Patricia Llonch será veedora en el proceso de remediación de plomo de San Antonio

Viedma.- La defensora General de Río Negro, Rita Custet se reunió con Patricia Llonch, referente de la Multisectorial de San Antonio Oeste, quien fue nombrada veedora del proceso de remediación de plomo que se realiza en San Antonio. La Multisectorial solicitó la urgente implementación de las medidas de control y solicitaron una audiencia con el juez de amparo, Enrique Mansilla, que por el momento les fue negada.

La Defensoría General interviene en esta situación desde 2012 cuando presentó una acción de amparo contra la provincia de Río Negro y el Municipio de San Antonio Oeste para “resguardar el derecho a la salud y a gozar de un medio ambiente sano, de los niños, niñas y adolescentes que se ven seriamente afectados por la presencia de zonas contaminadas con plomo y otros metales pesados”.

Según Llonch, la remediación se inició en abril y al día de la fecha aún “no se ha implementado ninguno de los mecanismos de control previstos en la resolución ambiental y tampoco hemos podido tener acceso a los libros de obra del GEAMIN”. Vale aclarar que este Programa de Gestión Ambiental Minero de la Nación es el encargado de realizar la remediación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, entregado para tal fin.

“No habíamos realizado aún ningún reclamo porque hasta ahora sólo se han realizado tareas de movimientos de suelo que no representan riesgo para la salud ni para la calidad ambiental, pero ahora sí tenemos urgencia porque por la seguridad y eficacia de la obra es importante que se controlen los trabajos que se vienen”, explicó Llonch.

Asimismo destacó que resulta fundamental contar con un perito de tribunal “máxime en la plena conciencia de que una vez que se inicie el proceso de remediación es mandatario terminarlo porque cualquier otra cuestión que inhiba su finalización tendría consecuencias gravísimas”.

Custet aclaró que desde la Defensoría realizaron esta solicitud y recurrieron además su denegatoria, a cargo del juez Mansilla: “Los fundamentos del juez para negar el perito de tribunal fueron que hasta el momento no necesita ningún asesoramiento y que no habían sido presentados los puntos de pericia. La Defensoría entiende por el contrario, que esos puntos no pueden ser presentados hasta tanto el profesional acepte y tenga contacto con toda la documentación que, además, aún no nos ha sido entregada en su totalidad por la Secretaría de Ambiente de Río Negro”.

“Resulta fundamental que exista un perito de tribunal, que pueda constituirse en el lugar para comprobar si esos estándares de seguridad que están previstos son los necesarios para mantener la salud de la población en los niveles adecuados, tal como lo destacó la sentencia que en su momento dispuso controlar el proceso para que se mantenga la salud de la población”, finalizó la defensora.

Cabe recordar que simultáneamente a esta acción de amparo y sin perjuicio de la misma, la Defensoría General de la Provincia interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ordene a la provincia a remediar y no solamente a informar avances, como dispuso el Poder Judicial de Río Negro. La Corte Suprema abrió el recurso de queja presentado y solicitó se remita el expediente a ese máximo Tribunal Nacional para su análisis. Actualmente, la causa se encuentra en la órbita de la Defensoria General de la Nación para dictamen.