Jefes, más que cómplices
Buenos Aires (Carlos A. Villalba. Miradas al Sur).- Una sociedad es algo mucho más complejo y menos lineal que una estructura militar. Un sistema económico y social es mucho más sofisticado que la junta de directores de una empresa; incluye instituciones y organizaciones estatales, civiles y privadas, normativas, creencias, ideales…, y una ideología que empuja el pensamiento, a pesar de cada uno, hacia los intereses de los sectores más poderosos.
Cómplice es el responsable penal de un delito, no por haber sido autor directo del mismo, sino por haber cooperado en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Muchos empresarios y gerentes fueron “cómplices” en delitos de lesa humanidad: mandaron a matar rivales, denunciaron trabajadores que después desaparecieron, hasta participaron de interrogatorios en salas de tortura. La derogación de las leyes de impunidad permitió abrir un proceso de enjuiciamiento y condena contra los mandos militares, muchos de los cuales permanecen detenidos por graves violaciones a los derechos humanos y hasta fallecieron en condición de condenados por ello. Sin embargo, los responsables civiles del proceso de destrucción del patrimonio nacional –que necesitó de esas violaciones– no estuvieron en el ojo de la Justicia, con excepciones, como las de José Alfredo Martínez de Hoz, quien falleció con prisión preventiva domiciliaria por su “presunta” vinculación con el secuestro de los empresarios Gutheim, o Jaime Smart, ministro de Gobierno del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, el ex general Ibérico Manuel Saint Jean.
Los grupos económicos concentrados –la oligarquía–, como sostén del sistema y beneficiarios del mismo, fueron responsables de los hechos; sus hombres fueron jefes de lo actuado. Martínez de Hoz es solo un emergente, tal vez el más exacerbado –gerente y oligarca–, de ese proceso en que los intereses económicos se alinearon con la dinámica impuesta por las transnacionales. Se situaron en el puesto de mayor jerarquía y tuvieron la autoridad, no siempre documentada, de decidir y exigir acciones y, desde ya, de financiarlas.
Es muy ilustrativa la forma en que Juan P. Bohoslavsky y Horacio Verbitsky trabajan el tema en su libro sobre Los cómplices económicos de la dictadura. Usan variaciones nominales como “coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices, beneficiarios” y destacan uno de los fundamentos del auto de procesamiento contra el presidente del Ingenio Ledesma de Jujuy, Pedro Blaquier (que acaba de ser revocado por la Cámara Federal de Casación Penal Nº IV), que apuntan a la estructura de los hechos. El juez federal Fernando Poviña consideró el 15 de noviembre de 2012 que “los encarcelamientos, torturas, asesinatos y de¬sapariciones de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico-militar”, buscaron la “instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, además de intentar la “preservación de una determinada ideología”. Es decir, defendieron un sistema, además de sus propios intereses empresariales.
En el plano nacional, Martínez de Hoz ya había adelantado a los jefes militares que “no es factible pensar que puedan tener vigencia las condiciones ideales de libre contratación entre la parte obrera y la empresarial para la fijación del nivel de los salarios”, al exigir que se suspenda “toda actividad de negociación salarial entre los sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios de acuerdo con índices preestablecidos”. Durante las primeras horas del golpe, la ferocidad de los genocidas, por ejemplo, secuestró y desapareció a doscientos delegados de base sólo en Córdoba y produjo centenares de arrestos y desapariciones en la estratégica franja industrial que iba desde el Gran Rosario hasta San Nicolás. Triste récord, el de la clase trabajadora cuyos hombres y mujeres nutren el 46 % de los detenidos-desaparecidos por la dictadura de los grupos económicos y sus Fuerzas Armadas.
Ya en funciones, la dictadura mostró rasgos claros de su carácter: participación inédita de cuadros orgánicos de los grupos económicos más destacados, con clara visión de los intereses de su clase y de sus intereses y fuerte presencia complementaria de miembros de alto nivel de las Fuerzas Armadas, integrados en las máximas responsabilidades de gestión, incluso las económicas.
Villa Constitución. Algunos instalan al plan piloto del golpe del ’76 en la localidad santafecina de Villa Constitución, ubicada a 68 km de Rosario y 285 km de Buenos Aires; para más datos, lo fechan el 20 de marzo de 1975 cuando las fuerzas de seguridad nacionales reprimieron con violencia la huelga de los metalúrgicos, los trabajadores en general y del pueblo del lugar. Fue el acto final de una huelga de 59 días llevada adelante en la planta de Acindar, encabezada por Alberto Piccinini, secretario local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), opuesto a la línea dialoguista de Lorenzo Miguel. Martínez de Hoz, a cargo de la empresa, convenció al ministro del Interior, Alberto Rocamora, se declaró la ilegalidad de la huelga y llegó la represión.
Numerosos huelguistas fueron secuestrados, sometidos a simulacros de fusilamiento muchos y otros, con menos suerte, directamente asesinados. Trabajadores y militantes de las organizaciones que apoyaban el accionar de los metalúrgicos fueron detenidos –unos 300– para integrar las listas de presos políticos que se multiplicarían 12 meses después. Las denuncias aseguran que las instalaciones de la fábrica se convirtieron en el primer “centro clandestino de detención” –con una veintena de desapariciones– de lo que sería un plan sistemático poco después.
Un año y una semana después, Martínez de Hoz presentó los lineamientos centrales del experimento económico que deterioró la vida de la sociedad argentina a lo largo de décadas, y hasta hoy. Con el golpe de los Grupos, comenzó una etapa de “valorización financiera”, opuesta al funcionamiento de una economía de producción y trabajo. La lógica de una supuesta “inserción económica basada en la ventaja comparativa”, empujó a la producción económica hacia su primarización, con sobrevalorización financiera y abandono de todo tipo de industrialización. Con otra vuelta de tuerca liberalizó el mercado y empujó el crecimiento de un grupo de bancos que realizaron grandes negocios gracias a su reforma financiera de 1977. La rentabilidad del sector creció y lo alejó del desarrollo económico. La “tablita” del ministro fue la hoja de ruta de los negociados y la descapitalización nacional.
Eso sí, Martínez de Hoz aclaró cuáles serían los dos rubros a los que se limitaba el dólar más barato de aquel entonces: importación de combustibles y papel prensa. Eligió un método –además de la expropiación bajo tortura de las acciones de la única fábrica de papel prensa– que le permitiría llevarse bien con los dueños de diarios y, también, con los petroleros; subsidiados por el Estado ambos. Otra perlita fue estatizar, con un sobreprecio y como ministro, una “empresa de capital privado” como era la Italo, de la que acababa de ser director.
Todo estaba en marcha. Los muertos enterrados, los secuestrados desaparecidos, los presos entre rejas, los trabajadores con sus condiciones diezmadas, las industrias destruidas y el “deme dos” de la plata dulce causando la sonrisa fácil de un día, que después pagarían durante décadas todos los argentinos, generación tras generación.