La Defensora amplió el amparo y busca declarar anticonstitucional el tarifazo

(ADN).- La Defensora del Pueblo presentó hoy un nuevo amparo en la Justicia Federal. La nueva acción está destinada a que se declare inconstitucional la resolucion del Ministerio de Energía que autoriza los aumentos en las tarifas de gas.

En rigor, es una ampliación del amparo que fue presentado en las tres sedes federales con asiento en Río Negro.

En el escrito, Nadina Díaz pide que se declare la inconstitucionalidad de la medida por resultar «un acto administrativo ilegal e ilegítimo que vulnera la protección de los intereses económicos de los usuarios del servicio de gas».

Y señala que la medida adoptada «desconoce los preceptos jurídicos de proporcionalidad, igualdad, racionalidad y legalidad».

Díaz estaca además que la resolución «desoye la aplicación de garantías constitucionales», ya que el criterio adoptado para los aumentos «resulta desproporcionado, desigual e irracional» al momento que «no prevé los efectos económicos y sociales que se causan a los usuarios».

“La resolución trae aparejadas consecuencias económicas en los ciudadanos con un severo impacto en los sectores mas vulnerables como así a las áreas relacionadas con la salud, educación, pequeños comerciantes, clubes, cooperativas, ongs, que no pueden hacer frente a semejantes incrementos en un servicio público esencial”, manifiesta la Defensora.

También expresa que no se ha elaborado un estudio técnico preliminar que pondere estas situaciones ni se evaluaron las consecuencias cuyos efectos se potencian en las regiones como las nuestras, donde se registran muy bajas temperaturas.

“La decisión además de inconsulta, afecta notablemente el ejercicio de los derechos constitucionales y la capacidad económica de los usuarios por la desproporcionalidad de los incrementos”, aseguró.

Finalmente, la ampliación del amparo indica que la resolución del gobierno nacional «desconoce aplicar una política tarifaria general que por un lado, propenda a un libre acceso, a la igualdad y a la no discriminación y por otro que asegure una aplicación justa y razonable».