La crisis llama a la crisis. ADN
La crisis económica parece ser un llamador de otras. Esta semana fue de alto impacto, y habrá que seguir de cerca su desarrollo. La investigación por la desaparición de un policía en Bariloche se centró en la responsabilidad aparente de otros integrantes de la fuerza de seguridad. Y una denuncia por presuntas irregularidades en la pauta de la publicidad oficial puede provocar un allanamiento a la Casa de Gobierno los próximos días.
El caso del joven Lucas Muñoz tuvo su pico máximo cuando detuvieron en Catriel a un policía en el marco de la causa que investiga su desaparición. La orden fue del fiscal Martín Govetto. Previamente, en una causa conexa, otro fiscal, Guillermo Lista, imputó a cinco agentes de la fuerza por haber alterado pruebas en el allanamiento a la casa de Muñoz en medio de su búsqueda. Como corolario, el Jefe Mario Altuna, pasó a disponibilidad a tres Comisarios.
Muñoz, desapareció en Bariloche el 14 de julio. Su familia comenzó un solitario pero permanente peregrinaje en búsqueda y reclamó por su aparición. Con el paso del tiempo comenzaron a sospechar –y denunciar- que sus camaradas no estaban poniendo todo el esfuerzo necesario.
La sociedad barilochense se sumó al reclamo de la familia, y la Policía quedó en el centro de la escena. Ahora, la Justicia investiga. ¿Lucas habrá visto algo inconveniente?. Es una de las líneas de investigación. El Fiscal no descarta ninguna hipótesis.
Para el Gobierno no es una buena noticia el rumbo que va tomando el caso. La posibilidad que haya policías involucrados en la desaparición de un compañero y asociados a actividades delictivas es una mala señal para el conjunto de la sociedad que tiene, entre sus máximas preocupaciones, la inseguridad. ¿Qué garantías tiene un ciudadano con agentes de la fuerza bajo sospecha?.
Hace unas semanas, el Jefe Altuna reunió a la cúpula y pidió compromiso para erradicar las “malas costumbres”. Desplazaron a varios Comisarios y readecuaron las normas internas para que, entre otras cosas, en las Comisarías no circule más dinero en efectivo.
El objetivo de erradicar la corrupción y depurar la fuerza es complejo. La cadena de mando lo sabe, pero asumieron el riesgo. “El primer convencido es el Gobernador”, repiten en la Jefatura.
Esta semana, Alberto Weretilneck ratificó ese rumbo y destacó la colaboración de la Policía con la Justicia en la investigación del caso Muñoz. Pero el tema genera dolores de cabeza.
Otra preocupación para Weretilneck es la denuncia contra su secretario de Medios, Guillermo Campetti, por la adjudicación de pauta oficial al grupo Antaxus por 100, 200 y hasta 400 mil pesos, sin que la publicidad gubernamental haya sido emitida como corresponde y de acuerdo al contrato.
El funcionario asegura que todo fue de acuerdo a la ley, y ofreció aportar pruebas a la Justicia. En ese ámbito la jurisprudencia no es favorable. Por ahora todos los casos vinculados a la publicidad oficial han sido condenados. Un ex integrante del Superior Tribunal de Justicia le dijo a ADN que es “muy complejo” para los denunciados cuando no está debidamente certificada su emisión. Y según el denunciante (un ex empleado de la productora televisiva), la publicidad era “en espejo”. Ese espejo suponía una doble pauta: una para Viedma y otra para Bariloche. El problema es que en el canal barilochense donde debía emitirse, había quedado fuera del aire.
La denuncia impacta aún más por el marco nacional. Hoy abundan las denuncias del actual gobierno sobre supuestos casos de corrupción y malversación de fondos públicos. Y uno de los rubros es la pauta oficial.
Al Gobernador no le gusta que su gestión quede asociada a estos casos. Y cada vez que hubo algún tema de esas características en los medios de comunicación, los presuntos involucrados fueron separados de sus cargos o reubicados. El último fue el jefe de compras de la Provincia, Gabriel Vouillat.
