Proponen excluir a funcionarios políticos de cobrar incentivos laborales
Viedma.- Un proyecto del legislador Alejandro Betelú, propone modificar artículos de las leyes 3925 y 4464, de incentivo a la mayor actividad laboral en la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro y en la Secretaría de Trabajo, para que queden expresamente excluidos de los beneficios de esas normas los funcionarios que cumplen tareas políticas en ambos organismos oficiales.
El autor de la iniciativa, legislador radical Betelú, consideró necesario limitar la percepción de esos beneficios salariales a la planta de funcionarios políticos pertenecientes a ambos organismos públicos, con el propósito de “salvaguardar el objetivo o propósito para el cual este sistema de incentivos ha sido creado, evitando que con los mismos se siga beneficiando a los funcionarios de turno, lo que contribuiría a sostener una inequidad salarial que, por estos momentos sociales y políticos por los que atraviesa nuestra región, resultan inexcusables”.
Aludiendo a los fundamentos de una propuesta de ley impulsada en el año 2013, Betelú consignó que “los fondos estímulos de éste y otros organismos han sido creados como una manera de incentivar a los agentes de los organismos a convertirlos en más eficientes, de respuesta rápida y estimular a aquellos que demuestran estar más comprometidos con la tarea y con el organismo en sí”.
Agregó que ”estos adicionales, estímulos o reconocimientos habitualmente han sido pensados para los agentes de carrera dentro de la administración pública, ya sea que se trate de personal de planta permanente o contratado y también es cierto que en alguna época ha sido una forma de compensar monetariamente a funcionarios, cuyos salarios seguían la misma pauta salarial que los agentes no revistaban en la grilla de autoridad superior”.
En la nueva iniciativa, Betelú resumió: “Estoy presentando a consideración del Parlamento rionegrino este proyecto de ley que propicia modificar las leyes L 3.925 y L 4.464, de manera tal que queden expresamente excluidos de los beneficios que estas normas otorgan los funcionarios que cumplen tareas políticas tanto en la Secretaría de Trabajo y sus delegaciones, como en la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas”.
El legislador recordó que “desde hace ya unos años nuestra provincia cuenta con un sistema de incentivos destinados a beneficiar a empleados o agentes de diversos organismos del Estado. Así, los agentes de la Secretaría de Trabajo, del Registro Civil y Capacidad de las Personas y de la actual Agencia de Recaudación Tributaria, perciben un sistema de incentivos que, bajo diferentes denominaciones, privilegian, las tareas desarrolladas por los agentes públicos en esas áreas del Estado”.
Destacó que “los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para implementar estos sistemas de incentivos han sido la jerarquización de los empleados ante los incrementos de tareas y la implementación de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación”.
En cambio, señaló que “a la luz de las nuevas circunstancias que rodean a la planta de funcionarios políticos del gobierno actual, considero que este sistema de incentivos de orden remuneratorio amerita una nueva revisión. Me estoy refiriendo, por caso, a los denominados vulgarmente “megasueldos” que en la actualidad perciben los funcionarios políticos del gobierno provincial, a lo que podemos sumar las denuncias por doble percepción de haberes e incompatibilidades en el marco de la Ley L 3550, de Ética e Idoneidad de la Función Pública”.