El trabajo esclavo representa la mitad de las víctimas de la trata de personas
Buenos Aires (Télam).- Según un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia, el 49% de los afectados han sido explotados laboralmente.
El 49% de las víctimas de trata de personas, rescatadas por el Estado Nacional desde 2008 hasta la fecha, han sido explotadas laboralmente, según un estudio realizado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, organismo dependiente del Ministerio de Justicia que se creó tras la sanción en 2008 de la Ley que considera a la trata como un delito sexual.
El rescate fue realizado en el marco de la prevención del delito de trata que en Argentina aun persiste, aunque de manera decreciente, tras las políticas implementadas en el país que tienen como objetivo fomentar el trabajo registrado, acabar con la informalidad laboral y asistir a los damnificados.
Entre 2008 hasta marzo de 2015, desde el Programa se rescataron a 8.151 víctimas de trata sexual y laboral, en el marco de causas judiciales que comprenden allanamientos, entrevistas en sedes judiciales, y acompañamiento y asistencia en declaración testimonial, así como en reconocimiento fotográfico o en domicilio.
Una de las formas mediante las cuales se detecta el trabajo esclavo es debido a la línea para denunciar ese tipo de delitos (la línea telefónica 145), en la cual -entre enero y marzo de este año- se recibieron 544, siendo el 44% de ellas (247) provenientes de la Ciudad de Buenos Aires.
La problemática de la trata de personas explotadas laboralmente volvió a ser agenda pública tras la muerte de dos niños de 7 y 10 años en un taller clandestino del barrio porteño de Flores, quienes quedaron atrapados en las llamas mientras dormían en un ambiente en donde, según el relato de vecinos, funcionaba un taller clandestino de confección de ropa.
Si bien la esclavitud y el trabajo forzoso fueron progresivamente abolidos a nivel nacional desde hace casi 100 años, actualmente existen nuevas formas de reducción a la servidumbre, por lo que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Rescate dependiente de la cartera conducida por Julio Alak, se relaciona con transformaciones económicas y políticas del sistema capitalista y la consolidación del modelo «neoliberal».
«Al correr y limitar al Estado en su función de garante de los derechos de los ciudadanos», el «libre mercado» crea un «terreno propicio para la legitimación de la explotación y sostenimiento de las desigualdades», reflexionaron.
El informe, al que tuvo acceso Télam, relevó también que el 53% de las víctimas son de origen extranjero, en su mayoría -sólo teniendo en cuenta los rescates realizados entre enero y marzo de este año- boliviana (40%), paraguaya (31%) y dominicana (23%).
La explotación laboral tiene una serie de características particulares por las cuales se genera una situación de «asimetría de poderes entre la víctima y el explotador», por ejemplo: la retención de sus documentos, la falta de dinero o la imposibilidad de comunicarse.
«La trata de personas sigue sosteniéndose, entre otras cuestiones, por la naturalización de las desigualdades sociales», destacaron; es por ello que la que se realiza con fines de explotación laboral «también es considerada una de las formas más extremas de violación de los derechos humanos».
El Estado Nacional ha sancionado una serie de medidas y se crearon diversos organismos gubernamentales con el fin de reducir la brecha entre explotadores y explotados y brindar contención y asistencia a las víctimas; entre ellos, el programa conducido por Zaida Gatti del que se desprenden los datos del informe.
Además de la ley sancionada en 2008, para la prevención del delito de trata; se aprobó la ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral en mayo del año pasado, que prevé la creación de registros públicos en el ámbito del Ministerio de Trabajo y la sanción para aquellos empleadores que no cumplan con la registración de sus trabajadores.
Inclusive, diez años antes se sancionó la ley mediante la cual se creó el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, que tiene como objetivo controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de trabajo y de la seguridad social, así como el combate del trabajo no registrado.
Un reciente estudio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) destacó la caída de 14,5 puntos porcentuales el trabajo asalariado no registrado entre 2003 2012, «a partir del desempeño económico y de las políticas públicas implementadas en los últimos años».
En octubre del año pasado, durante la 18º Reunión Regional que se realizó en Lima, Perú, se presentó un informe de situación en los países de América latina en donde se rescató la tendencia decreciente de la informalidad laboral: si en 2009 era de 49,2%, sería ahora del 46,8,%, es decir, unos tres puntos porcentuales menos.