Defensores del Pueblo piden audiencias públicas para tratar los tarifazos

«Reafirmamos la necesidad de la realización de las audiencias públicas, donde el Gobierno nacional detalle el cuadro de situación energético actual, la propuesta de inversión y desarrollo como política de Estado de cara al futuro, la definición de las tarifas, la definición de la tarifa social ampliada, incluso con la posibilidad del acceso automático a la misma, la consideración de las economías regionales, la situación de las PyMEs, generadorás del 70% del empleo en la Argentina, la progresividad y la razonabilidad en los aumentos», sostienen los Defensores del Pueblo de la República Argentina, que se reunieron en Corrientes para analizar la situación planteada en toda la Argentina con las tarifas de gas, agua y electricidad.

Argumentaron que «la aplicación del nuevo cuadro tarifario adoleció y adolece de deficiencias en cuanto a lo normativo y en cuanto al reconocimiento de realidades regionales y sociales» y agrega que «las medidas judiciales han sido la respuesta desde distintos sectores a la aplicación de los aumentos, sin cumplir con obligaciones básicas como por ejemplo la realización de las Audiencias Publicas previstas en la legislación vigente».

«Como Defensores del Pueblo de la Argentina -se expresa- habremos de participar en las audiencias fijando no solo una postura común, sino también detallando las situaciones propias con las características de cada una de las provincias y municipios».

Recuerdan que «hemos decidido la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como amicus curiae para expresar en ese ámbito también las posturas que venimos sosteniendo. Allí nuestro aporte es el de acercar la realidad inmediata de los vecinos, de los comercios, de las PyMEs y de propuestas que permitan hacer razonable, progresivo equilibrado y con responsabilidad social los aumentos que se definan».

«El Estado tiene un rol central en la producción y administración de la energía, pero también y fundamentalmente, en la protección de los sectores más vulnerados. El Estado es el ordenador social por naturaleza y ese es el rol que debe cumplir con mayor responsabilidad en esta etapa.
Hoy hay incertidumbre, desorden y falta de certeza sobre lo que cada vecino debe hacer frente a los aumentos», prosiguen.

Agregan que «los Defensores del Pueblo de la Republica Argentina tenemos la obligación de transmitir certeza, equilibrio y responsabilidad en nuestro accionar, pero fundamentalmente un absoluto compromiso social.Y eso es lo que estamos haciendo», a la vez que destacan que «vemos con absoluta preocupación la postura de algunas empresas energéticas que amenazan con cortes de servicios, amparados en la falta de aumentos por las medidas judiciales que hicieron lugar a medidas cautelares. No solo rechazamos esas expresiones, sino que las consideramos una amenaza sobre los usuarios que desconoce que los servicios de energía constituyen derechos humanos básicos, y que su corte por parte de las empresas será denunciado por las Defensorias ante la justicia».

Finalizan asimismo que «los aumentos tarifarios están en el debate de toda la sociedad. Lo que se necesita es precisión, claridad, certeza y responsabilidad social en su aplicación».