Buenos Aires offshore
El jefe de gobierno porterño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un recurso para que se levante la cautelar que le impide avanzar con un viejo proyecto del entonces alcalde, Mauricio Macri, para favorecer en el ámbito de la ciudad la instalación de empresas offshores.
Poco timepo después de asumir en 2007, impulsó la creación de un registro de inscripción y fiscalización paralelo a la Inspección General de Justicia (IGJ). Pero una medida cautelar presentada por la entonces fiscal general Alejandra Gils Carbó frenó la iniciativa que ahora, con Macri en la Casa Rosada, una jueza subrogante después de ocho años desestimó.
El fallo da vía libre al nuevo organismo y está apelado por la fiscalía.
La disputa legal, que ahora continúa Rodríguez Larreta, se da en medio de los Panama Papers, que pusieron en evidencia que Macri y gran parte de sus colaboradores tuvieron o tienen emprendimientos offshore.
La IGJ dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación estableció normas rigurosas para habilitar y fiscalizar sociedades comerciales nacionales y extranjeras, incluidas las offshores, durante la gestión de Ricardo Nissen (2003-2005).
El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Gils Carbó, entonces fiscal general ante la Cámara Comercial, cuestionó la constitucionalidad de la norma que avanzaba sobre la ley de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que reserva la jurisdicción del Registro Inmobiliario y de la IGJ en la Nación.
La actual Procuradora que desde entonces acumula desencuentros frontales con Macri presentó además una medida cautelar para impedir la puesta en práctica del nuevo organismo. Durante ocho años, el expediente se demoró en distintas instancias hasta que a fines de febrero la jueza subrogante Nacional de Primera Instancia en lo contencioso Administrativo Federal Número 12, Macarena Marra Giménez, consideró que la Fiscalía no tiene legitimidad para cuestionar la vigencia de la ley sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad de la norma porteña. La actual fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda apelaron el fallo.