Se movió la aguja. ADN

El apático enero movió el amperímetro político. El gobierno elijó a Martín Soria como adversario, y el jefe del PJ asumirá ese rol. La UCR deambula en busca de una identidad política y el incipiente PRO quiere constituirse en Río Negro. Los gremios debaten su rol, en un año que se prevé conflictivo.

Alberto Weretilneck reaccionó ante la investigación de la Fiscalía de Investigación Administrativa por supuestos sobreprecios en la adquisición de kits escolares. “Está sustentada por un sector del peronismo”, dijo. Una referencia inequívoca al sorismo. El Fiscal, Marcelo Ponzone, llegó a Viedma cuando Carlos Soria asumió la gobernación. Era el segundo de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Nicolás Rochás.

Weretilneck sospecha que ese tándem (aplacado durante un tiempo) funciona celularmente en la estrategia del intendente de Roca, que perfila su accionar para llegar a Laprida y Belgrano en 2019. Rochás asumió el 10 de diciembre como legislador. Tiene cuatro años para denunciar al actual gobierno. Un recurso utilizado en tiempos de Miguel Saiz. Con la información de Ponzone y la vidriera de Rochás, surge un foco de conflicto para el oficialismo.
Pero el gobernador circunscribió el señalamiento a “un sector” del peronismo, conociendo que en el Frente para la Victoria el modo Soria no es compartido por el conjunto. Tampoco cuestionado, al menos en público. La excepción es Silvina García Larraburu. Weretilneck intenta generar ruido en ese espacio, que aún debe definir qué tipo de oposición será, fundamentalmente porque sus intendentes no pueden lesionar la relación con la Provincia tan lejos de procesos electorales.

Sin embargo eso no representa un problema para el jefe comunal de Roca. Por el contrario, cree que levanta su cotización política. Incluso, pretende que esta coyuntura lo favorezca para seguir al frente del PJ, donde habrá elecciones internas en febrero.

Martín Soria no tendrá problemas. Tiene acuerdos internos que le permiten su permanencia en la jefatura del partido. En las últimas horas surgieron las postulaciones de la diputada nacional Silvia Horne, y el gastronómico Roberto Vargas. Pero el PJ es territorial y Soria gobierna la única ciudad de peso electoral.

De todos modos, el partido no es todo el FpV. El bloque de legisladores tiene expresiones kirchneristas (algunas no provienen del peronismo) y habrá que generar consensos en la estrategia global. Además, hay quienes –aún dentro del partido- son críticos de la idea de sanciones y expulsiones: “queremos echar a Pesatti pero hacemos una alianza con Piccinini. Tratamos de traidor a Rulli pero no decimos nada de los despidos de Macri” se quejó un dirigente, que teme que el PJ local sea consecuente con la foto de Pinamar: Massa-Urtubey. «Hubieron muchos dirigentes cómplices de las políticas liberales de los 90. Hoy no puede haber concesiones con el ajuste de Macri». Weretilneck sabe de las fisuras, pero también de las sumisiones.

El gobierno planteará un blindaje, pero tendrá que reforzar la coraza. Hace gala sobre la ausencia de casos de corrupción en esta gestión. Le duelen los titulares contrarios a esa certeza. Y sabe que Ponzone mantiene bajo llave denuncias que aún no hizo públicas. Un dato. La Fiscalía tiene avanzada la investigación de la compra de un colectivo usado para la banda de música de la Policía, una denuncia que se hizo pública en 2014. Clarín tituló: “El gobierno de Río Negro pagó $ 552.500 por un colectivo inservible para la banda de música de la policía”. La adquisición fue realizada por el Ministerio de Gobierno, a cargo de Luis Di Giácomo.

Es sabido en ámbitos políticos que el Ministro quiere ser el candidato a diputado nacional de Juntos Somos Río Negro. Una categoría que en 2017 cotizará en bolsa. Desempolvar esa denuncia y sumar otras contra Di Giácomo es pegarle en el eje de flotación del gobierno. Soria lo sabe.

