Odarda criticó el protocolo: «rechazaremos cualquier idea de reprimir la protesta social»
La Senadora nacional Magdalena Odarda ( Frente Progresista CC ARI) manifiesta su rechazo por la supuesta aprobación y puesta en marcha del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones”, tal como fue llamado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Una vez vigente, según expresó, los manifestantes tendrían pocos minutos para liberar los cortes, antes de que accionen las fuerzas de seguridad.
Este protocolo fue presentado el 17 de febrero en Bariloche junto a los gobernadores e implica el cercenamiento del derecho a la protesta social, al disenso, apuntando a la represión de la expresión pública de trabajadores y de cualquier otro sector movilizado que esté en desacuerdo con las políticas que implementa el gobierno de turno.
“Siempre acompañamos los reclamos sociales, y por supuesto rechazaremos cualquier idea de reprimir la protesta social, de coartar el derecho a la expresión pública. El pueblo tiene derecho a peticionar a las autoridades llamando la atención de esta forma hacia situaciones que se consideran injustas.” Afirmó la Senadora.
Odarda se manifestó en apoyo de los gobernadores que decidieron no avalar la medida (Neuquen y Rio Negro). Según la misma Senadora, el protocolo es un paso más hacia la aplicación de la Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso nacional en el 2011 y rechazada ampliamente por las organizaciones de derechos humanos y sectores políticos de nuestro país.
La Parlamentaria rionegrina es autora del proyecto de ley S778/14 que propone derogar la ley 26.734 (ley antiterrorista) y los artículos 41º quinquíes y 306° del Código Penal. Esta ley incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal, cuando se realice con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, dejando la puerta abierta a interpretaciones caprichosas en ese punto.
“La ley antiterrorista es una herramienta ambigua cuyo texto puede ser utilizado contra opositores políticos, y personas que protesten en defensa de sus derechos, como ocurre en varios lugares del país donde hay manifestaciones contra la megamineria contaminante u otras actividades que atentan contra la vida. Seguiremos insistiendo en su derogación.” Afirmó.