Dudas e incertidumbres. ADN

El gobierno nacional aún no definió cambios en las conducciones de organismos nacionales con filiales en Río Negro. Pareciera que no hay apuro y todos los datos recogidos confirman la especie.

Hay temores en esferas nacionales en designar funcionarios que luego desmientan en los hechos el discurso oficial sobre la ocupación de organismos públicos por dirigentes políticos, militantes, compromisos electorales y “ñoquis”.

Por un lado hay exigencias sobre el perfil de los futuros funcionarios. Preferentemente jóvenes, profesionales o empresarios, con estudios y si es posibles de determinadas universidades, sin mácula y que no sean de la “vieja política”.

Por otro lado, esta agencia de noticias confirmó con casos testigos que los ofrecimientos tienen mucho de relaciones personales o recomendaciones de terceros y de círculos específicos que por general han estado afuera de la política activa.

No es garantía ser radical, socio de Cambiemos, tampoco haber dado muestras de fe macristas o militado en el PRO, en la etapa preelectoral. “Llegamos y ahora la elección de los funcionarios va por otros carriles externos a las tradicionales recetas políticas”, se dice en el PRO.

Trascendió en esta capital que el intendente José Luis Foulkes, al parecer el único con aceptable relación con el oficialismo nacional, presentó una lista con nombres para ocupar cargos en los organismos nacionales con sede en Viedma.

Se mencionan en ese listado a Darío Berardi, José Roda, Claudia Beltramino, Mirta Mendoza y Sonia Hurtado, entre otros, todos vinculados a un sector del radicalismo viedmense, el ferreirismo. En la nómina, que tiene otros nombres, habría direccionamiento sobre el cargo a ocupar y en los corrillos viedmenses ya hay especulaciones. Otros sectores radicales locales también pugnan por ocupar algún escritorio y trascendió que Giannina Massaccesi, sería designada en la Delegación del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, gestión que habría estado a cargo de su hermano el concejal de la UCR, Leandro Massaccesi, a través de Sergio Wisky. En tanto se desconoce el resultado que han tenido los contactos de otros dirigentes radicales capitalinos que tienen llegada personal en Buenos Aires y poco contacto con la estructura partidaria.

No se sabe la actitud de la UCR en otras ciudades como Roca, Cipolletti y Bariloche y tampoco si se trata de un planteo orgánico del partido o pedidos individuales de dirigentes que recurren incluso a relaciones de amistades personales como el caso de Emilio Monzó, Sebastián García De Luca o Hernán Lombardi, por nombrar algunos, ya que Ernesto Sanz, se reservó el rol de observador y asesor personal del presidente antes que gestor de empleos.

Tampoco visualizan en el radicalismo a Sergio Wisky como un canal de diálogo que los lleve a La Meca y a su vez el diputado nacional –que conoce a sus viejos compañeros de ruta- no quiere propiciar ni ser garantía de algunos pedidos de cargos.

El radicalismo rionegrino muestra avidez, como sucede con los radicales de otras provincias y para esto basta leer el planteo de intendentes y dirigentes bonaerenses sobre el destrato del PRO y la marginación de cargos. Frenar estos planteos parece ser un pedido que le hizo Mauricio Macri a Ernesto Sanz, sobre todo por la situación con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Algunos radicales rionegrinos parecen almas en pena en la búsqueda del cargo que soñaron la misma noche del ballotage, en la seguridad de tener una revancha.

La experiencia nacional hasta ahora está un poco lejana. Llegan a hombres del macrismo puro, de sectores empresariales, industriales y de la Mesa de Enlace Agropecuaria que integran la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CONINAGRO, y CRA, la verdadera alianza gobernante, y existe un reconocimiento del aporte del massismo al triunfo electoral, que se traduce en puestos importantes en el gobierno.

Hay dudas de cómo se cubrirán estos cargos nacionales en Río Negro, que comprenden a ANSES, PAMI, Delegación del Ministerio de Trabajo, Migraciones, Defensoría del Pueblo de la Nación, Procuración Penitenciaria Federal, ex AFSCA, Comunicaciones, Radio Nacional, Renatea, INTA y muchos más.

Es lógico que la dirigencia estime que con el cambio de gobierno, los funcionarios del partido que perdió las elecciones se vayan y sean reemplazados por los ganadores. Así fue siempre, pero ahora desde el gobierno se pide a los cuadros políticos que lo acompañan que “hay que cambiar” los estilos de la vieja política o una excusa con un claro mensaje.

Salvo honrosas excepciones, no es posible pensar que quienes están en negociaciones y búsqueda del cargo nacional lo hagan por apremios económicos, situación contraria puede plantearse en el caso de los empleados que trabajan en estos organismos y ven peligrar su puesto de trabajo.

Hay quienes fueron contratados por militancia, compromisos políticos con la anterior gestión o por ser familiares de dirigentes, pero hay muchos otros trabajadores que buscaban un empleo -que les resultaba difícil conseguir- y que luego mediante relaciones, contactos o amistades lograron tener un empleo donde incluso perciben un sueldo del nivel medio de los agentes públicos. No se trata de «ñoquis», militantes o animadores de actos políticos haciendo sonar el parche de un bombo: son trabajadores, con las mismas aspiraciones, necesidades y sueños que todos.

Fueron doce años de gobiernos del FpV. Muchos para que se dieron distintas situaciones para acceder a un empleo público y no sólo a través del encuadramiento político. La administración pública sigue siendo el espacio que permite superar la desocupación.

Hay incertidumbre y cada vez que se suman más preocupaciones. Según estimaciones de ATE en el país ya llegan a 24.000 mil los empleados del Estado que perdieron su trabajo.

Argumentos varios se utilizan: los más usados “ñoquis” y “militantes” cuando el propio Estado, en todas las épocas, precarizó las relaciones laborales con contratos “basura”.

Que mejor que los rionegrinos para hablar del tema, que para darle estabilidad laboral a los miles de empleados que canalizaba la política en las distintas administraciones –de todos los colores- se votaron en el parlamento varias leyes de incorporación a la planta permanente del Estado, con acuerdo de todas los bloques políticos y los gremios estatales. Estas leyes fueron votadas incluso por legisladores que avalaron una ley de disponibilidad sobre 22.000 agentes estatales.

Ante esta preocupación de dirigentes que quieren ocupar cargos ejecutivos en los organismos nacionales en Río Negro y la incertidumbre de los empleados por la seguridad de su fuente laboral, hay un tercer sector al que nadie pareciera importarle: el usuario de estos servicios.

Sin nueva conducción y con muchos directivos que saben que están afuera de la institución, los perjudicados son los ciudadanos que demandan la atención de estos ámbitos oficiales.

En Río Negro hay más de 120.000 afiliados al ANSES y cientos de trámites de jubilación en curso; miles de beneficiarios del PAMI requieren atención médica; cientos de trabajadores y empleados agrarios que recurren al Renatea; trabajos del INTA y el INTI en favor de los productores y empresarios, las demoras en planes y proyectos que esperan una aprobación nacional y otros tantos ejemplos que testifican la necesidad de regularizar las conducciones y funcionamientos de oficinas nacionales en la provincia.

No hay apuro y además existe actitud de precaución, para no equivocarse y quedar prisioneros de su propio discurso de cambio y defunción de la “vieja política”.