Weretilneck tiene el tiempo a favor. Si administra las ansiedades políticas puede ampliar la base de sustentación del partido provincial. Ganó la elección con una contundencia que –todavía- le permite marcar la agenda. Muchos dirigentes de diferentes extracciones políticas siguen esperando el momento de dar el salto hacia el oficialismo, que no carga la mochila del kirchnerismo y está lejos del macrismo.

Uno de los que dio el paso fue el intendente de Comallo, Raúl Hermosilla. El radical anticipó que no será el único. La UCR deambula en búsqueda de una identidad política. Al quedar subsumido al macrismo a nivel nacional, tiene que hacer pesar el poder territorial en Río Negro. Para ello tiene que evitar la diáspora de los jefes comunales, de lo contrario tendrá que volver a resignar espacios frente a sus socios de la alianza Cambiemos. El 2017 es el norte, el radicalismo quiere volver a tener un representante en el Congreso de la Nación, pero el PRO pretende ampliar su bloque y que Sergio Wisky tenga un par.

En eso trabaja el macrismo, que quiere consolidarse. Logró sumar al intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello. Y arma una estrategia para arrimar a otros. La consigna es que quienes integren el oficialismo en estas tierras no sean identificables con el concepto de “la vieja política”. El molde es el perfil del gabinete de Macri. Eso hace infructuoso ocupar los cargos nacionales en Río Negro. Una muestra del escaneo que el macrismo hace a quienes se quieran sumar. Cuanto más alejado de la actividad política, mejor. Prueba de ello es que los interlocutores rionegrinos del PRO, llevan a Buenos Aires poco nombres de la UCR. José Luis Foulkes y un par más de dirigentes boinas blancas son bien vistos.

Los gremios no están ajenos a los movimientos políticos. Enero es un mes silencioso pero de mucha actividad. La mayoría ya definió los parámetros de la puja salarial. Los instrumentos de medición difieren, pero todos hablan de aumento. ATE, SITRAJUR y UnTER adelantaron sus pretensiones. Judiciales y docentes coinciden en que los incrementos deben estar por encima del 40 por ciento. Los estatales miran la canasta básica y exhortan a que el salario mínimo se debe ubicar en el orden de los 15 mil pesos.

Pero este año se juegan otras cosas y los sindicatos redefinen sus posturas políticas.

Hoy la vanguardia es liderada por ATE que tuvo un crecimiento exponencial (en detrimento de UPCN), relegando de ese sitial histórico a la UnTER. Rodolfo Aguiar instaló una alternativa en el ámbito estatal haciendo un trabajo de base en los municipios. Logró romper el cerco upeceneísta en Viedma. Ganó el espacio público.

El gremio docente está obligado a salir a la palestra. El marco nacional le da plafón. Ya planteó su preocupación por la demora en rectificar el decreto presidencial 13/2015 que reinstala la Ley de Educación menemista, y rebaja a la mitad (del 6 al 3% del PBI) la inversión estatal.

La situación de SITRAJUR es diferente. Un gremio combativo que perdió sustentación en las bases. Los salarios de los trabajadores son superiores al resto de los trabajadores del Estado rionegrino, no pagan impuesto a las ganancias y reciben (aún sin intermediación gremial) aumentos semestrales. Eso atenta contra la movilización y la queja. La conducción deberá encontrar los canales de diálogo con sus representados para volver a generar adhesión a sus luchas.

UPCN mantiene un reclamo de recomposición salarial adeudado en 2015 y pretende nuevos aumentos en 2016. Pero Juan Carlos Scalesi no sale de su estilo. Pide que se reúna la Mesa de la Función Pública. Y elabora, cada tanto, un comunicado de prensa criticando al gobierno por los incumplimientos. Sin embargo, no quiere agrietar esa relación. Considera que su mejor logro es el pase a planta permanente de más de 5 mil trabajadores. La estabilidad laboral es el eslogan histórico del gremio. Aunque deberá administrar bien la relación con la gestión Weretilneck y el reclamo de sus afiliados.