Derechos Humanos, la cuenta pendiente. ADN
Río Negro tiene una legislación vanguardista. Desde el retorno de la democracia el Parlamento avanzó, incluso en la reforma constitucional, en normas progresistas de garantías individuales y colectivas y de ampliación de derechos. Pero no siempre se han puesto en práctica y algunas, como la del aborto legal, tuvieron que esperar más de diez años para que sean reglamentadas. Y casi a contramano del marco jurídico, la práctica político-institucional afectó las garantías de determinados sectores de la sociedad.
De a poco, los sucesivos gobierno fueron reparando -de alguna manera- la violencia que muchas personas y sus familias recibieron por parte del Estado durante la dictadura. Aún falta. Todavía se espera que se aplique la ley de resarcimiento para todos aquellos trabajadores públicos que fueron cesanteados. A favor, se recupero la Casona de la costanera de Viedma, donde funcionó un centro de inteligencia. Ahora es un museo de la memoria. Hubieron señalizaciones de centros de detención y comisarías. Y se enjuiciaron (o están en proceso) a quienes tuvieron responsabilidades en detenciones, torturas y asesinatos de militantes políticos.
En este contexto, sería razonable avanzar con las complicidades civiles y los delitos económicos cometidos. Ello implica, por caso, entender la composición actual de la concentración de tierras en el Alto Valle y el negocio frutícola. Muchos productores -en aquellos años de plomo- fueron obligados a vender sus tierras y se persiguió a quienes fomentaban los esquemas cooperativos y asociativos de producción y comercialización.
Pero no sòlo hay falencias en Río Negro sobre el período 1976-1983. También las hay desde el retorno de la democracia hasta hoy.
Ninguno de los gobiernos pudo resolver dónde ubicar correctamente en el organigrama a la Secretaría de Derechos Humanos. Ese organismo fue dependiendo de diferentes ministerios. Incluso bajo la órbita del Ministerio de Gobierno convivió con la Secretaría de Seguridad (que incluía el sistema carcelario) y la Jefatura de Policía. Difícil investigar apremios y condiciones de detención. Tampoco se pudo definir -en el marco de una política de Estado consensuada por todos los partidos políticos- su financiamiento e integración.
La Constitución Nacional en 1994 incorporó Tratados Internacionales que protegen derechos humanos, del niño, de la mujer, expresión e información. La Provincia debió adecuarse a las nuevas normativas. Pero su cumplimiento efectivo está lejos de ser realidad en Río Negro
Persisten las denuncias sobre abusos y violencia policial. Todavía no se avanzó en el caso de la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel. El caso mezcla trabajo esclavo, cooperativas ilegales, complicidad política y judicial y, entre otras cosas, efectivos policiales sospechados.
Hay desamparo del Estado. La ex defensora del Pueblo, Ana Piccinini, denunció en 2010 que a los rionegrinos más vulnerables se los asistía con comida en mal estado, que los menores en conflicto con la ley no tenían condiciones de alojamiento dignas, eran sometidos a maltratos y carecían de actividades destinadas a su reinserción. Nada cambió, a pesar de los cambios de gobierno. Tanto, que el año pasado se ventilaron denuncias por corrupción de menores, muchas de ellas institucionalizadas en esos centros y al resguardo del Estado. Muchos implicados, incluso un juez.
Los gobiernos no mejoraron el acceso a la información pública. Cuesta al ciudadanos y a los periodistas e incluso a los legisladores y organismos de control contar con datos oficiales.
En estos años de democracia la situación penitenciaria ha empeorado. Hubo algunos avances edilicios pero los reclusos siguen siendo víctimas de violencia, abuso y muerte en las cárceles rionegrinas. Las condiciones de trabajo de los guardiacárceles es paupérrima. Los programas de contención, asistencia y reinserción son poco efectivos, lo demuestra el registro de reincidencia. Todo lo que se avanzó con la ley de seguridad que establecía un sistema penitenciario propio y cargo de civiles fue desmantelado.
Cientos de mujeres han denunciado ser víctimas de violencia de género. La falta de atención a esos casos, la poca permeabilidad por parte de la Policía y la Justicia (con muchos prejuicios aún) a recibir denuncias, y el silencio social han provocado innumerables muertes. Desde hace un tiempo surgió la comisaría de la mujer, pero aún hay pocas y con escasos recursos.
Recién este mes el hospital de Cipolletti anunció que está en condiciones de realizar abortos no punibles. Muchas mujeres son víctimas o quedan con serias secuelas después de las prácticas clandestinas en centros de escasa sanidad y con parteras poco preparadas.
Desde lo macro a lo micro, Río Negro aún tiene una cuenta pendiente con los derechos humanos de su población. Quizás, a 40 años del golpe cívico-militar, estén dadas las condiciones para que el Estado, integralmente y en su tres Poderes, pueda garantizarlos.