Deudas de género en la reforma política nacional: Lecciones desde Río Negro
(Por Lucía Gadano y Mariana Rulli*).- La desigualdad en la participación de las mujeres de los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y en las instituciones de la sociedad civil –sindicatos, colegios profesionales, universidades, cámaras empresariales, clubes- es una de las deudas aún pendientes de la democracia.
Los techos y obstáculos existentes en los recorridos de las mujeres imposibilitan forjar una agenda feminista y transformadora que constituya el marco para la implementación de políticas públicas que desafíen y ataquen a las desigualdades existentes. Tener voz y voto en los espacios de decisión ha contribuido, como lo demuestra el desarrollo legislativo en Argentina en los últimos 25 años, a avanzar en el combate de las desigualdades e injusticias a las que las mujeres estamos expuestas, especialmente en contextos de crisis financiera y económica.
Si bien en 2015 se alcanzó un récord histórico de 27 mujeres líderes en el mundo ocupando los cargos más importantes de sus países, la participación política de las mujeres aún está lejos de alcanzar la igualdad. Nuestro país ocupa el puesto 22 entre 145 países en el ranking de Empoderamiento Político del Foro Económico Mundial (2015), el puesto 24 en proporción de mujeres en el Parlamento y el 51 en mujeres en cargos ministeriales. Mientras que acaba de dejar una mujer el puesto de Presidente, por primera vez 5 mujeres son gobernadoras provinciales: María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego). Actualmente, en el gabinete nacional Macri designó solo tres ministras: Susana Malcorra (Relaciones Exteriores), Patricia Bullrich (Seguridad) y Carolina Stanley (Desarrollo social), que junto a Gabriela Michetti en la vicepresidencia suman un total de solo 4 mujeres en los altos mandos de aproximadamente 20 cargos disponibles.
En el Congreso Nacional, nuestro país fue el primero en el mundo en implementar la Ley de Cupo Femenino en 1991, y ha implicado un impacto positivo en el aumento de la participación de las mujeres, aunque insuficiente. En la Cámara de Diputados, la presencia de mujeres se incrementó del 5% al 14% en las elecciones de 1993, alcanzando el 30% en 2001 y el 34% en las elecciones de 2015. En Senadores, el impacto fue aún mayor: del 5% de las bancas pasó a 37% en la primer elección directa en 2001 y, actualmente el 40% de los escaños están ocupados por mujeres. Entre 2008 y 2009 se llegó a un 40% en Diputados pero desde 2010 este porcentaje ha ido disminuyendo.
Actualmente el 35% de los bancas están ocupadas por mujeres. Y a más de 25 años de la ley, aún existen partidos políticos o alianzas electorales que la incumplen, la mayoría de las listas legislativas continúan encabezadas por varones, las mujeres no ocupan cargos de poder en las comisiones más relevantes del congreso y tampoco se ha alcanzado la paridad. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) identificó que en las últimas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un 10% de las 234 listas que se presentaron a nivel nacional en todo el país no cumplió con lo establecido en la ley de cupo.
Esto significa, entre otras cosas, que el cupo femenino ha implicado avances sustantivos pero ha funcionado como un “techo de cristal” y no como un piso mínimo. Sin embargo, hay que destacar que el aumento de la participación de las mujeres garantizada por el cupo, ha permitido además disminuir las brechas de la desigualdad en la participación política, a incorporar en la agenda pública y política demandas largamente invisibilizadas, postergadas, o subestimadas por las agendas “duras” de desarrollo económico dominadas por los varones.
Actualmente, en el Congreso de la Nación se está debatiendo asuntos de coyuntura urgentes como el régimen tarifario de los servicios públicos, y otros necesarios y postergados como el proyecto de reforma electoral enviado por el poder ejecutivo nacional. Esta iniciativa no es exclusiva del gobierno de Cambiemos, sino que en el Congreso casi todos los bloques políticos han presentado diversas propuestas que apuntan a garantizar el derecho a elegir y a ser elegido en un marco de transparencia y equidad. Las últimas modificaciones fueron sancionadas en el 2010 con la introducción de las PASO para los cargos nacionales, la asignación y distribución de la pauta publicitaria electoral en período de campaña para todos los partidos políticos participantes (ley 26571), y el reconocimiento del derecho al sufragio a los argentinos de 16 años en las elecciones nacionales (ley 26774). El pasado 23 de junio se presentó el proyecto oficial de reforma política, el cual se basa, entre otros, en los siguientes puntos: el reemplazo de la tradicional boleta de papel por el sistema del voto electrónico; la eliminación de colectoras y candidaturas múltiples; la introducción del debate presidencial obligatorio; y la modificación a las PASO.
