Igual que Moreno, Prat Gay modifica el IPC para pagar menos intereses

El Gobierno nacional tomó otra polémica decisión en torno a los índices de precios. En medio del apagón estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Ministerio de Hacienda y Finanzas volvió a cambiar el IPC de referencia para el cálculo del CER, otra vez con el objetivo de pagar menos intereses.

Cuando Guillermo Moreno conducía la Secretaría de Comercio Exterior, justificaba las mediciones del INDEC (asegurando que se hacían correctamente, sin manipulaciones) alrededor del costo de los bonos en pesos, que se fijan con una ecuación que incluye el CER.

«Si aceptábamos el índice de las consultoras privadas, pagábamos más los bonos que tienen, mayoritariamente, los grandes grupos concentrados», repite el ex funcionario, muy cuestionado por el macrismo.

Sin embargo, la cartera que dirige Alfonso Prat Gay dispuso que para el cálculo del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) de febrero se utilice el Indice de Precios al Consumidor de la provincia de San Luis, que en el segundo mes del año dio 2,7%.

Como bien recuerda la resolución 100 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno había utilizado para el cálculo del CER de noviembre, diciembre y enero el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que venía dando más bajo pero en febrero se disparó a 4%.

El CER es el indicador diseñado para ajustar el interés de bonos en pesos, además de plazos fijos y créditos hipotecarios. Es decir que con un CER más bajo el Gobierno se ahorra varios millones de pesos en el pago de intereses de esos bonos.

El cambio al índice puntano se da apenas dos meses después de que Hacienda determinara que el índice porteño era el indicado para calcular el CER. Es que en enero, cuando se decidió, se venía de un diciembre donde la diferencia había sido notaria: el de la Ciudad dio 3,9% y el de San Luis 6,5%.

En ese momento, analistas del mercado financiero habían advertido a LPO que la decisión podría representar un perjuicio para bonistas y que podrían accionar judicialmente en reclamo de una mejor tasa de interés. Ahora, el nuevo cambio podría reavivar las sospechas de una manipulación para perjudicar a esos bonistas.

«Es la misma estrategia del gobierno anterior de manipular los coeficientes para pagar menos por intereses. Lo más ecuánime, a falta de un IPC nacional, sería haber fijado desde el vamos un promedio y no ir saltando de índice en índice a voluntad. Tal vez deberían hacer una corrección retroactiva para compensar a los inversores por las diferencias y evitarse reclamos legales», dijo el analista de mercados Francisco Uriburu.

El problema con el índice de la Ciudad ya había comenzado con la difusión del resultado de enero. Ese mes marcó 4,1%, muy por encima de las estimaciones del Gobierno nacional e incluso del IPC Congreso que elabora la oposición, lo que provocó tensión entre la Casa Rosada y los funcionarios porteños a cargo del IPC.

Esa cifra se mantuvo casi idéntica en febrero (apenas bajó una décima), aunque los funcionarios porteños argumentaron que sin tener en cuenta el aumento de la tarifa de luz (que representaría el 1,3%) la inflación fue del 2,7%.

Esa fue justamente la justificación del Ministerio de Hacienda para volver a cambiar el índice de referencia. «Los aumentos tarifarios registrados en el período fueron significativamente superiores en el área metropolitana del Gran Buenos Aires que en el resto del país», argumenta la resolución.

Al respecto, agrega que en el IPC porteño la tarifa de electricidad aumentó 253,3%, mientras que en el índice puntano el salto tarifario de electricidad promedio fue de 99%. Es por eso que sostiene que el cálculo de San Luis «representa más ajustadamente las variaciones de precios subyacentes en la economía nacional».

«El efecto diferencial del aumento tarifario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se refleja en la variación mensual del resto del Índice de Precios al Consumidor publicado por dicha jurisdicción, que alcanzó el 3% y que resultó más aproximada a la variación del Indice de Precios al Consumidor de la provincia de San Luis, que registró 2,7%», concluye la resolución, aunque los funcionarios porteños habían calculado que el aumento de la luz había tenido un peso mayor en el índice.

El principal inversor en bonos que ajustan por CER es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, señaló un analista. Por lo tanto, no se trata tanto del» perjuicio desde el Estado para con los inversores privados, sino un perjuicio de una parte del Estado a otra. Con este cambio, el Tesoro retiene mayormente dinero que debía ir a la caja de la Anses.»