A siete años del doble asesinato de “Las Dos Rotondas” en Sierra Grande

Viedma (ADN).- La imputación al Fiscal General Marcelo Alvarez por apremios ilegales y abuso de autoridad, trae nuevamente a la realidad el caso conocido como el crimen de “Las Dos Rotondas” de Sierra Grande, cuando el 25 de septiembre del 2008, fueron asesinados dos ancianos. Aquella investigación presurosa por encontrar un culpable hizo recaer su peso en un joven inocente, detenido, que recibió apremios ilegales en los interrogatorios por parte de policías en presencia del fiscal Alvarez.

Algo pasa en la Justicia de Río Negro y se percibe un malestar interno que dejó de ser “una sensación” y se muestran peleas e intrigas palaciegas que hacen al menos poner en duda su eficiencia y eficacia. Elevar a cinco el número de jueces del Superior Tribunal al parecer no dio resultados, hay perezas, recelos, juego de vanidades y nadie puede decir hoy con certeza cuál fue el beneficio para los rionegrinos.

La situación del juez Juan Bernardi no es menor y más allá de la investigación en marcha sobre su responsabilidad en la causa por prostitución de menores, el magistrado ahora suspendido habló de “represalias por mi actividad jurisdiccional”.

Otro hecho que no puede pasar inadvertido es que Bernardi pidió a la jueza Liliana Piccinini, presidente del Consejo de la Magistratura –que suspendió al camarista- que se excuse de tratar su tema en virtud de que siendo juez penal condenó al hijo de Piccinini por un haber generado un accidente automovilístico durante unas “picadas”. Nadie dijo “esta boca es mía”.

Así hay enfrentamientos entre camaristas, no existe “buena onda” con la Procuradora General desde el Superior Tribunal e incluso viejas inquinas que se pueden rastrear en años porque esta Justicia provincial se nutre de matrimonios, hijos, sobrinos, nueras y yernos de la gran familia judicial.

Nadie va a reconocer una crisis, pero tampoco nadie duda que al Poder Judicial le llegó su “San Martín” y está en el cuestionamiento ciudadano como los otros poderes del Estado y demás sectores de la sociedad como el periodismo, la medicina, la abogacía, entre otros.

“Pasaron siete años y pocos recuerdan aquel hecho aberrante y desgraciado donde murieron dos ancianos, ocurrido el 25 de septiembre del 2008, que conmovió a Sierra Grande, por la impunidad de un doble crimen y los apremios ilegales que habrían permitido integrantes del Ministerio Público obstinados en seguir una pista imaginada sólo por quienes fueron responsables de la investigación, constituyendo graves fallas que podrían ser calificadas como mala praxis, ocultamiento y desidia a la hora de investigar “, esto publicaba ADN, el 23 de junio del 2013, sobre este asesinato.

En ese hecho fueron asesinados Plinio Miglio Padilla( 70) y Lucia Rodríguez (72), ultimados a sangre fría detrás del mostrador de la despensa “Las Dos Rotondas”, que por más de 30 años atendieron en la localidad serrana. Un tiro en la cabeza y otro en el tórax para cada uno de los ancianos, donde el o los atacantes no sacaron siquiera un caramelo del negocio. Enseguida vecinos de Padilla y Rodríguez descartaron el móvil de robo.

La Sala B de la Cámara del Crimen de Viedma, integrada por los doctores Jorge Bustamante, Francisco Cerdera y Pablo Estrabou, adhiriendo al dictamen de la Fiscal de Cámara Adriana Zaratiegui, actual jueza del STJ, (respetando la imposición de la certeza negativa) revocó el sobreseimiento de siete policías que habían estado comprometidos en la investigación de la causa conocida como el “Doble Crimen de las Dos Rotondas” en Sierra Grande.

Por entonces la Procuradora Liliana Piccinini, responsable del Ministerio Público, en aquel momento, envió a Sierra Grande al Fiscal Marcelo Alvarez para que esclareciera el caso, quien decidió varios allanamientos, interrogatorios, detenciones y demás medidas probatorias para llegar al o los responsables del doble crimen.

Luego de haber interrogado a varios sospechosos, algunos detenidos y luego liberados, el fiscal ordenó la detención de un joven de 18 años, Luciano Bertolini, quien estuvo preso por meses, en base a pruebas muy cuestionadas como la de un testigo de identidad reservada, peritajes odorológicos sobre el cuerpo del acusado, pero lo más grave del caso fue la denuncia de Bertolini de haber sido golpeado, con tormentos, por la policía y ante la presencia del fiscal Alvarez. Todo el procedimiento se hizo sin la intervención y autorización del juez penal en turno.

Bertolini fue dejado en libertad por orden de la Cámara Penal y casi un año después fue dictada su falta de mérito, iniciándose una investigación en base a la responsabilidad de los policías que actuaron en el procedimiento llevado a cabo por Marcelo Alvarez. Todos fueron rápidamente sobreseídos.

Pero Marcela Viviana Paz, madre de Bertolini, en junio de 2011, radicó una denuncia penal -ante la Procuradora- contra Marcelo Alvarez, por apremios ilegales, abuso de autoridad y por los malos tratos sufridos por su hijo. Esta denuncia, a decir por la familia Bertolini, jamás fue investigada, a la par que la fiscal Daniela Zágari (ahora camarista) sin tomar una sola medida al respecto, ordenó el archivo de la denuncia. Otro caso en que no funcionó la certeza negativa de la Resolución 3/09 del Ministerio Público.

El doble crimen de “Las Dos Rotondas” de Sierra Grande sigue impune, agravado por sospechadas medidas judiciales, a pesar de la denuncia de Marcela Viviana Paz, madre del joven imputado, preso, golpeado y luego dejado en libertad por falta de mérito.

Ahora la Justicia tiene la oportunidad de volver a investigar la actuación de los siete policías involucrados y al fiscal Marcelo Alvarez por los apremios ilegales y abuso de autoridad, como así también tendría que revisar la responsabilidad en los dudosos sobreseimientos producidos en la causa. Hasta dónde se llegará ¿Veremos?