Justicia rionegrina reanalizó desaparición forzada de Sergio Ávalos, en Neuquén
Cipolletti (ADN).- La desaparición del joven Sergio Daniel Ávalos, ocurrida en junio del año 2003 después de concurrir a un boliche de Neuquén, fue reactualizada en su análisis de competencia -Justicia provincial o federal- en un dictamen emitido el 3 de este mes por la Fiscalía General del Poder Judicial de Río Negro.
Se presume que miembros de fuerzas de seguridad locales habrían estado involucradas en el hecho y hace poco la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó sustentó que “luego de años de presuntas irregularidades y deficiencias en la investigación provincial, la Justicia Federal debería seguir adelante con la pesquisa”.
En un dictamen firmado el jueves pasado por el fiscal general subrogante, el viedmense Fabricio Brogna, se consignó que en la causa corresponde entender a la Justicia Federal, luego de 11 años de presuntas irregularidades y deficiencias en la investigación provincial, en la causa en la cual se averigua el paradero del joven que desapareció en la ciudad de Neuquén, tras haber concurrido con compañeros de facultad a un local bailable.
“Durante la pesquisa, varios testigos señalaron como los responsables del hecho a los integrantes de la seguridad del lugar, integrada por personal policial, miembros del Ejército y guardias privados, todos ellos interconectados a través de un mecanismo de comunicación portátil. A esto, se agrega que la investigación fue llevada adelante por la misma fuerza policial provincial que actuaba como responsable de seguridad en el local bailable del que desapareció la víctima”.
En el reciente documento judicial rionegrino se agregó que en el expediente no obran los antecedentes de los agentes estatales ni del personal de seguridad, ni sus legajos y las declaraciones de éstos fueron tomadas por la policía provincial, es decir, por sus pares.
“En estas condiciones, no puede descartarse en el caso la existencia de los elementos requeridos para el tipo penal de desaparición forzada de persona, pues se advierte la posible intervención directa de agentes estatales, la negativa a reconocer la detención y a revelar la suerte o paradero de la persona desaparecida, la posterior falta de una investigación diligente, oportuna y completa sobre los hechos y de sanción de los responsables pues, a pesar de los años transcurridos, dada su naturaleza permanente o continuada, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima, la desaparición forzada continúa en ejecución”,puntualizó el reciente dictamen judicial.