Estos temas quedan al desnudo en medio de la crisis económica. La semana que comienza es clave para destrabar fondos nacionales. Río Negro confía en que habrá un desembolso correspondiente al 3% del 15 que Nación devolverá a las provincias por la retención de ANSES.
El acuerdo fue suscripto hace varios meses pero el dinero nunca ingresó a las arcas provinciales. El primer pago estaba previsto para junio. El retraso provocó que el Gobierno salga a vender Letras del Tesoro y pedir autorización al Parlamento para girar en descubierto.
Fue tal el desequilibrio, que se retrasó el cronograma de pagos de sueldos y aguinaldos. Sin esa ayuda, podría haber más inconvenientes. Weretilneck viaja a Buenos Aires. Se reunirá junto a sus pares de todo el país con el ministro Rogelio Frigerio, quien prometió avanzar en un acuerdo federal.
Por ahora, ninguna de las promesas del macrismo ha llegado a concretarse. Incluso, la relación con la Casa Rosada y la Patagonia es pésima. Los sondeos de opinión así lo demuestran. En ninguno de los distritos del sur, el presidente Mauricio Macri supera el 30% de imagen positiva, pero sí el 40 de negativa.
Buenos Aires no logra controlar la inflación. Eso lleva a los gremios de todo el país a reclamar aumentos salariales. El viernes, UnTER y Educación reabrieron la paritaria docente, pero el Gobierno se negó avanzar en mejoras. Hay pronóstico de conflicto.
El nuevo escenario nacional obliga a los gremios a reoganizarse. La oficialista Mesa Sindical va perdiendo terreno. El fracaso de sus representantes al frente de la Secretaría de Trabajo y la pérdida de poder permanente de Rubén López, uno de sus máximos referentes, hace crecer la posibilidad de reunificación de la CGT.
El primer paso se dará en Bariloche. Allí se conformará la CGT Andina. Y convocará a un plenario conjunto con UnTER, ATE y otros sindicatos.
La crisis trajo una propuesta de acuerdo social. El diputado Martín Doñate (FpV) asegura que es tiempo de sentar a la misma mesa a todos los actores políticos, sociales y económicos para acordar políticas públicas y defender los intereses de los rionegrinos frente a los embates nacionales. La idea le viene como añillo al dedo al Gobierno. El ministro de Gobierno Luis Di Giácomo es el vocero a favor del pacto social, que incluiría una reforma constitucional.
La estrategia de Doñate es que se expresen las bases. Ya salieron concejales y Unidades Básicas. Ahora será el turno de la Iglesia, organizaciones de base y sindicatos. Por último, dirigentes, legisladores, diputados y senadores.
Otros partidos adherirán. Algunos, como el Frente Progresista, ya lo hizo. La incógnita es el PRO. En estas horas, su diputado, Sergio Wisky, emitió un confuso comunicado. Toma la propuesta de Doñate de una forma extraña. Se alegra que el diputado quiera ser parte de un diálogo porque eso viene impulsando Cambiemos. Pero pifia el sentido. Doñate está lejos de los deseos de Wisky. Tanto, que el acuerdo propone hacer frente a las políticas que emana el gobierno de Macri y que afectan a Río Negro.
El Gobierno confía en que ese llamado al diálogo oxigene la política. Está buscando tiempo. Hoy, la crisis económica y la posibilidad de conflictos gremiales mantiene la idea en suspenso. Mientras tanto busca aliados. Ya los tiene. Incluso en el FpV más allá de Doñate.
Por ahora trabaja para neutralizar conflictos. Por eso espera que los aportes nacionales prometidos comiencen a llegar. Weretilneck sabe que mientras se normalice la economía irán desinflándose. Sin embargo, mira preocupado el escenario nacional. A cada paso que da por la provincia recoge críticas a Mauricio Macri. Por ahora él sale indemne, pero…hasta cuándo?.