Audiencia de casación en el STJ por el asesinato de Pablo Vera
El próximo martes -a las 9-se realizará una audiencia de casación en el STJ, en Viedma, por la causa del asesinato de Pablo Vera, donde fue condenado el policía Jorge Villegas.
La Coordinadora 13 de Enero que acompañó todo el proceso del juicio del uniformado condenado y trabajó con sus familiares por el esclarecimiento del hecho, emitió un comunicado donde recuerdan la muerte del joven roquense:
«Pablo Vera fue asesinado el 25 de septiembre de 2014 en la ciudad de Fiske Menuco por el policía Jorge Villegas, quien con su arma reglamentaria le disparó por la nuca, a menos de 2,5 cm de distancia, provocando su muerte al instante. Desde un primer momento se intentó garantizar desde el Estado un escenario de impunidad a Villegas, direccionando la investigación judicial a probar un supuesto robo, en vez de recolectar prueba para responsabilizar a Villegas.
«Por otro lado a la familia se la avasalló, privándola del derecho a la información y a la intervención en el proceso en su carácter de víctimas. Además la figura de Pablo fue inmediatamente estigmatizada por los medios de comunicación, a través de la reproducción de las primeras versiones policiales.
“Joven delincuente” y ”pibe chorro” fueron los rótulos con los que empezó a llamarse a Pablo, categorías utilizadas para estigmatizar a un determinado sector social, vulnerando el ejercicio pleno de sus derechos, dejando vía libre a que cualquier avasallamiento a sus derechos sociales estén permitidos.
Un logro que nos impulsa a seguir
«La organización y movilización de la familia que fue acompañada por numerosas organizaciones y referentes políticos y de los derechos humanos se llevó adelante una importante disputa dentro y fuera de los tribunales que puso en relieve el rol de disciplinamiento social y ejercicio sistemático de la violencia que posee el aparato represivo en vinculación con el poder ejecutivo, judicial y legislativo.
«Luego de 4 audiencias, 16 testimonios, y por sobre todo, luego de movilizaciones y jornadas de lucha, el tribunal resolvió condenar a Jorge Villegas a la pena de prisión perpetua e inhabilitación especial por el término de diez años.
«La apelación al Superior Tribunal de Justicia por parte de la defensa de Villegas no se hizo esperar, y el 21 de junio se llevará a cabo la audiencia de casación, para una posterior resolución por parte del STJ, tanto del pedido de anulación de la prisión preventiva, como de la baja de la pena.
«Respecto a esto último, la defensa pide, en primer lugar la absolución, y en caso de que esto no sea otorgado, la baja de la pena sosteniendo que el asesinato de Pablo se dió en el marco de exceso de la legítima defensa.
Privilegios fuera y dentro
·Por otro lado es importante destacar las condiciones actuales en las que el policía condenado está cumpliendo su condena. En consonancia con los privilegios con los cuales cuentan en general los integrantes de las fuerzas represivas, y de Villegas en particular como se ha demostrado en las distintas instancias previas, hoy en día se encuentra detenido, cumpliendo la prisión preventiva, en el establecimiento del COER de la ciudad de Fiske Menuco.
«Se le garantiza, por su condición de policía, evitar las aberrantes condiciones que el sistema carcelario impone con toda su virulencia a los jóvenes de la clases populares que diariamente son torturados y violentados negándosele de forma arbitraria y sistemática derechos humanos básicos en los atiborrados pabellones. Por eso exigimos cárcel común y efectiva sin privilegios para este policía que fue declarado culpable de un homicidio triplemente agravado.
No es un policía, es toda la institución
«Jorge Villegas en tanto asesino de Pablo no representa para nosotros “un ciudadano de bien que cometió un exceso” como intentaron presentarlo los medios de comunicación hegemónicos e intentó argumentar su abogado defensor. Como quedó demostrado, Villegas actuó en su carácter de funcionario policial y como tal fue condenado. Fueron la movilización y la lucha las que posibilitaron esta sentencia excepcional a nivel provincial, en un contexto en el que la trama legal-policial habilita y legitima la violencia hacia los jóvenes de los sectores populares, garantizando posteriormente la impunidad».