Analizan denunciar a Weretilneck por incumplimiento de los deberes de funcionario
Roca (ADN).- Los abogados de las familias que desde hace 45 días ocupan 87 viviendas, que forman parte de un plan del IPPV en General Roca, adelantaron que analizan la posibilidad de avanzar en una denuncia contra el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Consideraron que no se ha cumplido en el marco de este conflicto con el protocolo de actuación establecido para estos casos por el decreto provincial 649/12 firmado por el mismo mandatario y los ministros Marcelo Mango, Hugo Lastra y Jorge Vallaza.
Los patrocinantes de los 87 ocupantes, 15 de los cuáles se encuentran procesados por usurpación, otros tres citados a indagatorias y otros 69 sujetos a proceso, Oscar Pineda y Pablo Iribarren, adelantaron a ADN que por estas horas analizan avanzar en una presentación judicial contra el gobernador rionegrino por considerar que el Poder Ejecutivo Provincial no cumplió con los pasos previstos en el “Protocolo de Actuación ante la Ocupación de Inmuebles sin Autorización” establecido por el mencionado decreto.
El protocolo que apunta «a velar siempre por la seguridad integral y los derechos de todas las personas involucradas en la ocupación», a «respetar, proteger y aplicar el derecho humano a una vivienda adecuada» y a «no promover el desalojo forzoso como una práctica común».
Los abogados de los ocupantes consideran que el ministerio de Gobierno no convocó tal como establece la norma a una mesa de trabajo, que en teoría deberían conformar representantes de las áreas de Gobierno, Desarrollo Social, Salud y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del ministerio de Educación.
Ese protocolo también establece la mediación como ámbito, por lo que también reprochan que el IPPV unilateralmente haya puesto punto fin a su participación en ese ámbito, ante la negativa de los manifestantes a desocupar voluntaria y pacíficamente las 87 viviendas del Plan de 167 que fueron sobrevendidas por la cooperativa House Vial, situación por la que hoy hay dos detenidos – Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu llevan más de 8 meses alojados en la cárcel de Roca- y casi 700 damnificados en una causa por estafa.
El mismo decreto establece que «en caso de orden de desalojo o desocupación», que «previamente se intime a los ocupantes que pudieran haber sido identificados en el censo o en su defecto a quienes se encuentre ocupando el inmueble, para que en un plazo de 72 horas procedan a acatar la orden voluntaria y pacíficamente, bajo apercibimiento de realizarla de manera forzada» y que «en este último caso la autoridad policial hará saber al juez, conforme sus averiguaciones, el horario diurno apropiado en el que se advierta la menor cantidad de ocupantes, especialmente niños y mujeres, en el lugar». (ADN)
