Descontrol policial. ADN

No es cierto que la seguridad sea un tema sin matriz ideológica. Quienes lo postulan, intentan quitarle responsabilidad política a los gobiernos. Por el contrario, es el tipo de conducción lo que determina el rumbo, la eficiencia y la eficacia. Sin embargo, en Argentina, los partidos políticos fueron diluyendo los debates sobre seguridad pública y le fueron cediendo el autocontrol a la Policía, porque el tema quema y «no garpa». Esa actitud descomprometida, y a veces cómplice, fue degradando el sistema.

Río Negro no es una isla. A todas las gestiones les ha costado -con matices- asumir la conducción política de la fuerza de seguridad como pilar de una fuerte decisión de combatir el delito. No hay posibilidad de encarar una política de seguridad sin control de la Policía. Cierto es que el delito no es unicausal, pero si de base las instituciones del Estado no dan respuesta, el tema adquiere una complejidad mayúscula.

La muestra es cruda: la mayoría de los sucesos delictivos con más repercusión social, tuvieron (al menos) a un integrante de la fuerza comprometido. Asesinatos, asaltos comando, tráfico de drogas, apremios y hasta la quema del edificio del Poder Judicial. No todos los policías están involucrados en ilícitos, sería una injusticia decir lo contrario. Pero sí se puede determinar un rasgo y un perfil. ¿Por qué existen miles de casos en el mundo de abusos a menores por parte de curas?. Si fuesen casos aislado el Papa no hubiese realizado un mea culpa institucional. La Iglesia pidió perdón. ¿Son todos los curas abusadores? No. ¿Hay una matriz que desentrañar?. Sí. ¿Todos los militares son genocidas?. No. Tampoco son pocos los integrantes de las Fuerzas Armadas quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado más cruento de la historia del país.

El criminólogo Marcelo Saín, fundador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, apunta: «Durante muchos años, y quizás como una herencia del pasado autoritario, la seguridad pública fue vinculada al sistema policial y, en su marco, se interpretó que eran las instituciones policiales las principales instancias encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional del sistema democrático. Tal visión, sumada a la recurrente falta de orientación general y a la ausencia de políticas institucionales de carácter integral en materia de seguridad ciudadana, permitieron que el aparato policial fuera adquiriendo amplios márgenes de corporativización y autonomía respecto de los órganos de gobierno».

La coyuntura duele. El viernes sepultaron los restos del joven policía Lucas Muñoz, quien desapareció el 16 de julio y fue encontrado muerto el miércoles. La Justicia imputó y detuvo a otros integrantes de la fuerza por el caso. El Gobierno separó de sus funciones a quienes tenían responsabilidad de mando.

El caso vuelve a poner la lupa sobre el descontrol. La falta de control sobre la Policía es generalizado. No sólo el Ejecutivo tiene falencias, sino también el resto de los Poderes. La parsimonia judicial en el esclarecimiento de hechos como la desaparición de Daniel Solano, y la mirada lejana del Parlamento que no aporta herramientas, también atenta contra el control. Quizás, la muestra más cabal de hacia dónde conduce el descontrol esté en la provincia de Buenos Aires.

Muñoz apareció con cuatro dedos de su mano cortados, un tiro en el pié y otro en la cabeza. Una escena de libro de Mario Puzo, autor de «El Padrino». Un cuerpo, un mensaje. «Si no hay cuerpo no hay delito» reza la máxima penal. Pero sí hubo.

Las hipótesis son infinitas. Una de ellas, alentada por la defensa de la familia Muñoz, es que Lucas vio algo o estuvo en el lugar menos indicado en un momento equivocado. No quiso ser parte de algún ilícito. Ergo, lo mataron. Un ex policía razonó: «si ese era el móvil… por qué aparece el cuerpo?. Si fue un testigo involuntario, sus propias circunstancias no hubiesen permitido que su cadáver apareciera». El joven oficial cumplía servicio en la comisaría 42, en cuya jurisdicción se produjo la muerte de Micaela Bravo, y vaya paradoja ambos cuerpos asesinados fueron encontrados en la misma zona de la circunvalación barilochense, a una distancia de 700 metros uno de otro.

Entonces, cuál fue el propósito para que el cuerpo sin vida de Lucas sea descubierto semanas después de su desaparición justo un día en que el gobernador Alberto Weretilneck estaba en Bariloche?.

La investigación será esclarecedora: debe determinar el día de la muerte y las circunstancias. Ya hay un dato: Lucas fue torturado.

El Gobierno mantuvo un hermético silencio durante las primeras 24 horas. Después, atinó a emitir un comunicado donde asume «consternación» por lo sucedido y ofrece condolencias a la familia Muñoz. También, en el mismo parte, respalda al ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan y al Jefe de la Policía, Mario Altuna. Además, siempre en el mismo escrito, asegura que habrá modificaciones en la fuerza. Y que entre los buenos policías y el Gobierno, la institución va a afrontar el momento y van a salir adelante. Todo eso, junto.

Fue indisimulable el impacto en el Gobierno.

La oposición pidió el esclarecimiento del asesinato. Hubieron posturas diferentes: la UCR reclamó justicia pero exhortó a no politizar el caso. El FpV volvió a actuar en segmentos. Mientras unos pedían la creación de una Comisión legislativa, otros pedían la renuncia de Pérez Esteban y Altuna.

Al Jefe se lo escuchó poco mientras duró la búsqueda de Muñoz. Altuna es nuevo en el cargo. Viene de Bariloche, era el abogado de la Policía. Su llegada al Gobierno generó mucha polémica en la ciudadanía lacustre. Incluso, varias organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos le pidieron a Weretilneck revisar esa designación. Lucas prestaba servicios en esa ciudad.

La tarea del Jefe -ratificado en su cargo- no es poca. La de la Justicia tampoco. ¿Por qué al libro de la Comisaría donde trabajaba Muñoz le faltan las hojas de registro el día que desaparece?. La familia asegura que Lucas fue visto por última vez antes de ingresar a trabajar, al bajar del colectivo, hablando con una persona que conducía un Chevrolet Corsa gris. ¿Subió a ese auto?. ¿Llegó a la Comisaría?.

El caso tiene una fuerte repercusión nacional, pero un impacto aún no dimensionado en la provincia. Quizás, sea un momento donde las cosas salgan del cauce habitual, donde el Gobierno no actúe como suelen hacer los gobiernos, y que el Poder Judicial y los legisladores tampoco lo hagan.

¿Se podrá debatir sobre una policía democrática sujeta al poder político? ¿Amanecerá un tiempo donde surja una política de seguridad ciudadana alejada de la estricta mirada policial?.

En estos días surgió otra duda. El año que viene se instrumentará el nuevo Código Procesal Penal que, entre otras cosas, prevé la creación de una policía científica. ¿Se hará con componentes de la fuerza actual? ¿Es viable?. Sólo preguntas.