«Sería un gran error que la Argentina retrocediera en DDHH»

Buenos Aires.- Reportaje de Tiempo Argentino a Fabián Salvioli. El abogado oriundo de la plata preside el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los logros del país, su impacto internacional y los desafíos.

Desde Ginebra, Suiza, donde funciona la sede de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli se toma unos minutos entre sesiones para dialogar con Tiempo Argentino. El reconocido abogado argentino, nacido hace 51 años en La Plata, fue elegido días atrás como presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo integrado por 18 especialistas y encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Tras ocho años en el Comité, Salvioli fue elegido por unanimidad para encabezar el organismo hasta 2016. Orgulloso, pero con mucha modestia, consideró su elección como una consecuencia del trabajo y las luchas de los organismos de Derechos Humanos.

«Son muy respetados y cuando un argentino se presenta a estas temáticas la comunidad internacional lo mira con buenos ojos», indicó. De todos modos, pidió estar atentos a «lo que falta en Derechos Humanos», como garantías de pueblos indígenas, violencia institucional y en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

–¿Cómo tomó la designación?

–Es un tremendo orgullo esta elección, por supuesto, pero sería soberbio si pensara que se debe exclusivamente a mí. Tiene que ver con una gran cantidad de factores, entre ellos, los maestros que tuve a lo largo de la carrera, mis compañeros y el apoyo de más de 60 organizaciones no gubernamentales. Hoy estoy donde estoy por ese apoyo. Además, en el seno de las organizaciones internacionales, personas como Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel o Juan Méndez (quien fue asesor Especial para la Prevención del Genocidio de la ONU), por mencionar a algunos, son naturalmente muy respetados, y por cierto, cuando un argentino se presenta a estas temáticas, en general la comunidad internacional lo mira con buenos ojos. Uno aprovecha la credibilidad que tantos defensores y defensoras de DerechosHumanos de la Argentina.

–El Estado argentino también aparece en los últimos años impulsando muchas de estas discusiones.

–Todas las cosas contribuyen: la Argentina ha jugado un rol clave en la Convención por desaparición de personas, trabaja activamente en el Consejo de Derechos Humanos y siempre propicia temáticas importantes para la comunidad internacional, como el debate del impacto de la deuda externa en el disfrute de los Derechos Humanos. Hay una buena cantidad de argentinos que están en organismos internacionales y actúan de una manera excelente.

–¿Cuál es el rol del Comité?

–Examina la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los 168 Estados miembros. En esta sesión tenemos una agenda muy cargada con Rusia, Camboya, Costa de Marfil, Mónaco, Chipre y Croacia. Va a haber además 25 casos de personas que alegan ser víctima de violaciones a los Derechos Humanos en distintos países. Argentina fue objeto de decisiones de algunos casos individuales. Uno de ellos tenía que ver con la negativa de brindar el servicio de aborto a una niña violada en la provincia de Buenos Aires. Fue objeto de medida de reparación el gobierno de la provincia pidiéndole disculpas públicas a la familia por no haber garantizado el acceso a ese aborto no punible y haber generado violación a la integridad psíquica y física, tanto de la niña como de su familia.

–En lo puntual, ¿cuál es tu labor como presidente?

–Establecer una agenda de trabajo y, por supuesto, fijar las políticas que se quieren impulsar. En ese sentido, creo que el comité tiene que profundizar su política de género, tiene que mejorar política de reparación, de seguimiento de observaciones finales y ser más riguroso en su jurisprudencia. Estoy impedido de participar en cualquier cuestión de Argentina por una razón de imparcialidad. Aunque, por supuesto, nosotros nos desempeñamos como expertos independientes, no recibimos órdenes ni instrucciones de ningún Estado. Actuamos a título personal. En estos seis años nunca el Estado argentino ha interferido en mi trabajo ni yo mismo permitiría que interfiriera.

–¿Cómo se percibe internacionalmente la política de juzgamiento de los crímenes de la dictadura?

–En líneas generales, se ve con mucho agrado lo que tiene que ver con la política de memoria, verdad y justicia que se está implementando con el juzgamiento de violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura. Es fundamental abordar todas las cuestiones que tienen que ver con estas violaciones y esto implica no sólo a los autores materiales sino también las responsabilidades intelectuales y políticas, que están detrás de esas violaciones a través de la aplicación del Código Penal, como corresponde. Es un proceso inédito y que creo que va a ser imitado y seguido por otros países. Lo fue en 1983 cuando el gobierno de Alfonsín decidió impulsar el histórico juicio a las Juntas Militares y también lo es ahora, con el progreso de los juicios, no sólo contra militares sino también contra responsables civiles, incluso sacerdotes. Creo que marca un punto alto en materia de memoria, verdad y justicia, y estoy absolutamente seguro de que los países que quieren progresar en el respeto y garantías de los Derechos Humanos tienen que imitar esa política.

–En la región se percibe más difícil avanzar con estos juicios. ¿Cuál es su lectura?

–Hay que tener en cuenta que son procesos históricos. ¿Quién hubiera pensado hace 25 años que (Efraín) Ríos Montt iba a ser juzgado en Guatemala; que (Alberto) Fujimiori iba a ser encarcelado en Perú, que (Augusto) Pinochet iba a ser desaforado y (Alfredo) Stroessner se refugiaría en otro país para evadir ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Los dictadores saben que el que las hace las paga. Siempre hay dificultades en avanzar en estos procedimientos pero creo que son caminos que se recorren y que no hay vuelta atrás. Sería un gran error que los países, y particularmente Argentina, retrocedieran.

La ONU y el franquismo

–En la Argentina, la justicia federal lleva la única causa penal por los delitos del franquismo en España. Sin embargo, el gobierno y la justicia española se oponen a la investigación de esos hechos y a la extradición de los acusados. Han señalado incluso que son delitos que han prescripto. ¿Cómo analizan esa situación?

–Naturalmente, en los casos que hay crímenes de lesa humanidad, por definición, no se puede decir que hay prescripción. La discusión estará si identificamos a algunos de esos hechos como de lesa humanidad. Algunos órganos de Naciones Unidas ya se han expedido lo suficiente; el Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada sacó un informe que creo que es muy contundente. España ahora tiene que rendir cuentas ante el Comité en julio, así que este tema se va a discutir con el Estado y el comité adoptará sus observaciones finales.

El riesgo que traerán las Tasers

–La Ciudad impulsa la utilización de armas Taser en la Policía Metropolitana. Las organizaciones Naciones Unidas y Amnistía Internacional las considera un elemento de tortura. ¿Qué análisis hace de la decisión macrista?

–Toda política de Estado, sea nacional, provincial o local, tiene que ajustarse a los estándares internacionales de Derechos Humanos. Porque si luego, como resultados de esas políticas, se cometen violaciones a los Derechos Humanos, el Estado tiene que responder internacionalmente. En este tipo de situaciones, sobre el uso de armas, lo mejor es hacer una consulta en los órganos internaciones sobre la compatibilidad. Si esto no se hace, la Argentina corre riesgo de generar y obtener una condena internacional.

Deudas y deficiencias

Además de los puntos mundialmente reconocidos y valorados de la experiencia nacional, el experto platense también se refirió a lo que consideró las deudas de la Argentina en la materia.

«En Derechos Humanos siempre hay que mirar lo que falta. En ese sentido, nuestro país tiene serias deficiencias en garantías de pueblos indígenas, en los tratos en comisarías, cárceles y centros de detención. También en la necesidad de investigar los casos de tortura como algunos de los aspectos en los cuales aún falta avanzar y, naturalmente, en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales», detalló Salvioli.