El plan suizo para destrabar el caso Báez

(Juan Gasparini-Ginebra, Suiza) El pasado 8 de junio en Berna, el encuentro entre el juez Casanello y sus interlocutores de la Oficina Federal de Justicia duró escasas dos horas. El magistrado se limitó a hacer saber que la reunión fue “muy constructiva donde se han tratado cuestiones de carácter estrictamente jurídico. Continuaremos trabajando activamente”. Sin embargo, declaraciones a la prensa del portavoz helvético Folco Galli, y el destape de una resolución judicial suiza mantenida en secreto, permiten reconstruir lo pactado.

El conclave quizá puso en marcha un sigiloso protocolo de contribución informativa de carácter administrativo por parte de Suiza, susceptible de nutrir las medidas que le exigen a Casanello para restablecer la cooperación judicial entre ambos países, y detener y extraditar a Néstor Marcelo Ramos, el presunto testaferro de Lázaro Báez. Todo indica que velozmente entró en acción el Grupo Egmont, que entre otros integran Argentina y Suiza, constituido por Estados para intercambiar “información segura, rápida y jurídicamente admisible” en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina, tomó entonces conocimiento del contenido del dictamen de la fiscalía federal suiza cuando archivó el caso el 11 de diciembre de 2014, que obra en poder de su homóloga suiza, la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS), donde figuran todos los elementos de pruebas que necesita el juez Casanello para finalizar de instruir el capítulo suizo del caso.

El documento, de seis páginas y redactado en francés, es de acceso a la prensa, pese a que los nombres de los protagonistas, sociedades y bancos, aparecen tachados o recubiertos por espacios en blanco. En la copia que ahora se revela al pie de este reportaje, resulta medianamente claro, que el monto del dinero detectado por la fiscalía federal suiza en dos bancos de Ginebra pertenecientes a “sociedades emparentadas con la familia Báez”, ascendió a 22 millones de dólares. Ese dinero encontró abrigo en tres cuentas del Banco Lombard Odier, y en otras siete cuentas del Banco Safra Sarasin. Cinco de estas últimas cuentas tienen como derechohabientes, o sea dueños, “a los cuatro hijos de Lázaro Báez”. Las diez cuentas, bloqueadas durante un año y medio, desde que los bancos implicados las denunciaran como sospechosas al MROS, fueron liberadas por la fiscalía federal suiza al valorar que Argentina no aportaba elementos para determinar el origen “corrupto” de los fondos, clausurando el procedimiento en diciembre de 2014. El saldo de los haberes fue restituido a sus titulares, acaso unos 15 millones de dólares, pero la “prueba documental” que certifica la existencia de todos estos datos en el pasado, es hoy el tesoro a rescatar por el juez Casanello para terminar probar hechos delictivos y sustentar su calificación penal.

A partir de la información mencionada, la UIF, aceptada como querellante por el juez Casanello, planteó la detención de los cuatro hijos de Báez. Facultó por consiguiente a que el magistrado los cite a indagatoria, paso previo al procesamiento. Se añadió a la lista de convocados un personaje clave, el abogado uruguayo Juan Pedro Damiani, también implicado en el esquema de las cuentas antes esbozado, en cuyo bufete jurídico de Montevideo, trabajara Néstor Marcelo Ramos, antes de emigrar a Suiza para fundar la financiera y fiduciaria “Helvetic Services Group” en 2005. Ramos entraría por esa puerta en los acontecimientos de la ruta del dinero K, comprando la SIG, conocida como “La Rosadita”, que desencadenaría las revelaciones que sacudirían a la opinión pública en 2013. Según Casanello, “Helvetic Services Group” intervino paralelamente en reciclar 33 millones de dólares del clan Báez a través de bancos suizos, adquiriendo bonos de la deuda externa argentina, que aparecieran finalmente liquidados en pesos en una cuenta de “Austral Construcciones” en Buenos Aires, la empresa líder de Lázaro Báez en Argentina.

Finalizadas las indagatorias de los hijos de Báez y del abogado uruguayo Damiani, el juez deberá cumplir los pasos restantes reclamados por Suiza. Mediante un exhorto, deberá primero notificar la situación del sumario y solicitar las pruebas que eventualmente necesite de Suiza, respetando el Tratado bilateral valido entre los dos Estados, que impone observar el principio de la doble incriminación, es decir que la infracción invocada por el país que pide, se encuentre también en el Código Penal del país llamado a responder. En ese contexto, una vez aceptado por Suiza el exhorto, a renglón seguido, Casanello podrá emitir el pedido de captura y la solicitud de extradición de Néstor Marcelo Ramos, tomando en consideración los eventuales riesgos de fuga y colusión.

Argentina deberá además indicar el vínculo entre los hechos descriptos en el sumario instruido por Casanello y las cuentas descubiertas en Suiza, y el papel que pudieron jugar en relacionar esos elementos Néstor Marcelo Ramos y “Helvetic Services Group”. También expresar la “sospecha suficiente” sobre el denominado “delito previo” al lavado de dinero, necesario para Suiza, cuya definición obliga a que exista un “crimen” precedente. Tal vez lo sea el “fraude fiscal”, esto es las facturas “truchas” en curso de esclarecimiento, o los sobreprecios en la obra pública, que podrían traducirse en el delito de defraudación a la administración del Estado, delito que al esgrimirse oportunamente terminó de convencer a Suiza en 2013, para que finalmente entregara a la Argentina la cuenta del expresidente Carlos Menem en la UBS de Ginebra, tras 14 años de desencuentros con la Justicia Federal de Buenos Aires. ( Foto: a la extrema derecha, Néstor Marcelo Ramos. A su derecha, Juan Pedro Damiani-Foto Blog Gasparini).