Coparticipación: dignidad o dependencia ● Magdalena Odarda
La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que tiene nuestro país es la 23548, y señala que “La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse…”
A su vez, agrega que “el 54,66% de lo recaudado corresponde a las provincias y se distribuye entre éstas de acuerdo a lo normado en el art. 4 de la misma. Pero además, estipula en el artículo 7 que este monto a distribuir nunca puede ser inferior al 34% del total de la recaudación de tributos nacionales del Gobierno Nacional, tengan o no el carácter de coparticipables por esa ley”.
Las sucesivas reformas en la distribución de recursos entre la Nación y las Provincias, desde 1992, fueron perjudicando la situación financiera y económica de las provincias. Fue así que la masa coparticipable formada por todos los impuestos nacionales, fue reduciéndose en porcentaje a partir de 1992. Según algunos analistas, ya en 2008 a las provincias llegaba solo un 25,54%.-
En 2007 la recaudación total nacional de ingresos ascendió a 199.780 millones de pesos –considerando las contribuciones de seguridad social–, de los cuales se coparticipó a las provincias sólo el 27,37 por ciento de la recaudación. Ya aquí es posible observar una importante disminución respecto a 10 años antes, cuando la coparticipación ascendió a 43.12%. Esto demuestra la magnitud de la pérdida de recursos que afrontan las provincias, recursos con los que tendrían que contar para hacer frente a sus gastos.
La Nación está distribuyendo mucho menos de lo que debe, y aun menos del 34% que es el piso mínimo que fija la ley, lo cual conduce a las provincias a crisis financieras que obliga a pedir ayuda al gobierno nacional, generando mayor dependencia, centralismo y subordinación.
Esto es lo que a todas luces se ve en la economía rionegrina. Mientras se observa que descienden los montos de coparticipación que pertenecen a Rio Negro, aumentan los aportes especiales de Nación en forma extraordinaria.
Tal es así que la coparticipación actual equivale a un 41 por ciento de los ingresos totales de Río Negro frente al 44 por ciento y 51 por ciento del 2010 y 2011, respectivamente.
El ajuste en los trabajadores públicos (no renovación de contrato, ley de disponibilidad que afecta a más de 20.000 familias que perdieron el derecho a la estabilidad en el empleo público), demora en pagos de proveedores, aumento de impuestos provinciales, municipalización de la educación y la salud, entre otras medidas, bien podrían evitarse obteniendo los recursos que nos corresponden por propio derecho.
El gobierno nacional registra una recaudación impositiva extraordinaria e histórica, que según los medios de comunicación, ascendió a más de 61 millones solo en mayo de este año. Sin embargo, este incremento no se ha visto reflejado en las arcas provinciales. Por el contrario, los ingresos fueron descendiendo.
Para mas, las provincias siguen aportando el 15% de la masa coparticipable primaria, desde 1992, por el cual se autoriza al Gobierno nacional a retener ese porcentaje para financiar al ANSES. Esta quita ya no corresponde, por lo tanto los gobiernos provinciales deben demandar en forma urgente, el cese de las deducciones de ese 15% y el pago de los conceptos adeudados en todos estos años.
El entonces gobernador de Santa Fé, Hermes Binner, durante el 2010 reclamó ante Corte Suprema de Justicia de la Nación que se suspenda la detracción de 15% de la masa coparticipable que la Nación le aplica a la provincia. En un mismo sentido lo hizo San Luis. En el periodo 2003- 2007 Santa Fe perdió $ 4.079 millones. Solo en el 2007 la pérdida de coparticipación fue de 1.229 millones de pesos, equivalente al 10 por ciento de su presupuesto anual.
En el caso de Córdoba, el gobierno hizo una presentación judicial por el cumplimiento del Convenio 80/09 de armonización, firmado con la Anses, en diciembre de 2009.
Disponía la armonización de las normas previsionales provinciales con las nacionales, y establecía que la Nación debía cumplir con el financiamiento de la Caja, acuerdos fijados en los pactos fiscales o compromisos federales subscriptos por los gobernadores y la Nación.
Esta actitud debe ser imitada por el gobierno de Rio Negro. Además debe transparentarse la deuda que tiene nación con la provincia, pues es un derecho del gobierno percibir este monto y una obligación reclamarlo, con el fin de sostener la economía y generar mejores condiciones, en lugar de aumentar impuestos que deterioran la ya alicaída economía de muchos rionegrinos.
Algunos cálculos no oficiales, sugieren que la deuda de la Nación con Río Negro en el 2006 ascendía a 1800 millones anuales. Si sumamos lo devengado desde ese año a la fecha, los montos serían alarmantes.
Resulta una obligación de este Gobierno recuperar, vía gestiones administrativas o judiciales, todos esos recursos para todo aquello que espera por concretarse: la falta de viviendas para miles de rionegrinos, la reactivación de los ferrocarriles y los aeropuertos provinciales, la ayuda a productores en crisis, la apertura y sostenimiento de escuelas rurales, el mejoramiento de hospitales, entre otros.
El federalismo no debe ser solo una expresión de deseos; debe ser una política concreta de los gobiernos provinciales reclamando las acreencias y exigiendo que se termine definitivamente el centralismo del gobierno nacional. Solo de esta manera será posible una salida de las crisis con dignidad, que permita sostener las escuelas y hospitales y garantizar los derechos que cada ciudadano tiene.
Magdalena Odarda
Legisladora provincial bloque progresista CC-ARI Río Negro
Título original: Coparticipación: dignidad o dependencia. Río Negro debe reclamar sus propios recursos a Nación.