmuebles, a los que con razón o sin ella, se creen con derecho.
«Un proceder así instrumentaliza a las personas, les niega su condición de tal, y conlleva el grave riesgo de que la afectación no se limite a la restricción de la libertad ambulatoria, sino el derecho a la salud psíquica y física de quienes se ven constreñidos del modo predicado», argumentaron Vicente y Vila Llanos, quienes votaron por la revocación de la cautelar adoptada, «sin perjuicio de la decisión que pudiera en un futuro adoptar el Juez de Instrucción respecto de la aplicación de otra que sí se ajuste a derecho». Vivot por su parte se abstuvo de emitir opinión.
En tanto, referentes de los damnificados confirmaron que ya las 87 casas del predio se encuentran ocupadas y que un gran porcentaje de los ocupantes ha ido trasladando, muebles, electrodomésticos y otras pertenencias a las viviendas y se adelantó que en el transcurso de los próximos días comenzarán a solicitar formalmente las conexiones de los servicios, especialmente del agua y de la energía eléctrica, algo que se espera derivará en una negativa de las empresas por la situación de los inmuebles y posiblemente genere la presentación de recursos de amparos de los ocupantes para que se les permita acceder a los servicios básicos. (ADN)