Fuera de libreto, y de la agenda impulsada por el gobierno, un grupo amplio de diputadas del oficialismo y de la oposición se unió para impulsar la inclusión en la reforma electoral de la paridad de género en las listas electorales. Esto es, llevar el cupo al 50% (como en nuestra provincia) y así lograr la representación igualitaria entre varones y mujeres en el Congreso. Esta iniciativa, cristaliza positivamente el carácter transversal de las cuestiones de género y es un buen auspicio para este nuevo período legislativo, pues deja entrever la posibilidad que a partir de un apoyo multipartidario, ingresen al recinto otros temas pendientes como la discusión por una nueva ley de licencias de maternidad, paternidad y familiares, por ejemplo. Por el otro lado, deja traslucir que estos temas no son asunto prioritario de los varones y que la agenda de la igualdad es predominantemente impulsada por mujeres.
El caso de la provincia de Río Negro no es la excepción. Actualmente, el gobernador y el vice son varones y nunca una mujer ha ocupado esos cargos. El gabinete provincial sólo cuenta con dos mujeres ministras: Mónica Silva (Educación) y Silvia Arrieta (Turismo). De los 39 municipios solo 4 están gobernados por mujeres. En la Legislatura provincial de 45 legisladores, 20 son mujeres. Esto es así porque la legislación provincial sobre el cupo femenino establece que las listas de candidatos a legisladores deben respetar la participación equivalente de género. Sin embargo, es necesario echar luz sobre el nivel de incidencia de las mismas. Si bien cuantitativamente la participación es (casi) equitativa y la ley provincial establece la equidad en la conformación de las listas, cualitativamente aún resta mucho por recorrer. Ya que, por ejemplo, las autoridades de las comisiones legislativas siguen estando ocupadas predominantemente por varones y los cargos ejecutivos provinciales y municipales lejos están de ser escenarios de igualdad.
Garantizar la igualdad de género en la efectiva participación política –no sólo en las legislaturas- es necesaria porque, en primer lugar, las mujeres somos más del 50% de la población y, consecuentemente, tenemos derecho a igual participación y representación de nuestras demandas e intereses; en segundo lugar, porque la incorporación de las mujeres en las instituciones legislativas ha permitido que se sancionen leyes sobre salud sexual y reproductiva, violencia, parto humanizado, lactancia, acoso sexual y algunas han quedado en el tintero como el aborto legal y reformas a las licencias por maternidad y paternidad, por mencionar solo algunas. En tercer lugar, porque la igualdad en la participación política es especialmente relevante en el contexto actual de crisis financiera global, ya que las crisis y las medidas de austeridad y de consolidación fiscal que los gobiernos suelen implementar como respuesta a estas, afectan profunda y desproporcionadamente a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres, exacerbando las desigualdades sociales y de género estructurales preexistentes.
Es decir, los tiempos de crisis son particularmente gravosos para las mujeres, pues el efecto acumulativo de la discriminación y la pobreza recae principalmente sobre sus hombros. La prevalencia de mujeres empleadas en el sector informal, su desigual carga de trabajo doméstico, supapel preponderante en el cuidado de los/as hijos/as y de los miembros enfermos/as y ancianos/as de la familia, su limitado acceso a la tierra, la propiedad y la seguridad social, el desigual acceso a la justicia, su importante papel en el abastecimiento de agua y alimentos para sus familias, y su lugar en la agricultura de subsistencia, son todos factores que hacen a las mujeres más vulnerables frente a las dificultades económicas asociadas a la deuda y a la austeridad.
La ausencia o baja presencia de mujeres en los espacios de poder es reflejo, no de la falta de mérito, ni de idoneidad o de interés de género hacia los asuntos públicos, sino que esa ausencia es consecuencia de una historia de desigualdades que obstaculiza el pleno desarrollo profesional, político y laboral de la mujer. Por eso, es necesario combatir esta desigualdad desde todos los ámbitos, propiciando las medidas necesarias para que desde el Estado se garantice la democratización de las relaciones de género y no se reproduzcan las lógicas de exclusión.
El consenso alcanzado los últimos días en el Congreso Nacional por las mujeres de todo el arco político constituye una ventana de oportunidad para debatir e introducir reformas que aborden de manera profunda la problemática de género y las desigualdades de participación. Las perspectivas de la economía mundial y las reformas estructurales y medidas de austeridad en la que se han embarcado muchos países (el gobierno de Macri, no es la excepción y ya ha implementado políticas de austeridad, consolidación fiscal y endeudamiento) nos obliga a pensar en estrategias eficaces para enfrentar un panorama aún más sombrío en términos de desigualdades de género. Para forjar una verdadera agenda feminista y transformadora es necesario asegurar prioritariamente la participación efectiva e igualitaria de las mujeres en la vida pública.
*Emergentes Feministas. CIEDIS-UNRN