Insisten en pedir datos al Gobierno por la construcción de otra cárcel en Bariloche
(ADN).- Legisladores del Frente para la Victoria solicitaron al Gobierno provincial que informe si se perfeccionó la expropiación de dos parcelas, prevista en la Ley N° 4846, para la construcción de otra cárcel en San Carlos de Bariloche y, en caso que no se haya concretado esa instancia, en qué estado está el trámite oficial.
Los parlamentarios de la oposición también requirieron conocer si se inició la construcción del nuevo establecimiento penal o en su defecto la fecha de comienzo de las obras.
En el pedido de informes, presentado ayer, el bloque frentista pidió saber además si los titulares de los inmuebles sujetos a expropiación han iniciado acciones judiciales con motivo de la demora en el perfeccionamiento de la expropiación.
En la iniciativa legislativa incluyeron los siguientes datos:
El 17 de mayo de 2013 fue sancionada la Ley Provincial N°4846, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación dos parcelas ubicadas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con una superficie de poco más de 10 hectáreas, para construir un nuevo complejo penal en la ciudad de Bariloche.
El Poder Ejecutivo, autor del proyecto, fundamentó en el estado de emergencia de los complejos penales de la provincia, declarado por el decreto-ley 01/2012. Según palabras textuales del Poder Ejecutivo “la situación edilicia del Establecimiento Penal Nº 3 de San Carlos de Bariloche destaca por su gravedad, circunstancia que ha sido señalada en varios fallos judiciales, recomendaciones de los organismos de tutela de los derechos humanos y en los medios de comunicación.”
Por su parte, en la causa Balog Gerardo en autos y otros sobre amparo, expediente Nº 25262/11-STJ ante el requerimiento judicial el Ejecutivo Provincial informó que “se han reiniciado las acciones tendientes a la concreción de la expropiación del terreno asignado para la construcción de un nuevo Complejo Penal, aunque se desconoce el estado actual del trámite”.
Más recientemente, en la causa “Hábeas corpus colectivo sobre hacinamiento y agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad alojadas en el E.E.P. N°3”, expediente N° B-3BA-3-JE2015 y «Fiscalía de Cámara sobre habeas corpus Nº B-3BA-269-JE2016, el juez de Ejecución de Bariloche, Martín Arroyo, impuso sendas obligaciones al Ejecutivo Provincial en relación al EEP III. Y que, esencialmente concluye que la única salida lógica al hacinamiento y condiciones de detención importa la construcción de un nuevo penal o cuanto menos iniciar la construcción del mismo en un predio apto. Circunstancias que claramente dan cuenta que a casi cuatro años de prevenida la situación por el propio ejecutivo provincial, no ha habido avances serios en la solución para la Unidad Penitenciaria de Bariloche y, mucho menos, mejoras reales en las condiciones de detención.