ATE inicia protesta por becados en delegaciones de Desarrollo Social
Viedma.- Las asambleas de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, convocadas por la Asociación Trabajadores del Estado, resolvieron iniciar ests semana, distintas protestas en las Delegaciones de esa cartera de Estado, para demandar la inmediata regularización de más de 700 trabajadores becados.
Informó el sindicato que «la primera de las medidas de fuerza se llevará adelante en la Delegación de General Roca (Rodhe 170) el próximo miércoles 19 de agosto a partir de las 9 horas».
Rodolfo Aguiar, titular del gremio, indicó que»hemos resuelto estas medidas porque los funcionarios ya no son confiables. La situación de los trabajadores es desesperante y no podemos admitir semejantes niveles de precarización laboral dentro de un Estado que debería ser un ejemplo como empleador. Lejos de achicarse el número de becados, sigue creciendo todos los días. Este sistema es corrupto y perverso e implica un manejo millonario de recursos mensuales, que carece de todo tipo de control y auditoría. Se tiene que terminar».
Ate expresó en un comunicado que «el Poder Ejecutivo Provincial ha manifestado un retroceso en su postura relacionada al sistema de becas. Mientras públicamente el Ministro Fabián Galli señaló en más de una oportunidad que todos los trabajadores que hoy no se encuentran registrados, serían incorporados a la planta transitoria del Estado, se sigue incorporando personal bajo esta modalidad en su cartera. Por otro lado, se ha contratado trabajadores bajo becas para que presten servicios en otras áreas estatales, como escuelas, bibliotecas y hospitales».
Para la entidad gremial «resulta corrupto y perverso sostener este sistema de precarización laboral, que explota a trabajadores obligados a realizar las mismas tareas que los de planta permanente sin gozar ningún tipo de derecho. Al mismo tiempo, este sistema perjudica a todo el pueblo, toda vez que el Estado evade sus obligaciones de aportar a IPROSS y a ANSES, desfinanciando a la obra social provincial e impidiendo que esos fondos pueden ser reinvertidos en obra pública».