El Senado le dio media sanción a la ley antidespidos propuesta por la oposición
La Cámara de Senadores aprobó anoche el proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional, tanto en el sector privado como en el estatal, para detener los despidos y las suspensiones por seis meses. El proyecto obtuvo 48 votos a favor y 16 en contra, ya que fue apoyado por todas las bancadas de la oposición tras un debate que duró casi seis horas.
Ahora, la iniciativa tendrá que ser aprobada sin modificaciones para que sea convertida en ley. De lo contrario, debería regresar a la Cámara alta.
La iniciativa prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días y le ofrece al empleado, al ser despedido, la posibilidad de ser reincorporado inmediatamente o de elegir que se le pague la doble indemnización.
Asimismo, quedan exceptuadas de lo que exige la ley las empresas que tomen personal tras la sanción definitiva del proyecto.
El proyecto fue defendido por el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien anticipó que no se iban a aceptar cambios en el proyecto para eliminar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la legislación que se aprobó esta noche.
«El Senado no se va a alejar de los trabajadores», aseguró Pichetto, para luego resaltar que «se esperaban algunos reflejos políticos en el gobierno».
En ese sentido, el rionegrino agregó que «el gobierno hoy tiene el problema de creer que si hay diálogo se debilita» y reflexionó que «si se hubiera hecho un acuerdo con el sector empresarial y con los sindicatos, tal vez el Senado no hubiera tratado esta ley».
Previamente, el titular de la Comisión de Trabajo, el mercantil Daniel Lovera, afirmó que «este no es un proyecto contra el gobierno» y que se busca «preservar los empleos durante un tiempo limitado, esperando que cambien las condiciones socioeconómicas del país».
«Garanticemos la paz social y después no tenemos problemas en votar las leyes necesarias para fortalecer a todos los empresarios», alentó.
En cambio, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, cuestionó la propuesta al decir que «no sirve para recibir inversiones cambiar todo el tiempo las reglas» y opinó que «lo que hay que hacer es crear condiciones de empleabilidad».
El peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá cuestionó al gobierno nacional por su inhabilidad para frenar los despidos argumentando que «para ciertas políticas existe toda la voluntad política, como para pagar la deuda externa y el dólar a futuro».
«Creo en el presidente cuando propone ‘Pobreza Cero’. Hasta acá, lo siento, pero las políticas que se implementaron aumentaron la pobreza», denunció.
Entre los que pidieron cambios figuraron el salteño Rodolfo Urtubey y el chaqueño Eduardo Aguilar, ambos del FPV, y los peronistas disidentes Juan Carlos Romero, Roberto Basualdo y Alfredo Luengo, así como la legisladora del Movimiento Popular Fueguino, Miriam Boyadjian, los últimos dos como representantes del Frente UNA.
«Si la Argentina terminara en Córdoba, diría que la ley está muy buena. Pero hay otra Argentina, donde hay un enorme tejido social de pequeños productores y comerciantes donde no se da la típica relación patrón-obrero», justificó Urtubey.
La Cámara baja también aprobó por unanimidad la normativa que propone exigirle al Poder Ejecutivo que cada vez que pretenda tomar deuda, tanto interna como externa, deba pedir autorización al Congreso de la Nación. Ahora deberá votarla Diputados.
La idea había sido presentada por el peronismo antes de que se debatiera la ley de acuerdo con los holdouts pero, gracias a una negociación con el oficialismo, fue modificada para que no entorpeciera esa negociación.
De hecho, el proyecto original que habían redactado el peronista puntano, Adolfo Rodríguez Saá y el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, era mucho más restrictivo que el que tratarán este miércoles.
La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a hacer aprobar por el Congreso una Ley Especial cada vez que quiera endeudarse y establece que deberá solicitarse también al Poder Legislativo autorizar la prórroga de jurisdicción de pago de esa deuda.