Odarda calificó como una estafa que el STJ se declare incompetente en el caso del Nahuel Huapi
Su preocupación a que «nos encontremos en la puerta de una verdadera estafa a la ciudadanía barilochense y rionegrina, que con casi 6000 firmas recolectadas a lo largo y ancho de la provincia, vería frustrada su profunda preocupación por la suerte del lago emblemático de Bariloche al ver morir el expediente en el mismo Juzgado que mantiene inactivo otro planteo de los vecinos desde hace más de cinco años y medio» manifestó la senadora Magdalena Odarda, ante el dictamen de la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, que entiende que el amparo colectivo por vertidos de efluentes cloacales al Nahuel Huapi, debe tramitarse en el fuero Federal.
«Cuando Baquero Lazcano pretende que el STJ derive el expediente al fuero Federal contradice el accionar del Juez Sergio Barotto, del Superior Tribunal de Justicia, quien resolviera correr traslado de la demanda a todas las partes del procedimiento (DPA, Cooperativa de Electricidad y Secretaría de Ambiente), así como hacer público el procedimiento y convocar a la ciudadanía de Bariloche y Río Negro, a recabar las firmas para apoyar el planteo judicial, con lo que ya constituyó actos procesales irrevocables que no admiten, a esta altura del partido, desentenderse de la cuestión planteada o que se pretenda desoír el reclamo de los vecinos», señaló la senadora.
Sobre el particular expresó que «nos encontramos a la espera de que el Juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, resuelva la cuestión en definitiva y haga finalmente cumplir el reclamo de los vecinos, por lo que solicitamos que el mismo sostenga su competencia en el referido expediente y disponga las medidas efectivas para evitar nuevos derrames al Nahuel Huapi, proponiendo la correspondiente audiencia de todas las partes que prevé el artículo 16 de la ley 2779 de amparo colectivo».
Agregó que «la competencia provincial deriva, precisamente, de que las obras que deben realizarse en los caños colectores y en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, no se encuentran dentro del lago sino en tierra firme, por lo que resulta responsabilidad exclusiva de la provincia y de la concesionaria CEB, siendo claramente competente la justicia provincial y el Superior Tribunal de Justicia».
«Unificar en esta instancia el amparo colectivo planteado con la acción iniciada, hace ya cinco años y medio, en el Juzgado Federal de Bariloche, tal como pretenden la Procuradora Baquero Lascano y como sugiriera la Defensora del Pueblo de Río Negro Nadina Díaz en un lamentable accionar, con sus nulos resultados hasta el momento, -puntualizó Odarda- haría corresponsables a estas funcionarias de hacer morir el expediente y constituiría una burla y una verdadera falta de respeto para con toda la comunidad de Bariloche y de Río Negro, que encontró un camino a través del presente amparo para hacer valer sus derechos a un lago limpio, a un ambiente sano y, sobre todo, a un agua en condiciones de salubridad».