No prosperaría recurso de ex empleada del plan de alfabetización rionegrino

Choele Choel (ADN).-  La acción de amparo que presentó ante la Justicia provincial una ex empleada del Programa de Alfabetización Rionegrino (PAR), a quien le cesaron el pago de sus sueldos y dio cuenta de otras presuntas desprolijidades, será materia de análisis en breve lapso por parte del Superior Tribunal.

El recurso ya fue rechazado por un juez del Valle Medio y similar desestimación sugirió a ese organismo -en un dictamen del 23 de este mes- la Procuración General del Poder Judicial.

La presentación fue expuesta por Doris Patricia V. F. contra la sentencia Nº 108, del 14 de junio pasado, dictada por el juez Víctor Darío Soto, que resolvió rechazar «in limine» la acción de amparo promovida.

V. F. explicó que se desempeñó de manera ininterrumpida en el Programa de Alfabetización Rionegrino desde marzo de 1999, en el marco del cual le fueron asignadas 30 horas cátedras.

Detalló que en enero de este año, ante los públicos avisos de las nuevas autoridades de revisar todos los vínculos laborales, informó acerca de las tareas desarrolladas a Juan Carlos Uriarte (coordinador Regional del CPE) y Sergio Hernández (intendente de Lamarque).

Señaló que luego del verano, durante el cual se le pagaron sus haberes, no se le asignaron tareas, reclamándolos al CPE, pero que “la única respuesta que obtuvo fue la cesación del pago de sus haberes, sin que medie ninguna notificación previa, aviso ni explicación que de cuenta de las razones, ni del acto administrativo que origina esta consecuencia de hecho”.

Manifestó que se la ha privado de su trabajo y de la estabilidad que sus ingresos otorgaban a su familia, integrada por su pareja (chofer de colectivo) y tres de sus cuatro hijos que permanecen estudiando, incluso de la obra social y de la posibilidad de cumplir con un crédito bancario, a lo que añadió el inesperado deceso del padre de sus hijos.

Expresó además que se ha presentado ante la Delegación de la Secretaría de Trabajo de Choele Choel, pero que el organismo se excusó de intervenir y detalló que ha mantenido tres entrevistas con el coordinador regional de Educación de Valle Medio y también tres contactos con el intendente de Lamarque.

Concretamente, requirió que se conmine al Consejo Provincial de Educación a aclarar su situación laboral y, una vez determinada ésta, que se le notifique fehacientemente de la resolución adoptada, con el cumplimiento de las obligaciones que tal decisión implique, en atención a los derechos que le asisten como trabajadora, con una antigüedad laboral de 13 años, entre las que se cuenta el pago de los salarios no abonados.

Por su parte, el juez Soto sustentó que no se ha agotado el reclamo laboral-administrativo correspondiente y que las vías para la intimación al Consejo Provincial de Educación “han sido a todas luces desacertadas, ni se ha instado, ni mucho menos probado, la inidoneidad de las vías contencioso administrativa laboral”.

Expresó que el Superior Tribunal de Justicia considera improcedente el amparo contra decisiones adoptadas por las autoridades públicas, en tanto permitan su progresivo cuestionamiento hasta el agotamiento de la vía administrativa. “Producido éste, el accionante cuenta también con la facultad de ejercer sus derechos a través de la instancia jurisdiccional contencioso-administrativa”, remarcó Soto, desestimando la presentación efectuada por la ex empleada estatal. (ADN)